La Fundación de Santamarca y San Ramón y San Antonio (Fusara) dejó en julio en el chasis su patrimonio después de vender 14 edificios de su propiedad en el centro de Madrid en los que viven casi dos centenares de personas. Sin embargo, la entidad vinculada a la Iglesia no informó al órgano que controla las fundaciones en la Comunidad de Madrid de la operación y se saltó así uno de los pasos legales imprescindibles para completar la venta, según ha podido confirmar eldiario.es.
Esta es una de las irregularidades que mantiene el proceso en suspenso en el registro de la propiedad. Los compradores no han podido poner a su nombre cinco de los inmuebles porque la entidad no hizo constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes.
Después de la advertencia del registrador, Fusara tampoco ha subsanado la situación: diez días después, el órgano de control sigue sin tener noticias del adelgazamiento de patrimonio. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales confirmaron a este medio la semana pasada de que el proceso se había subsanado y se había dado autorización para publicarlo en el Registro de Fundaciones. Pero en el sistema interno no hay rastro de ello de ninguna solicitud. Sin este trámite la operación no podrá completarse. De momento todo está en el aire.
En cualquier caso, si Fusara rectifica finalmente y registra la liquidación de los edificios, la inscripción en el Registro de Fundaciones no es automática. Fuentes del servicio aseguran que entre la solicitud y la inscripción pasan más de tres meses porque llevan “mucho retraso”. La fundación tiene solo 60 días para arreglar las irregularidades. La única vía para cumplir con los plazos legales es que los trámites se hagan por la vía de urgencia. Una vía que debe ser autorizada por la Comunidad de Madrid y reunir unos requisitos. eldiario.es se ha puesto en contacto Fusara sin obtener respuesta.
Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron. La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, no asistieron pero delegaron su voto. De manera que, a efectos, se posicionaron a favor. Ambos confirman que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando, aunque no estaban presentes.
La Delegación del Gobierno aseguró en un primer momento a eldiario.es que no se había delegado el voto pero unos días después asegura que sí se hizo. El exedil de Ahora Madrid tampoco quiso confirmar que se había votado en su nombre con su autorización.
La venta ha colocado a la delegación del Gobierno en una posición incómoda. Tanto, que ha elevado a la Abogacía del Estado una consulta sobre si “es obligatorio que la delegada esté en fundaciones como esta”. Fuentes de la Delegación del Gobierno sostienen que esperan el pronunciamiento de la Abogacía sobre este asunto y no aclaran si los abogados entrarán a valorar la legalidad de la venta o no.
En una postura similar está el Arzobispado de Madrid, que se desentiende de la operación después de la dimisión de su delegado en el patronato, David López Royo, mientras esperan sin hacer valoraciones que se esclarezcan los puntos negros de la operación con cierto temor a que se constaten irregularidades.
Fuentes oficiales de la Diócesis aseguran que la renuncia –formalizada el 15 de octubre– “no tiene nada que ver con la operación de Fusara” y que ya se había comunicado al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, antes de verano. Sin embargo, la filtración se ha producido ahora, meses después y en plena crisis. “Es una fundación civil. En el patronato está el Arzobispado pero no solo. Hay otros patrones”, justifican.
En torno a la operación todavía hay muchos interrogantes. 180 inquilinos han quedado a merced de la voluntad de las empresas compradoras. Solo tienen el compromiso de mantener los contratos vigentes, pero no de renovarlos. De manera que el futuro de todos los vecinos es incierto, ahora o dentro de unos años. Tres de ellos ya han recibido el aviso de que tendrán que marcharse en noviembre sin posibilidad de negociar una subida de precio en la renta.
Cada edificio ha sido comprado por una sociedad distinta, 14 en total: Prozarmo Partners S.L, Alprozam Premium S.L, Pirosca Market S.L, Neoxata Trade S.L, Canderax Corporate SLU, Gaspatax District SLU, Balancho Market SLU... Todas se crearon en apenas unos meses y con un capital de 3.010 euros, cada una. Además, nacieron con la misma administradora única, María Elena García Pastrana, que desapareció de los documentos unos días después y fue sustituida por otra persona: Roberto de Juan González, según consta en el Registro Mercantil.
La madeja de sociedades cuelga de una matriz: Tapiamar Partners, SL. Y al final de la línea de puntos aparece una empresa catalana dedicada a la “constitución y venta de sociedades limitadas urgentes”. Así se anuncia en Internet: “Ofrecemos la disponibilidad inmediata de sociedades listas para empezar la actividad en menos de 24 horas. Confidencialidad de los socios”.