La Fiscalía ha presentado nueve denuncias por el supuesto abandono de ancianos fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de pandemia de coronavirus. El Ministerio Público madrileño ha decidido judicializar estos casos después de que más de un centenar de familiares acudieran a exigir responsabilidades por la negativa de los responsables sanitarios a derivar a sus mayores a un hospital cuando enfermaron. En las últimas semanas, al menos dos juzgados de la región han archivado denuncias por casos similares en residencias de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.
Los familiares de ancianos fallecidos en las residencias llevan varios años denunciando en los juzgados que sus mayores murieron durante la pandemia en centros geriátricos sin que los facultativos ordenaran su derivación a los hospitales de la región, donde entienden que habrían tenido más posibilidades de superar la infección del coronavirus. El núcleo de sus denuncias centra su objetivo en los protocolos bautizados como 'de la vergüenza' que, según denuncian, impidió que recibieran un mejor tratamiento.
Varias decenas de juzgados de toda la región han investigado casos concretos y han llamado a declarar tanto a geriatras de esas residencias como a familiares de los fallecidos y a responsables políticos sanitarios del momento como el exconsejero Alberto Reyero o Carlos Mur. Tal y como ha revelado elDiario.es, al menos dos juzgados han archivado recientemente sus investigaciones amparando la actuación de los médicos en el desastre sanitario del momento y, en uno de los casos, entre críticas a los protocolos de no derivación.
Más de un centenar de familiares decidieron recientemente acudir a la Fiscalía de Madrid. Un total de 109 personas reclamando que el fallecimiento de 115 ancianos en residencias fueran investigados por la vía penal. El departamento que dirige Almudena Lastra, según ha informado este lunes, ha decidido judicializar nueve de ellos. La mayor parte de estas investigaciones estudian posibles delitos de omisión del deber de socorro y también homicidio imprudente.
La Fiscalía madrileña explica en su comunicado que los juzgados madrileños han archivado hasta 54 procesos sobre muertes en residencia desde finales de 2022 aunque 13 de esos archivos están pendientes de recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid. Además de las nueve denuncias nuevas presentadas por la Fiscalía, el Ministerio Público ha comprobado que algunos de los casos incluidos en ese centenar de nuevas comparecencias ya estaban siendo analizados por distintos juzgados. Las nuevas denuncias han sido presentadas en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, entre otras localidades.
La oposición lleva meses reprochando a Ayuso y su Gobierno la gestión que hicieron de las residencias y apuntando a los protocolos de no derivación como los responsables de las muertes de miles de ancianos, un debate reavivado por la reciente emisión del documental “7.291” en Televisión Española. La presidenta madrileña ha llegado a anunciar una querella contra Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, por hablar de personas “asesinadas”, declaraciones de las que posteriormente se ha retractado.