El Gobierno de Móstoles en el aire, con la alcaldesa y sus concejales imputados

El Gobierno municipal de Móstoles se tambalea. Ciudadanos ha decidido “liderar e impulsar” una moción de censura contra el actual equipo socialista que encabeza Noelia Posse. El portavoz de Ciudadanos, José Antonio Luelmo, ha anunciado que el partido local iniciará una ronda de contactos al considerar que la situación en la que se encuentran el Ayuntamiento es “insostenible e intolerable”. “Nos vemos en la obligación de tomar esta decisión por responsabilidad, para que los mostoleños recuperen la estabilidad, abriendo el diálogo entre las formaciones que garantice un Gobierno a la altura de las necesidades de Móstoles”, ha declarado este viernes.

El motivo de la moción viene derivado de la situación procesal en la que se encuentra la alcaldesa y el resto de los miembros que componían la Junta de Gobierno local después de que la juez de Instrucción número 1 de Móstoles los haya citado como investigados por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación en relación a la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

Actualmente, el Gobierno municipal tiene 12 concejales, 10 del PSOE y 2 de Podemos, por lo que para que salga adelante la moción se necesitarán al resto de ediles, los 3 de Cs, más los 6 del PP, 2 de Más Madrid Ganar Móstoles, 2 de Vox y de los concejales no adscritos, en este caso son dos que se escindieron de Ciudadanos.

En la providencia, fechada a 29 de noviembre, la instructora acuerda citar a los investigados los próximos días 16 y el 28 de febrero. Primero lo hará el teniente de alcalde, David Muñoz; la concejala de Empleo; Rebeca Prieto; el concejal de Cultura, Alejandro Martín; y la edil de Urbanismo María Luisa Ruíz.

El próximo 28 de febrero desfilarán ante el juez la concejala de Igualdad María Dolores Triviño, la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides y la concejala de Educación Natividad Gómez. Todos, a excepción de uno de ellos, continúan formando parte del Gobierno local.

Las citaciones se producen después de que el pasado 18 de noviembre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, declarase como investigada en la causa, una acusación que entonces atribuyó a “una querella política”, manifestado estar “muy tranquila” y mostrando su confianza en la Justicia.

También fueron citados como investigados el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines, sobre quien en su declaración la alcaldesa “descargó la responsabilidad” manifestado que se trataba de una iniciativa del concejal y que la urgencia también la tramitó el edil, según señalaron a Europa Press fuentes de la acusación.

La querella, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), y admitida a trámite en abril, se sustenta en que se “perdonó” el cobro de deuda pública a una empresa que no habría satisfecho las tasas que suponen la utilización de suelo público para desarrollar su actividad en la localidad.

El portavoz de Ciudadanos cree que todos estos hechos “son suficientemente graves” como para que la alcaldesa ya hubiesen dimitido, por lo que ha vuelto a exigir al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, “que ponga fin a la degradación de la imagen de este Ayuntamiento”. También se ha dirigido a Lobato, así como a la líder de Más Madrid, Mónica García, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), instándoles “a pronunciarse y de acabar con esta lamentable situación”.

Sin embargo, la regidora socialista se niega a dimitir. Posse aseguró ayer, jueves, que nadie va a dimitir porque sus acciones “se ajustan a derecho y a la legalidad”. En una entrevista en la Cadena Ser, admitía que no ha hablado con el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, por su baja de paternidad pero que está “en contacto permanente con el partido”.

No obstante, el PSOE-M ha recibido ya la documentación de los concejales actuales del Ayuntamiento afectados y citados como investigados por la presunta comisión de un delito de malversación y otro continuado de prevaricación y ha anunciado que harán un seguimiento de la evolución procesal y lo pondrán en conocimiento de la Comisión de Ética.

“En estos momentos, no hay ninguna apertura de juicio oral abierto contra los y las concejales. Una vez que los afectados acudan a declarar el próximo mes de febrero, el juez determinará archivar el caso o realizar nuevas actuaciones”, ha señalado en un comunicado la secretaria de organización del PSOE-M, Marta Bernardo. Según añaden, el partido actuará “de manera clara, contundente y con el máximo rigor, en el caso que se produzca algunas de las circunstancias en las que dicho código establece que el partido debe actuar”.