El expediente del Ayuntamiento sobre el piso donde vive Ayuso prueba las obras ilegales de su pareja

Alberto González Amador ejecutó importantes demoliciones sin permiso del Ayuntamiento de Madrid en el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Así lo refleja el expediente abierto por el consistorio de la capital sobre las actuaciones en este inmueble, al que ha tenido acceso este periódico y que se inició en agosto de 2022 a raíz de una declaración responsable presentada por la pareja de Ayuso para ejecutar unas obras de reforma en el piso que acababa de adquirir en el céntrico barrio de Chamberí.

González Amador tramitó las obras en el inmueble solo unas semanas después de su adquisición, que tuvo lugar en julio de 2022, después de su fraude a Hacienda. El 4 de agosto pidió permiso para iniciar obras, que fueron rechazadas al día siguiente por un funcionario municipal, y a mediados de octubre reconoció en otro escrito presentado ante el Ayuntamiento de Madrid haber ejecutado varias demoliciones de tabiques e instalaciones de lo que pretendía ser una reforma integral, según los datos del expediente a los que ha tenido acceso este periódico. Fue entonces cuando la pareja de Ayuso amplió el alcance de los trabajos y elevó su coste: de los 9.816,73 euros que declaró que iban a costar inicialmente a los 94.289,48 euros que acabó fijando como presupuesto, casi diez veces más. Los trabajos descritos incluían demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Ninguno de los trabajos comunicados por González Amador contaba con la licencia pertinente del Ayuntamiento de Madrid, que analizó la documentación presentada inicialmente con una inusual celeridad: al día siguiente de presentarla, el viernes 5 de agosto de 2022. Con fecha de ese día, un informe del arquitecto técnico del distrito asegura que la declaración responsable para las obras presentada un día antes es “ineficaz” y no puede llevarse a cabo. En esta respuesta, adelantada por Somos Madrid, se informa que una declaración responsable no se puede ampliar -como acabó haciendo el afectado en octubre- y que los trabajos descritos necesitan de una licencia ordinaria. También añade ese informe que es obligatorio contemplar la recogida de los residuos procedentes de la demolición, que habían sido omitidos.

Pese a la contundente respuesta municipal, ningún técnico del Ayuntamiento de Madrid visitó el inmueble donde se habían producido las obras para comprobar in situ si la reforma estaba ejecutada y si se adecuó a los permisos. Sí que respondieron en otoño a la ampliación de obras pedida en octubre: los funcionarios de la Junta de Chamberí, entidad encargada de toda la tramitación, resolvieron el día 2 de noviembre de 2022 que volvía a haber “inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial” en la documentación presentada y reclamaban a Alberto González el cese inmediato de la actuación. Además le recordaban que, de haberse producido obras, era obligatorio revertirlas y devolver el inmueble a su situación anterior a ellas. El informe lo validaba la coordinadora general de Chamberí, María Cristina Goncer, a través de una resolución en la que decreta la ineficacia de la declaración responsable.

Sin notificaciones oficiales hasta diciembre

Ninguno de los informes y resoluciones hasta ahora citados en esta cronología fueron comunicados oficialmente por el Ayuntamiento de Madrid a Alberto González Amador. Si se hizo, no constan en el expediente ninguna prueba de ello. Por razones que se desconocen, la primera notificación oficial del proceso llega el 14 de diciembre de 2022, cuando la coordinadora de Chamberí volvió a emitir una nueva resolución, idéntica a la anterior, en la que anulaba la declaración responsable. El representante de González Amador abrió esta comunicación el 22 de diciembre.

Para esa fecha, ya se habían producido varias actuaciones sin respaldo municipal: las demoliciones declaradas en octubre y también (en agosto) la inundación con aguas fecales de un restaurante, a consecuencia de la reforma del piso donde vive Ayuso, según informó El País. Además se había producido la solicitud de ocupación de vía pública por parte de una empresa de cristalería, que preveía subir con una grúa todo el material para la reforma del piso el 20 de diciembre, que luego retrasaba al 27 de ese mismo mes.

El 23 de diciembre un decreto del propio concejal de distrito, Javier Ramírez, prohibió esta última ocupación en vía pública, que incluía aparcar sobre cinco estacionamientos un camión de 26 toneladas para hacer la descarga. La notificación esta vez sí que fue comunicada de forma inmediata por la Junta de Chamberí y leída por el interesado esa misma jornada, justo antes de las fiestas de Navidad.

Pese a las notificaciones que llegaron casi a finales del año, las obras siguieron adelante según un informe pericial citado por El País, que constata que continuaron hasta al menos el 29 de diciembre de 2022 y ocasionaron una nueva inundación en el restaurante al que ya habían vertido aguas cuatro meses antes.

El piso comprado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que constituye su actual residencia, está tasado para subasta en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado es mayor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble, como informó elDiario.es, pesa una hipoteca por un valor muy inferior, de 500.000 euros, que está a nombre del empresario. La vivienda, construida en el año 1970, se compone de vestíbulo, distribuidor, despacho, cocina, aseo y dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio. También dispone de garaje.

Desde que elDiario.es desveló el fraude fiscal confeso de su pareja, la presidenta madrileña se ha negado a responder cómo se había financiado ese inmueble, uno de los dos que disfruta la pareja en el mismo edificio.

González Amador adquirió el primero de los pisos que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del inmueble. El administrador de esta empresa es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad, según ha podido saber elDiario.es. La mudanza de ambos a este edificio se anunció a los medios de comunicación en otoño de 2023. Ayuso llegó a declarar a distintos medios que estaba planificando la compra de la vivienda por los altos precios del alquiler en la capital.

Dos relevos municipales y una promesa de inspección

La presentación de una declaración responsable como la que hizo ante el Ayuntamiento Alberto González Amador es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión –en este caso la Junta de Chamberí– ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación. O niega la actuación, como ha ocurrido en este caso.

Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la citada María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde. Como el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es  subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.

El equipo del alcalde Almeida mantiene un cerrojazo informativo sobre el expediente abierto por las obras ilegales de Alberto González Amador. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante aseguró que no iba a ofrecer “datos particulares” sobre este caso. “Estaríamos vulnerando el principio de protección”, dijo, aunque también aseguró que “los servicios técnicos municipales harán el mismo trámite con la pareja de Ayuso que con cualquier otra persona”, algo que también defendió el actual concejal de Chamberí, Jaime González-Taboada, en uno de los últimos plenos del distrito: “Vamos a hacer la inspección”, aseguró en respuesta a preguntas de PSOE y Más Madrid.

La fecha en la que los funcionarios municipales visitarán el piso es todavía una incógnita. El consistorio indica que está en la lista de actuaciones desde que Más Madrid denunciara la ilegalidad de las obras, el pasado 20 de marzo. Tampoco consta que se haya iniciado ningún proceso sancionador, pese a que la infracción urbanística está documentada.

Denuncias de trato de favor

Este martes, después de la publicación de esta información, los partidos de la izquierda han cargado contra el equipo de Almeida por permitir unas obras ilegales “favoreciendo a un particular”, ha explicado la socialista Reyes Maroto en alusión a la información publicada por este periódico. Rita Maestre se ha pronunciado en términos aún más explícitos: “Hay una regla si eres de izquierdas y hay una regla distinta si eres del PP para la disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid”, ha llegado a afirmar. “Hay un trato de favor evidente, una dejación de funciones también evidente por parte de los distintos servicios del Ayuntamiento de Madrid”, añadía la portavoz municipal de Más Madrid.

El alcalde de Madrid ha evitado este martes dar una fecha para la inspección, aclarando que “tienen prioridad las inspecciones que afectan a la seguridad de los inmuebles”, ha dicho en declaraciones a los periodistas. “Todo el mundo puede comprobar fácilmente el tiempo que transcurre habitualmente desde que se produce una denuncia hasta que los inspectores giran visita en la Junta”, se ha justificado el alcalde.

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