El plan de Almeida para los pisos turísticos en Madrid: veto en edificios con vecinos, luz verde en los no residenciales

El Ayuntamiento de Madrid ha desvelado este jueves su herramienta para intentar ordenar la oferta de pisos turísticos en la capital, donde 15.000 de ellos operan actualmente sin licencia. La forma de hacerlo será a través del Plan Reside Madrid, del que se ha informado este jueves en Junta de Gobierno y que iniciará su tramitación en diciembre hasta quedar aprobado de forma definitiva, previsiblemente, en verano.

El plan se aplicará en dos zonas, de forma distinta. Por un lado en el centro histórico, delimitado por el ámbito AP001 y que abarca los distritos de Centro, Chamberí, Salamanca, Retiro y parte de Arganzuela y Moncloa. Y por el otro en el resto de la ciudad.

En la primera área las Viviendas de Uso Turístico (VUT) estarán totalmente prohibidas de forma dispersa, también en los locales y solo se permitirán en edificios completos, cuando no tengan carácter residencial (por ejemplo, en edificios de oficinas). Y habrá una pequeña puerta abierta a que “edificios catalogados en mal estado de conservación” puedan ser reformados para convertirse en VUT por tiempo limitado.

En concreto, estos últimos edificios residenciales podrán cambiar el uso a pisos turísticos durante 15 años siempre que necesiten una reforma y a través de una licencia directa ligada a la rehabilitación y restauración del edificio. Al final de ese periodo, deberá volver al uso residencial y abandonar para siempre el de alojaminto turístico. Este es uno de los puntos más polémicos del plan, ya que puede consolidar operaciones de fondos de inversión para comprar edificios con inquilinos y vaciarlos para destinarlos al turismo, como ya han denunciado los residentes en bloques de Lavapiés, Chamberí o también en Arganzuela.

Fuera del centro histórico, las VUT estarán prohibidas con carácter general en edificios residenciales, aunque habrá excepciones: se permitirán en bloques de viviendas solo cuando las viviendas tengan acceso independiente al portal de vecinos. Y en el caso de los locales siempre que no se encuentren en ejes comerciales importantes de los distritos como la calle General Ricardos o Marcelo Usera, ha puesto el alcalde como ejemplo.

La intención del Ayuntamiento es separar los usos turísticos de los residenciales y paliar el “problema gravísimo” existente en la ciudad, donde jóvenes y familias no pueden acceder en estos momentos a una vivienda, incluso teniendo capacidad económica para hacerlo, ha apuntado el alcalde Almeida.

En este sentido, el Ayuntamiento permitirá la transformación de 215 edificios dotacionales del centro histórico que actualmente se encuentran en manos privadas en viviendas de alquileres asequibles o en colivings, con objeto de aumentar la oferta residencial en Madrid.

También se permitirá convertir en viviendas edificios de carácter terciarios, a los que se ofrecerá incentimos como otorgar un incremento de la edificabilidad. En este caso no se exigirá que tengan precios asequibles.

Los partidos de la izquierda en el Ayuntamiento han criticado duramente el anuncio de este plan, que de momento no se ha plasmado en ningún documento oficial. “Es una carta blanca a la especulación, a que los precios de la vivienda se sigan disparando aún más para los vecinos y a cargarse la vida de los barrios de Madrid”, asegura Rita Maestre. Para el PSOE, el planeamiento de Almeida va a servir para “expulsar a vecinos de del barrio. Nos preocupa muchísimo que esto sea una treta más del Partido Popular para aparentar que hacen algo pero realmente solamente reordenan y favorecer a determinados especuladores”.

Multas a partir de 30.000 euros

El Ayuntamiento de Madrid asegura que a fecha de octubre operan en Madrid 16.100 pisos turísticos, de los que solo el 7 % son legales (1.131) y seguirán manteniendo su licencia con el nuevo plan. Para que una VUT pueda operar en Madrid necesita la licencia de actividad del Ayuntamiento.

Actualmente, la concesión de nuevos permisos está detenida hasta que se apruebe de forma definitiva la normativa anunciada hoy por el alcalde. Pero la moratoria y las multas no parecen estar intimidando a parte de los propietarios que están poniendo en alquiler pisos turísticos sin licencia: desde el mes de abril hay un millar de anuncios de apartamentos más en Airbnb, pese a que su número no puede haber aumentado legalmente.

El Gobierno de Almeida ha intentado amedrentar a los propietarios de VUT ilegales especialmente desde el mes de abril, cuando anunció la suspensión de licencias y sanciones a partir de 30.001 euros para intentar desincentivar su apertura. Entonces calculaba que había en más de 12.000 inmuebles en situación irregular, que han agravado el problema de vivienda existente en la capital. Antes se imponían sanciones de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.