El Ayuntamiento de Madrid no renovará la cesión del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) a la asociación que lleva cuatro años haciéndolo funcionar de manera autogestionada en un ala del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. Sigue así su guerra abierta contra espacios vecinales que desde el PP califican como “chiringuitos de Carmena”.
Así lo ha comunicado, sin posibilidad de negociación, la Junta Municipal del distrito de Arganzuela a sus representantes, notificándoles que, como máximo, el 8 de febrero del próximo año deberán abandonar los cerca de 1.000 metros cuadrados en los que han desarrollado más de 400 actividades gratuitas, con una participación de más de 20.000 personas.
EVA fue la primera cesión de espacio público a un proyecto vecinal que se ejecutó en Madrid bajo el marco que aprobó el gobierno de Manuela Carmena para entregar lugares en desuso a entidades ciudadanas, y que exigía concurrir a un concurso de méritos abierto a quienes quisieran obtenerlas, con el fin de evitar la arbitrariedad en este tipo de adjudicaciones. Su propuesta resultó la vencedora de las nueve que concurrieron.
La Junta Municipal de Arganzuela no ha querido entrar a valorar lo que ha supuesto para el vecindario y para la ciudad de Madrid los cuatro años de actividades de EVA de cara a la posibilidad de renovar la cesión a los actuales gestores y ha anunciado a través de la prensa que piensa establecer en ese espacio una base de Samur-Protección Civil, unos planes que para los responsables de EVA suenan a excusa, dado que, según indican, esa base sería totalmente compatible con la continuidad del proyecto y de la cesión, habiendo espacio en el Mercado de Legazpi para ambos
El colectivo que gestiona EVA tuvo que forzar la reunión con la Junta de Arganzuela que dirige Cayetana Hernández de la Riva, en la que finalmente les fueron desveladas las intenciones municipales. Más de mes y medio tardaron en cerrar una cita que era clave por la cercanía del final de la cesión.
“Cuando logramos que nos recibieran, no hubo opción de presentar ni de negociar nada”, cuenta Ángel Lomas, uno de los portavoces de EVA, para quien esta decisión municipal es consecuente con la política que el gobierno de Almeida está llevando a cabo de desmantelamiento de cualquier espacio vecinal de encuentro, debate y construcción que se desarrolle en un edificio o en un solar municipal.
A Lomas, la sentencia al proyecto EVA no le ha sorprendido -“Lo esperábamos, aunque había gente que pensaba que habría posibilidad de negociación”- pero sí le duele: “Durante cuatro años hemos funcionado de manera ejemplar, guiados por asambleas abiertas de vecinos, sin ningún problema, incidente ni conflicto, sin quejas vecinales. Todo el mundo que ha pasado por EVA se ha quedado sorprendido de lo amigable del espacio y de lo fácil que era hacer cosas aquí y del espíritu de colaboración que había entre la gente. Hemos construido mucho para el barrio y para la ciudad, con actividades gratuitas, abiertas e inclusivas, por las que nadie ha cobrado, y siendo capaces de autofinanciarnos, puesto que en todo este tiempo sólo hemos recibido del Ayuntamiento dos ayudas económicas que no han llegado ni para cubrir lo gastado en los recibos de luz de un año. El cálculo que tenemos es que la inversión de EVA en el mantenimiento y sostenibilidad del espacio, sin contar las miles de horas de coste humano de trabajo invertidas, es de más del doble del dinero público recibido”.
Un apunte más, en el EVA también tiene su sede la despensa de alimentos y el banco de ropa de Arganzuela, que atiende a cientos de personas afectadas por la crisis social provocada por la pandemia.
Con la soga al cuello, el EVA prepara acciones de denuncia y movilizaciones de protesta. Quiere denunciar la sistemática eliminación de cualquier proyecto de autogestión vecinal que está ejecutando Almeida. En este sentido, el próximo cuatro de enero, la Red de Espacios de Madrid Autogestionados (REMA), formada por 22 de ellos, ha convocado un acto público de debate en el Teatro del Barrio, donde se abordará “el acoso a centros sociales y espacios autogestionados”, que afirman que está ocurriendo y “que pone en cuestión cualquier intervención directa de la ciudadanía en la gestión de los espacios urbanos, incluso en aquellos casos en los que la gestión ciudadana había sido acordada con la administración”.
Guerra abierta contra el movimiento vecinal y los “chiringuitos de Carmena”
En 2021 finalizan las primeras cesiones de espacios públicos en desuso realizadas a proyectos vecinales en 2017 por el Ayuntamiento de Madrid y nada hace pensar que vayan a correr mejor suerte que el EVA. Almeida siempre encontrará necesidades urgentes que le den pie a revocar cesiones o a recuperar los espacios ya sea para reubicar funcionarios, construir centros de salud, crear bases del Samur o cualquier otra cosa que se tercie.
El Centro Social Autogestionado Playa Gata, en Fuencarral-El Pardo, y la Casa de Cultura de Chamberí (ambas cedidas en abril de 2017) deben estar viendolas barbas de su vecino cortar con preocupación. Pueden ser los próximos en ver revocadas sus cesiones, al igual que otros espacios similares en distritos como Ciudad Lineal, Barajas, Puente de Vallecas, San Blas y Villaverde.
A la Casa del Cura, en Malasaña, ni tan sólo se le había cumplido el tiempo de cesión municipal cuando desde la Junta Municipal de Centro intentó revocar una cesión que, por el momento, está paralizada por la Justicia.
Mientras que desde el EVA todavía estaban asimilando la decisión municipal de no renovarles la cesión del espacio en el Mercado de Legazpi, cuentas oficiales del PP en redes sociales, como el twitter de los populares de la Comunidad de Madrid lo celebraban sin cortarse ni un pelo: “Los chiringuitos de Carmena, @AlmeidaPP_ los convierte en servicios públicos”, publicaban.
Resulta difícil imaginar imparcialidad, para determinar si los proyectos a los que por sus beneficios para vecinos y entorno se les otorgaron en el pasado espacios públicos en los que desarrollarlos deben o no continuar, en un partido en el poder que habla así de las entidades vecinales, sospechosos habituales, cuando no cosas peores como “instituciones populares de resistencia”, en palabras, entre otros, del concejal de Centro, José Fernández.