La agricultura y la ganadería europeas se han lanzado a las carreteras y las ciudades, también en la Región de Murcia, para protestar por su situación y por las políticas de la Unión Europea (UE) aplicadas a este sector. Básicamente, estas manifestaciones van encaminadas a protestar por la excesiva burocracia, el bajo precio que los mercados establecen para sus productos, que ponen en riesgo la supervivencia de sus explotaciones y la existencia de una competencia desleal por parte de terceros países, especialmente de Marruecos, al no trabajar en igualdad de condiciones laborales y por el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Otras reivindicaciones de los sectores agrícola y ganadero son el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión, el alto precio de los combustibles o la protesta por la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. La situación del campo se ha agravado por la sequía que, a su vez, está siendo agudizada por el cambio climático.
Pero junto a estas justas peticiones, la ultraderecha, apoyados por un porcentaje de agricultores, van en contra de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030 es un plan de acción definido por la ONU, en la que se proponen 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, los objetivos relacionados con la agricultura y la ganadería persiguen asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos, permitir el acceso a tierras a pequeños productores, mantener la diversidad genética y asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Por su parte, el Pacto Verde Europeo pretende asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa para conseguir, al menos, un 55% de reducción de las emisiones netas de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050.
Sin embargo, la ultraderecha habla de “fanatismo climático” y de “restricciones medioambientales” por parte de la UE, pretendiendo que no haya ningún tipo de trabas para llevar a cabo las actividades agrícolas y ganaderas, aunque ello suponga el deterioro de los espacios naturales y la contaminación de las aguas y el aire. Cuando se habla de la actividad agrícola, se olvida a menudo que en nuestro país hay 4,5 millones de hectáreas de regadío, el 30% de los cuales son ilegales, y que esta modalidad consume el 85% del agua del estado español. Esta superficie ingente de regadíos agota los acuíferos, y destruye espacios naturales como Doñana, las Tablas de Daimiel o el Mar Menor. Además, la agroindustria, pues de eso se trata en la mayoría de los casos, tiende a cultivar especies de gran rendimiento económico, pero que desplazan a variedades autóctonas, con consecuencias indeseables como la contaminación de los suelos y los acuíferos por el uso masivo de pesticidas y fertilizantes sintéticos.
En cuanto a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que prevé destinar más de 7.200 millones de euros en ayudas a los agricultores y ganaderos españoles de aquí a 2027, éstos consideran que las nuevas condiciones para su cobro perjudican a sus explotaciones, sobre todo por requisitos como la instauración de los “eco-esquemas”, un sistema de incentivos para que las explotaciones agrícolas realicen prácticas medioambientales alineadas con los objetivos de la UE (llegando a ser tachado de “absurdo medioambientalismo”, según la patronal conservadora Asaja), o la condicionalidad social de las ayudas, de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, que estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales.
Frente al modelo productivo intensivo e insostenible que domina en Europa en general y en España en particular, con una agroindustria contaminante, se impone la aplicación de formas de cultivo y cría de ganado respetuosos con el medio ambiente, que no destruyan los espacios naturales ni esquilmen los recursos como el agua y la tierra, al tiempo que se consiga un sector primario que pueda vivir con dignidad para revitalizar el mundo rural. Sólo así se asegurará el futuro de estos sectores tan vitales para nuestra supervivencia.
La agricultura y la ganadería europeas se han lanzado a las carreteras y las ciudades, también en la Región de Murcia, para protestar por su situación y por las políticas de la Unión Europea (UE) aplicadas a este sector. Básicamente, estas manifestaciones van encaminadas a protestar por la excesiva burocracia, el bajo precio que los mercados establecen para sus productos, que ponen en riesgo la supervivencia de sus explotaciones y la existencia de una competencia desleal por parte de terceros países, especialmente de Marruecos, al no trabajar en igualdad de condiciones laborales y por el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Otras reivindicaciones de los sectores agrícola y ganadero son el fin de la especulación en la compra de tierra por parte de fondos de inversión, el alto precio de los combustibles o la protesta por la instalación de energías renovables en terrenos agrarios. La situación del campo se ha agravado por la sequía que, a su vez, está siendo agudizada por el cambio climático.
Pero junto a estas justas peticiones, la ultraderecha, apoyados por un porcentaje de agricultores, van en contra de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. La Agenda 2030 es un plan de acción definido por la ONU, en la que se proponen 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Concretamente, los objetivos relacionados con la agricultura y la ganadería persiguen asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos, permitir el acceso a tierras a pequeños productores, mantener la diversidad genética y asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios. Por su parte, el Pacto Verde Europeo pretende asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa para conseguir, al menos, un 55% de reducción de las emisiones netas de aquí a 2030 y la neutralidad climática en 2050.