El Auditorio El Batel ha resultado ser una gran obra pero por la que se pagó bastante más de lo que se dijo. De costar a los murcianos un total de 20 millones de euros ha pasado a suponer un gasto de más de sesenta millones de euros, triplicando el coste por el que se contrató y aprobó en el Ayuntamiento de Cartagena y la Asamblea Regional.
El grupo municipal Cartagena Sí se Puede ha transmitido a este medio las conclusiones de la comisión de investigación sobre el auditorio, coordinada por varios concejales del ayuntamiento de Cartagena. La comisión de investigación señala como responsables al arquitecto José Selgas, a Juan José Hernández director de la constructora UTE (filial de ACS e Intersa) y a los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, así como a la alcaldesa de entonces, Pilar Barreiro (PP)
Según esta conclusión, la obra fue contratada a un premio nacional de arquitectura, José Selgas, pero el cual no completó ni consumó la diligencia y lex artis propia de su profesión, pues, según CTSSP “tenía que haber previsto que la especial ubicación iba a ser origen de los sobrecostes que finalmente se produjeron”.
La solución, con una filtración que parece importante, en un ambiente marino agresivo, y con unos requisitos de estanqueidad muy exigentes, al ser el espacio sumergido (el propio patio de butacas), parece más “precaria de lo que sería deseable”, según el grupo municipal. Además, el proyecto está aparentemente sobrevenido por una falta de previsión de algo que era evidente al construir bajo rasante junto al cantil del puerto.
“La ubicación formaba parte de un proyecto estratégico denominado Puerto-Ciudad; sin embargo parece que dicha decisión fue caprichosa por parte de los políticos gobernantes en ese momento”, determina CTSSP. Los dirigentes de Cartagena durante el anterior mandato tuvieron en cuenta las repercusiones económicas que supuso para las arcas municipales, gastando el dinero público sin contemplaciones ni medida “con el fin último de promocionar su figura política y a su partido”.
Independientemente de la legalidad o no de la contratación del auditorio El Batel, que está aún por dilucidar, el gobierno municipal del Partido Popular en aquellos años, formado por los concejales Gabriel Ruiz, Mª Ángeles Palacios, José Vicente Albaladejo y José Cabezos Navarro, y en última instancia la alcaldesa Pilar Barreiro, serían los responsables de un despilfarro bastante más evidente que el de Pedro Antonio Sánchez con el auditorio de Puerto Lumbreras, aunque el Batel presente unas condiciones definitivas mucho mejores.