Nueva concentración en Murcia para denunciar la sentencia de corrupción de menores: “¡Las niñas no se tocan!”

“¿Qué pasa con la ley en Murcia? ¿Y con los empresarios y los jueces?”, se ha preguntado en voz alta una de las manifestantes que ha acudido a una nueva concentración convocada este martes a las 20.00h por colectivos feministas frente al Palacio de Justicia de Murcia para denunciar la sentencia de la red de corrupción de menores por la cual se han librado de ir a prisión tanto los violadores de las adolescentes de 14 a 17 años, como las proxenetas que las buscaban en los colegios o discotecas light.

Ha pasado una década y la dilación indebida del caso ha rebajado las penas hasta en dos grados, lo que ha supuesto que la máxima condena para cada delito individual de estos siete empresarios condenados se encuentre por debajo de los siete meses de cárcel.

“¡Puteros a la cárcel!”, “¡Las niñas no se tocan!” y “¡Vergüenza!” han sido algunos de los lemas coreados por el más de centenar de personas reunido de nuevo en círculo frente a la Audiencia Provincial de Murcia.

La 'operación baúl' detuvo hace diez años hasta 29 hombres de entre 30 y 86 años. Finalmente, se ha condenado a siete de ellos “de forma independiente y no como una trama de proxenetas”, han denunciado durante la lectura del manifiesto. El domingo 6 de octubre a las 20.00h hay una nueva convocatoria de concentración frente al Palacio de Justicia murciano.

Frente a la CROEM

La concentración ha devenido en una manifestación por la arteria principal de la capital murciana, la Gran Vía, hasta terminar en la puerta de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) ante la mirada atónita de la Policía, quien ha empezado a pedir identificaciones entre los manifestantes. Allí se han leído en voz alta los nombres de los siete empresarios condenados al grito de “¡Guillotina!”.

La Fiscalía de la Región convocará en los primeros días de octubre una junta de fiscales en la que decidirán si solicitan el ingreso en prisión para “algunos o todos” los condenados por la red de pederastia infantil, antes de la vista de este juicio que tendrá lugar el 7 y 8 octubre, en la que se adoptará la resolución definitiva a este respecto.

En todo caso, la decisión que se adopte en dicha reunión de fiscales no es vinculante a la del juez, quien tendrá la última palabra sobre si los agresores y miembros de la red irán finalmente a la cárcel.

Por lo general se suelen valorar dos criterios a la hora de decidir si un condenado ingresa o no en prisión: por una parte, que el individuo esté reinsertado y, por otra, que los hechos sigan repercutiendo negativamente en la víctima.

“A corto plazo no tenemos grandes esperanzas porque sabemos que es una sentencia firme que no puede ser revertida, pero esperamos que en esa última vista se puedan ajusta alguna de esas penas observando lo que está pasando en la calle”, ha esgrimido Marta Latorre, portavoz del colectivo Fuste, mientras sostenía una de las pancartas.

“No se pueden seguir produciendo este tipo de sentencias”

“Nos parece también positivo que el fiscal superior de la Región de Murcia, [José Luis Díaz Manzanera], abriera el curso judicial con una alusión clarísima a este caso, con lo que no es solo el corto plazo, sino también es advertir sobre estos acuerdos de conformidad no se puedan seguir produciendo para este tipo de procesos, a que atenuantes como los de la dilación indebida no puedan ser aplicados en casos tan sensibles como los de explotación sexual”.

“La sentencia es manifiestamente injusta y la ciudadanía no la entiende. Es una llamada para que no se pueden seguir produciendo este tipo de sentencias”, ha concluido esta profesora de la Universidad de Murcia (UMU).

Ramona López, integrante del Fórum de Política Feminista de la Región, ha afirmado que “la sentencia es un disparate para la sociedad murciana. Estos hombres no pueden quedar en libertad pagando una multa de 500 ó 1.000 euros a las víctimas, unas pobres criaturas que no pueden ni salir a la calle, ni reconocerse a sí mismas. Las madres les tienen que ocultar que estos tíos salen en libertad. Entonces serán ellos mismos o otros como ellos los que seguirán prostituyendo a menores y violando”.

“Parece complicado cambiar el acuerdo de conformidad al que se llegó, pero al menos existe la voluntad de la Fiscalía de hacerlo”.

La representación de estas menores, que no tenían acusación particular, dependía enteramente de la Fiscalía. “Nunca nos dijeron que teníamos que buscar un abogado”, ha dicho a este periódico Juana (nombre ficticio), madre de una de las víctimas. Según la madre, la joven desconoce todavía que se ha llegado a un acuerdo de conformidad y su contenido. No sabe que sus violadores no irán a prisión: “No quiero que se entere. Me costó mucho que se levantara y que saliera a la calle. Si ella tuviera que revivir todo esto, se hundiría”.

“Es un chollo, irán a la calle y no les pasará nada”

Juana ha denunciado que la impunidad del caso animará a otros explotadores de menores a continuar con su actividad: “Han visto que es un chollo unirse a un empresario, que irán a la calle y no les pasará nada. Seguro que han seguido actuando y van a actuar otra vez”. La mujer insiste en que “va a haber más víctimas”. “No le deseo esto a ninguna madre”.

En este caso de la red de explotación a menores se aplicó el atenuante de dilación indebida muy cualificada, lo que hizo que penas que en principio oscilaban entre los 24 a 56 años de cárcel acabasen siendo de cinco meses a dos años.

El fiscal superior de la Región, José Luis Manzanera, manifestó en la apertura de curso judicial que el transcurso del tiempo no puede comportar la extinción, “ni siquiera en parte, de la culpabilidad, salvo que se dé la prescripción del delito. Ni las deficiencias organizativas ni el exceso de trabajo pueden justificar, frente al perjudicado o víctima, una dilación indebida”.

Al mismo tiempo, Manzanera denunció “una permanente falta de medios personales” en el órgano de justicia. Recordemos que de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, el tiempo medio de duración de procedimientos en la Audiencia Provincial de Murcia es de 5,7 meses, cuando la media nacional es de 2,8.

Para que se limitasen los pactos, el fiscal recuerda que sería necesaria “una reforma legal”: “Se hace necesaria una reforma de la ley 4/15, de 27 de abril, que regula el estatuto de la víctima del delito, para que proteja mejor a los más vulnerables, que limite en estos casos las conformidades y rebajas de penas, y que obligue a dar audiencia a las víctimas”. La Fiscalía General del Estado está preparando una circular sobre las víctimas “que seguro que ayudará a un mejor tratamiento de este tema”

Fuentes de la defensa del caso de las niñas traficadas en una red de menores han sostenido a este diario que “cuando se llega a un acuerdo con la fiscal se llega a un acuerdo en todos los términos, incluidos la suspensión”.