Colectivos sociales piden avances firmes en la reforma de la Renta de Inclusión
Pasos firmes y cumplir las medidas que están recogidas en el acuerdo programático del nuevo Gobierno Foral. Esta es la petición doble que integrantes de la Plataforma de la Renta Básica o Papeles y Derechos Denontzat exigen al nuevo Ejecutivo navarro. La comparecencia del vicepresidente y titular de Políticas Sociales, Miguel Laparra, ante el Parlamento foral para explicar los objetivos de su departamento, entre los que se incluye la prometida reforma de la Renta de Inclusión Social, que atiende a personas en situación desfavorecida, ha generado dudas entre estas entidades sobre los plazos en los que se llevará a cabo esta reforma. A este respecto, fuentes del departamento aseguran que no ha habido cambios y que la pretensión es realizar en los primeros seis meses del nuevo gobierno esa modificación y, a finales de la legislatura, revisar la modificación efectuada para confirmar si se ha logrado el objetivo.
Laparra compareció este pasado miércoles en comisión para adelantar las líneas de su departamento y, como piezas principales, destacó que pretende llevar a cabo una reforma del Servicio Navarro de Empleo y de la Renta de Inclusión Social. A este respecto, anunció que, de forma inmediata, se ampliará su presupuesto en otros 5,6 millones y, después, se pretenden tramitar otros 4. No obstante, la gran meta de fondo es lograr una RIS que perdure en el tiempo y que no se renueve constantemente, como ocurrió durante la pasada legislatura, un anuncio que ha generado dudas entre diversos colectivos sociales, que temen que la reforma no se lleve a cabo a corto plazo.
Desde la Plataforma de la Renta Básica, Ana Fernández, ha insistido en que la reforma que espera es la misma por la que se peleó al final de la pasada legislatura, y que fue apoyada por Geroa Bai, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra: “Una renta básica que llegue a personas sin recursos, que para acceder a ella baste un año de empadronamiento y que se puedan renovar las cuantías”. Es, asegura, el compromiso que está incluido, tal cual, en el programa del nuevo Ejecutivo. Y en este se apuesta por una RIS que sea inembargable, que no tenga límites en la concesión “mientras la necesidad persista” y que sus personas beneficiarias se mantengan “disponibles para el empleo”. Una de las pocas cuestiones que queda sin cerrar en ese texto es si las personas beneficiarias serían aquellas que ya hayan cumplido 18 años o bien desde los 25, algo que se deja “para debatir en el momento en que corresponda”.
Para aclarar estos planes, desde Martes al Sol ya se ha solicitado una reunión con Laparra, y el integrante de Papeles y Derechos Denontzat Javier Urroz insiste en que “estaremos muy vigilantes” para ver cómo se avanza en esa reforma de la RIS.
Renta garantizada, no renta universal
Esta confusión ha motivado que, un día después de la comparecencia de Laparra, hablara la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, quien ha confirmado el debate que hay dentro de las cuatro formaciones que apoyan el acuerdo programático del nuevo gobierno e, incluso, dentro de las propias coaliciones en torno a la RIS; por ello, insistió en que la reforma que se lleve a cabo tendrá que ser consensuada antes por las cuatro formaciones. No obstante, desde Geroa Bai, Koldo Martínez, ha aclarado que el objetivo es garantizar “unas condiciones de vida decentes para todas las personas”.
Fuentes del Departamento de Políticas Sociales han insistido en que el compromiso se mantiene tal cual, aunque han explicado que una renta básica universal no es lo mismo que una renta garantizada. La primera llegaría a toda la ciudadanía navarra, y ese no es el objetivo, mientras que la segunda se centraría en aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes. En cuanto a los plazos, aseguran que son los siguientes: primero, la reforma para ampliar la RIS dentro de los primeros seis meses de la legislatura y, después, al final de la misma, una revisión de esa modificación para comprobarla y consolidar el modelo.
