La Renta de Inclusión, la reforma que piden (y vigilan) los colectivos sociales
Una nueva reforma de la Renta de Inclusión Social, que vuelva al espíritu de la Renta Básica. Esa era la reivindicación de diversos colectivos sociales sobre esta prestación para personas en situación de necesidad y ese es el compromiso plasmado en el programa del nuevo Gobierno Foral. Incluso, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, aseguró tras su pleno de investidura que implantar nuevas medidas sociales supone uno de sus primeros objetivos. Pero ¿cuál es el modelo por el que apuesta el acuerdo firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra? ¿Qué novedades plantea y cómo las valoran las asociaciones?
Entidades como la Plataforma en Defensa de la Renta Básica en Navarra o la Red de Lucha contra la Pobreza se mostraron críticas con los cambios introducidos durante la pasada legislatura en esta materia. Primero, en 2012, cuando el cogobierno entre UPN y PSN acordó poner nuevos requisitos a esta prestación, como por ejemplo que las personas solicitantes estuvieran empadronadas en Navarra durante un mínimo de 24 meses. La oposición criticó entonces en el Parlamento que los cambios habían dejado fuera del sistema a entre 2.500 y 3.500 familias y recogieron las reivindicaciones de la Plataforma de la Renta Básica para plantear una nueva reforma. Esta, finalmente, se aprobó el pasado 26 de febrero, pero el PSN puso sobre la mesa y finalmente sacó adelante (sus votos eran decisivos para la aprobación) una vía intermedia, menos extendida que la que apoyaban grupos como Bildu, Aralar, Izquierda-Ezkerra o Geroa Bai, porque mantenía algunos de los requisitos, pero que también ampliaba las posibles personas beneficiarias. UPN alertó del elevado coste de este cambio y lo consideró “una chapuza”.
El debate, en cualquier caso, no estaba cerrado, e incluso trabajadores y trabajadoras sociales de Navarra, a través de un artículo de opinión, pidieron un debate sosegado sobre la RIS, alejado de los “vaivenes” del momento y del oportunismo político. Y el momento ha llegado ahora con el impulso del nuevo Gobierno Foral. El nuevo vicepresidente de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, el sociólogo y hasta ahora investigador de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Miguel Laparra, ya ha asegurado que espera que sus primeras decisiones sirvan para atender la situación de pobreza y exclusión severas y, en este sentido, ha adelantado que la última reforma de la RIS ya amplió el número de personas beneficiarias, pero que otras cuestiones habían quedado abiertas. Por ejemplo, la eliminación de un límite en la concesión de esta prestación y la necesidad de incentivar el retorno al mercado de trabajo.
El acuerdo programático incluye, entre otras cuestiones, impulsar en los seis primeros meses de la legislatura una Renta Básica (se deja atrás la denominación RIS) que sea universal, es decir que incluye a las personas en situación administrativa irregular, se mantiene un requisito de residencia en Navarra pero se limita a un año de empadronamiento, y se eliminan los límites de tiempo en la prestación. Falta por cerrarse la edad de inicio de la concesión, si será en los 18 o en los 25 años. Además, también se pide a las personas solicitantes y las beneficiarias el requisito de mantenerse activas para el empleo, “activando su búsqueda”, salvo cuando se trate de personas que, según los servicios sociales de base, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral o a un empleo protegido.
Un avance a vigilar
Y, por el momento, ¿cuál es la valoración de los colectivos sociales sobre estas líneas iniciales? Desde la Plataforma en Defensa de la Renta Básica de Navarra, Ana Fernández valora el cambio que se persigue, porque permitirá ampliar el número de personas beneficiarias, al mantener la prestación “mientras persista la necesidad” y porque, en definitiva, recoge muchas de las cuestiones que planteaba la entidad.
Por su parte, Lydia Almirantearena, de la Red de Lucha contra la Pobreza, también afirma que “volver a la Renta Básica es un buen objetivo; será un primer paso”, a pesar de que partidos como el PPN han hablado de que, con una medida de este tipo, se camina hacia un sistema asistencialista. Almirantearena, en cambio, insiste en que la situación actual en Navarra (un estudio de la UPNA cifró el número de personas afectadas por esta pobreza severa en 30.000) “es como para que se tomen medidas ya”.
El debate, en cualquier caso, no se ha acabado. Una de las cuestiones que generan discusión es el vínculo entre la prestación y la disposición al trabajo. La representante de la Red de Lucha contra la Pobreza defiende que son necesarias políticas tanto pasivas como activas, un sistema de acompañamiento y, además, que el Gobierno Foral trabaje por lograr no solo una creación de empleo, sino que este sea de calidad. Fernández, por su parte, tiene más dudas al vincular la prestación al empleo: “Ya veremos qué empleo se potencia. Sobre todo si no lo hay”. Con todo, ambas entidades coinciden al adelantar que se mantendrán “vigilantes” sobre el cumplimiento de esta promesa del nuevo Ejecutivo y, también, de su desarrollo normativo para conocer, más allá del gran objetivo, su letra pequeña.
