Se busca piso para refugiado
Al Defensor del Pueblo Vasco-Ararteko se le acumulan las quejas de diferentes colectivos y organizaciones sociales que le plantean las dificultades que sufren determinados colectivos para el acceso a una vivienda en el sector privado. Las quejas se refieren, especialmente, a las personas solicitantes de protección internacional y las personas a las que se les ha reconocido el estatuto de refugiadas, así como a otros colectivos pertenecientes a minorías étnicas y culturales, como musulmanes y las gitanos.
La imposibilidad de alquilar viviendas por parte de determinados colectivos, incluso a pesar de disponer de ingresos por trabajo o ser titulares de prestaciones económicas, es una realidad en Euskadi. “Hay que poner en marcha medidas específicas” para evitar esta discriminación, reclama el Ararko.
De momento, ha solicitado al Gobierno vasco que incorpore alguna disposición para castigar a los propietarios de viviendas libres en alquiler que discriminen a cualquier colectivo. “De manera paralela al desarrollo de la Ley de Vivienda, que establece obligaciones en materia de acceso a una vivienda de protección pública, o bien a una prestación económica, cabría por parte del Departamento de Vivienda diseñar medidas que hagan frente a la discriminación que sufren las personas pertenecientes a determinados colectivos para el alquiler de una vivienda”.
En 2017 la Red Eraberean, impulsada por el Gobierno vasco para luchar contra la discriminación de los colectivos migrantes, gitano y LGTBI, detectó 28 casos documentados de personas solicitantes de asilo que sufrieron discriminación en el acceso a la vivienda.
También la Federación Estatal de SOS Racismo, en el año 2015, realizó una encuesta titulado 'Puertas que se cierran', sobre el acceso a la vivienda de alquiler por parte de personas extranjeras. Según datos de la encuesta telefónica, se denegó acceso a la vivienda en alquiler por parte de las inmobiliarias al 69,8 % de las personas demandantes de vivienda de otras nacionalidades, frente a un 30,2 % de las personas autóctonas. La encuesta presencial reveló que se denegó al 86,7 % de los extranjeros.
En estos momentos, el mercado privado de vivienda es el principal proveedor de viviendas a la ciudadanía.
