Una Carta a la esperanza

Hace ya algunas décadas Luigi Ferrajoli, el gran jurista italiano, se refirió a los derechos y garantías como la ley del más débil. Nos hablaba, con lucidez, de la salvaguarda y protección efectiva de esos principios fundamentales. La pandemia ha expuesto, con dureza, los rostros humanos de esa debilidad y es ahora cuando los derechos sociales se alejan del ámbito de lo opcional para convertirse en una necesidad y una tarea común.

Vivimos un desafío global que nos exige ahondar en el bienestar de las personas, cerrando el paso a una involución política, que bebe de la frustración y del miedo, en su tentativa de corroer los fundamentos de lo colectivo, de lo que nos protege y ampara, que es también lo que nos hace iguales. Profundizamos, así, en el esfuerzo de varias generaciones por hacer de España un estado que dejara atrás, parafraseo al historiador Gerhard A. Ritter, la vieja legitimación del Estado, sustituyéndola por la legitimación del estado social.

No es posible, sin embargo, caminar en esta dirección con los utensilios exclusivos de los Estados nacionales. No es momento de estar solos. La envergadura de los retos que nos esperan y de los peligros que nos atenazan exigen, como nunca antes, caminar de la mano, romper los esquemas de un modelo autoritario, narcisista y poco amigo de la verdad, que, como acabamos de ver en las elecciones estadounidenses, ha dado un primer e importante paso en su descomposición.

El enorme esfuerzo de la UE para afrontar la crisis global que atravesamos es el ejemplo más poderoso de este caminar juntos. Las personas se han situado, esta vez, en la clave de bóveda del proyecto europeo. Y este ejercicio de solidaridad colectiva debe servir para renovar nuestro compromiso con los derechos sociales, precisamente ahora que tanto los necesitamos.

La otra Europa, la que conforma el Consejo de Europa, y en cuyo seno no solo se levanta el Convenio Europeo de Derechos Humanos sino también su hermana la Carta Social Europea aprobada en 1961 y revisada en 1996, esperaba nuestra respuesta, nuestro compromiso con ese texto y su puesta al día.

El Consejo de Ministros de este martes dará el primer paso para que nuestro país se integre plenamente en la Constitución Social de Europa. Se trata con ello de obligarnos a cumplir con derechos imprescindibles para nuestro bienestar y fundamentales para las personas trabajadoras de nuestro país: tutela en caso de despido; protección frente a la insolvencia del empleador; derecho a la dignidad en el trabajo; a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares; a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa o a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.

Pero no se trata únicamente del trabajo. La Carta Social revisada incorporará a nuestro ordenamiento el compromiso con otros dos derechos que, en este tiempo, se han revelado ineludibles: la protección contra la pobreza y la exclusión social; y el derecho a la vivienda.

La garantía internacional de estos derechos, las prerrogativas de los débiles como decíamos al inicio, supone la consolidación de nuestro Estado Social, poniendo fin a la autoexclusión de España del texto más importante de todos los que en Europa garantizan los derechos sociales.

En Otoño, la última novela de Ali Smith publicada en España, la escritora escocesa sitúa a su protagonista en una Inglaterra convulsa, y dice: “Es como si la democracia fuese una botella que alguien puede amenazar con romper para hacer daño con ella. Es una época en que las personas hablan sin que lo que dicen llegue a convertirse en diálogo”. La ratificación de la Carta Social camina en el sentido contrario y abre una puerta de esperanza al diálogo y a la solidaridad. Con la absoluta certeza de que la vida y la salud de nuestra ciudadanía exigen, a la par, fortalecer la salud de la democracia y las estrategias comunes que, globalmente, amplían y mejoran su práctica.

Ahora que España ratifica la Carta Social revisada, no solo estará incorporando un nuevo convenio europeo: estará mostrando ante la comunidad internacional, y ante la ciudadanía española de hoy y mañana, que los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder.