Descifrando el acuerdo de investidura

Julio se despide cargadito y le cede el paso a un agosto que se presenta interesante, por utilizar un adjetivo suave.

No creo exagerar si afirmo que el preacuerdo alcanzado entre PSC y ERC es de una gran trascendencia política. Si la militancia de ERC lo ratifica se abre la oportunidad de abrir una nueva etapa en Catalunya que permita comenzar -solo comenzar- a superar la experiencia traumática del “procés” y de su posterior resaca.

Pero como sucede con este tipo de acuerdos también abre controversias y puede ser el origen de viejos o nuevos conflictos en el conjunto de España.

Antes de hacerse público se han emitido opiniones diversas y generado muchos titulares, lo que puede entorpecer la interpretación de su alcance, en algunos casos difícil de descifrar. Por ello parece oportuno descodificar el contenido real y sus posibles consecuencias que, ya adelanto, en algunos aspectos me parecen muy abiertas a distintas interpretaciones. Nada que no sea habitual en los pactos complejos y difíciles.

Lo primero que cabría decir es que se trata de un acuerdo políticamente muy potente, que supera a un simple acuerdo de investidura para, en algunos aspectos, entrar en el terreno propio de un acuerdo de gobierno. ERC ha tenido especial interés en que aparezca explícitamente como una validación de las políticas públicas del gobierno Aragonés. Con la peculiaridad de que los republicanos ya han anunciado que pasan a la oposición y no formarán parte del futuro gobierno que debe aplicar las políticas que han contribuido a diseñar. Seguro que en el futuro este caso se estudia en las facultades de políticas.

El contenido es muy diverso y responde a diferentes lógicas. Me parece un poco atrevido otorgarle un calificativo global, como los que ya se han emitido. Conviene destacar que mientras algunos de los compromisos alcanzados dependen solo de los firmantes, porque limitan su ámbito a Catalunya. Otros, dependen en su desarrollo y aplicación de futuros acuerdos con el gobierno del estado. Y otros, muy especialmente el pacto fiscal, penden de decisiones y leyes orgánicas que requieren de amplios acuerdos con muchas otras fuerzas políticas de todo el estado.

El documento acordado comienza con un aspecto de gran simbolismo, la reivindicación del espacio común del catalanismo popular, que permite el reencuentro de los firmantes y de otras fuerzas políticas, como Catalunya en Comú y de una buena parte de organizaciones cívicas y sociales. Se trata de recuperar un proyecto de país que saltó por los aires con el procés y que los firmantes se comprometen a reconstruir. Estoy seguro de que Antoni Gutiérrez Díaz se sentiría complacido por el protagonismo de una formulación, la del catalanismo popular, que tanto le debe al Guti. 

En esta dirección destacan los compromisos en relación con el catalán como lengua propia y elemento nuclear de una ciudadanía cívica compartida. La lengua como espacio de encuentro, no de disputa. No me parece leer nada muy novedoso, salvo el compromiso de crear un departamento de política lingüística. Junto a ello aparecen compromisos muy acotados con relación a la proyección exterior de Catalunya que, en algunos aspectos, dependen en su concreción de acuerdos con el estado español. No podía faltar lo relativo a las selecciones deportivas catalanas, redactado en términos prudentes y posibilistas, lo que siempre es positivo, porque evita frustraciones posteriores.

Los dos bloques del acuerdo en que aparecen contenidos más disruptivos son el de la “resolución del conflicto político” y el de “un nuevo modelo de financiación singular”.

En relación con el conflicto político se ha optado por construir soluciones en vez de abundar en las divisiones. Su eje, la constitución de una “Convención Nacional para la resolución del conflicto político”, se sitúa en las antípodas del referéndum de autodeterminación en el que se insistía por el independentismo hasta hace dos días.

De abrirse paso, esta vía podría servir para intentar deshacer el inmenso entuerto democrático que supuso que el Constitucional dictará una sentencia después de que hubiera hablado el Parlament, el Congreso y finalmente la ciudadanía de Catalunya en referéndum. Podría ser una buena manera de devolverle la palabra a la ciudadanía, pero a partir de un acuerdo previo, no de un desacuerdo dicotómico. Pero no vayamos tan rápidos que para llegar a ese escenario falta mucho trecho.

Un aspecto que en Catalunya preocupa mucho se aborda con el compromiso de crear un consorcio mixto -Estado Generalitat- para gestionar las inversiones. Una opción imbuida de cierta lógica federal, tan necesaria en un país con una estructura territorial compleja y niveles importantes de descentralización política.

Con relación al pacto fiscal sugiero leer con calma, detalle y algo de prudencia sus contenidos. Sobre todo para entender que es lo que realmente se ha pactado y que son solo interpretaciones interesadas de su contenido. Que abundan, a babor y estribor. Sugiero eludir titulares fáciles porque su contenido es complejo, en algunos casos permite diversas interpretaciones y sobre todo está condicionado a su implementación que depende de los firmantes, pero no solo ni principalmente.

Aunque con prudencia me atrevo a afirmar que lo acordado, siendo importante y comportando cambios significativos, no supone ni la salida de Catalunya del régimen común ni comporta la ruptura de la igualdad y la solidaridad en la financiación autonómica. Puedo equivocarme, pero voy a intentar explicarme.

Como sucede en este tipo de acuerdos la redacción contiene muchos equilibrios y alguna obra de orfebrería política. La filosofía que los firmantes afirman sostiene el acuerdo se resume en esta idea “fijar como prioridad una hacienda catalana -que ya existe- compatible con el hecho de avanzar hacia un modelo tributario federal con una mayor capacidad normativa, de gestión, recaudación. liquidación e inspección” Intuyo que las palabras han sido elegidas con gran finezza.

Para desengranar de manera inteligible lo que se ha acordado creo que es oportuno diferenciar aquello que corresponde a la gestión tributaria, de la capacidad normativa y sobre todo de como quedan los flujos de recursos.

En materia de gestión tributaria el acuerdo es nítido, se encargará de manera progresiva a la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Sin duda esto tiene impacto significativo, sobre todo porque quién recauda y liquida tiene en su mano los flujos de tesorería, que no es poco. Y hacerlo, con los grandes tributos que ahora gestiona la AEAT es importante. Tanto, como complicado, por eso el acuerdo en el apartado de implementación apuesta por comenzar con el IRPF, apunta algo sobre IVA (Pymes) y IVA (arrendamientos turísticos) y el resto de impuesto, como sociedades, no aparece.

Sobre capacidad normativa más allá de la declaración genérica solo se acuerda un aumento sustancial de la capacidad normativa tributaria, añadiendo que lo será con coordinación con el estado y la Unión Europea. En “román paladino”, todo está por concretar y lo acordado no excluye que la mayor capacidad normativa vaya acompañada de criterios de armonización para evitar dumping fiscal que, de momento, Catalunya no practica y sí Madrid. En este sentido es significativo que en el apartado referido a políticas públicas se incluye el compromiso de mantener el impuesto de sucesiones y de patrimonio con los tipos actuales y no implementar propuestas de deflación del IRPF. Un compromiso claro contra el dumping fiscal que practican algunas autonomías y que, eso sí, supone la ruptura de la igualdad y el esfuerzo fiscal.

Sobre el aspecto fiscal más controvertido, el de los recursos que se quedan en Catalunya, yo no sé ver en el acuerdo -aunque no me atrevo a aseverarlo- que se haya pactado la obtención integra por parte de Catalunya de todos los ingresos tributarios, que es lo que caracteriza, además de otros factores, el concierto vasco y el convenio navarro.

Aunque de manera implícita, en el apartado 2B me parece que se descarta esta posibilidad. Cuando se habla de la aportación catalana a las finanzas del Estado se establecerá “a través de un porcentaje de participación en los tributos”.

Si lo interpreto bien, eso significa mantener el sistema actual, en que Catalunya y todas las CCAA reciben el 50% del IRPF y del IVA y del 58% de impuestos especiales de alcoholes, tabacos e hidrocarburos. No consta que exista el compromiso de ampliar estos porcentajes para Catalunya, lo que requeriría la reforma de la LOFCA por mayoría absoluta y además no podría ser con porcentajes diferenciados con el resto de CCAA, aspecto este que no superaría un control de constitucionalidad.

Esta es la gran diferencia con el Concierto vasco y cupo navarro, que sí tienen impactos importantes en términos de desigualdad. De manera que, mientras que en 2021 las CCAA de régimen común recibieron unos ingresos per cápita medios de 2.910€ la cuantía que reciben las Comunidades forales es muy superior. Por aportar un dato, Euskadi recibe unos recursos por habitante un 80% superiores a la media de las CCAA de régimen común y, como Navarra, no participa en los fondos de nivelación (solidaridad).

En cambio, el acuerdo adoptado supone un explícito compromiso con la solidaridad: “La Generalitat ha de contribuir a la solidaridad con otras CCAA a fin de que los servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan conseguir niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal similar ”. Para reafirmar que el acuerdo no se sale del régimen común se insiste en que “la solidaridad ha de estar limitada por el principio de ordinalidad”. O sea que no pase lo que le sucede ahora a Catalunya o al País Valencià y en términos opuestos a Cantabria, que entra en el sistema con el 105 sobre la media y sale con 123.

Por este y otros contenidos concretos del acuerdo me atrevo a afirmar que no hay ruptura del régimen común.

Quiere eso decir que el acuerdo no supone ningún cambio importante. En absoluto. Cuando se implemente, los flujos de tesorería en recaudación y liquidación no irán del estado a Catalunya, sino de Catalunya al estado. Y eso comporta un nivel de autonomía mayor, también de responsabilidad que es la otra cara de la misma moneda.

No me atrevo a hacer futurología, pero yo no descartaría que, como en otras ocasiones -todas- desde 1993, lo que ha comenzado como una reivindicación que emana desde Catalunya acabe siendo la base de una reforma del sistema de financiación actual, cuya vigencia terminó el 2013. En este sentido el compromiso de aumentar la equidad vertical -transferencias del estado a las CCAA- que contiene el acuerdo puede ser una pieza clave. Sin más recursos globales no hay mejor financiación ni buenos servicios públicos.

He intentado dirigir la mirada a lontananza al contenido de lo pactado, pero sin perder de vista que este preacuerdo es solo un set de un partido muy largo. Para que se haga realidad su contenido hacen falta muchas horas de juego político. De entrada, hay que superar el match ball de la consulta a la militancia de ERC.

Junts ya ha adelantado que va a hacer todo lo posible para evitar la investidura de Illa (la versión catalana de “el que pueda hacer, que haga”) Para conseguirlo hace días que Junts y la “galaxia Ítaca” han comenzado una ofensiva para la intimidación emocional de la militancia de ERC y su condicionamiento político. No deja de ser curioso que mientras Junts trabaja para reventar el acuerdo, desde la derecha española, con sus mensajes apocalípticos sobre lo pactado, pueden contribuir a que la militancia de ERC se decante por el SI. Nada nuevo bajo el sol.

Igual, antes de que este artículo vea la luz, Puigdemont ha hecho explotar su particular bomba atómica, presentándose en Catalunya, y contribuyendo con ello y sus posibles consecuencias a complicar aún más la consulta a la militancia de ERC.

Alguien pudiera pensar que algunos de los contenidos de este acuerdo nos van a llevar a nuevos charcos. No lo descarto, pero al menos tenemos la esperanza de que sirvan para pasar página y dejar de estar empantanados.