La quimera del referéndum de autodeterminación

No han pasado 24 horas desde el acuerdo sobre la reforma de la sedición y la malversación entre el Gobierno y ERC cuando esta ha resucitado su reivindicación política de mayor alcance – y del mundo independentista en general -: la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. 

No es fácil adivinar si este rápido movimiento es únicamente electoralista frente a PSC y Junts o si Esquerra de verdad piensa que la independencia de Cataluña es un horizonte creíble y posible a corto o medio plazo. 

Demandar un referéndum de autodeterminación de una parte del territorio en España – y en todos los países del mundo con sistemas políticos estables – es como plantear un cambio de régimen y, como tal, un acto revolucionario en su esencia. Es decir, algo imposible en un país democrático, más aún miembro de la Unión Europea. Un objetivo que es innegociable política y jurídicamente.

Pero lo anterior no significa que no tenga recorrido político. Es una pretensión a la que se agarran ERC y Junts como a un clavo ardiendo, manifestando así la confrontación que mantienen en una inútil exasperación del campo independentista.

Por su parte, en el ámbito nacional español, la reivindicación de un referéndum de autodeterminación nutre de apoyos radicales a los partidos de derecha y ultraderecha. La formulación que éstos hacen es muy simple: si se ha cedido por el gobierno en los indultos a los líderes del procés, en la sedición y en la malversación ¿por qué no se ha de ceder en el referéndum? 

Pero es que las reformas del Código Penal y un referéndum sobre Cataluña nada tienen que ver. Son de diferente naturaleza. Lo primero es una decisión lícita de carácter legislativo adoptada con arreglo a las normas constitucionales y las mayorías parlamentarias, de forma impecable jurídicamente y aunque pueda ser discutible políticamente. Lo segundo es una ruptura flagrante de la Constitución.

No es sólo que la independencia de Cataluña no tenga cabida en nuestro régimen político; es que la mera convocatoria de un referéndum de autodeterminación no es integrable en el sistema constitucional porque trasladaría la soberanía desde el pueblo español a una parte de él. Se desprende con toda contundencia del artículo 1º.2 de la Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

La soberanía – noción que surge en la segunda mitad del siglo XVI como respuesta a la crisis de las guerras de religión - tiene una finalidad unificadora de poderes dispersos. Es lo que da unidad al Estado, que en el siglo XX consolidó su naturaleza democrática, atribuyéndose la soberanía al pueblo definitivamente, y ya no el monarca. Así sucede en prácticamente todas las constituciones del mundo, por supuesto en las europeas escritas, garantizando la capacidad coactiva para mantener la integridad del atributo más decisivo del Estado: el territorio.

El Tribunal Constitucional ha expresado estas ideas en la sentencia de 17 de octubre de 2017, que establece con nitidez la relación íntima entre soberanía del pueblo español y unidad del Estado. Dicha sentencia declara inconstitucional y nula la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada “del referéndum de autodeterminación”.

Todo esto explica que a los partidos independentistas no les importe tanto el resultado de un hipotético referéndum como la realización del mismo. Porque su sola convocatoria constituiría una rotura del ordenamiento constitucional español. Las y los ciudadanos españoles dejarían de ostentar el poder soberano y con ello la capacidad de decisión en el escenario mundial y en el derecho internacional. El efecto debilitador en el seno de la Unión Europea sería inmediato. El Estado – lo público- vería mermada su fortaleza y legitimidad normativa y transformadora.

La soberanía política de España no está ni puede estar fragmentada. Ningún gobierno español admitirá un debate sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Cataluña o en cualquier otra parte del territorio español. Su unidad está asegurada por la Constitución y por el Código Penal a través del delito de rebelión, que existe sólo cuando una acción insurreccional pone en riesgo real -no ficticio- la integridad territorial del Estado. Algo que no sucedió, por cierto, en 2017 en Cataluña. No hubo riesgo de segregación de una parte del territorio español y por ello el Tribunal Supremo no apreció rebelión sino sedición, como delito contra el orden público (no contra la Constitución).

Así pues, como antes decía, en nada se parecen unas modificaciones del Código Penal que puedan contribuir a estabilizar la situación política en Cataluña tras los acontecimientos que llevaron a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y una pretendida convocatoria de un referéndum de autodeterminación que provocaría exactamente lo contrario, la división profunda de la sociedad catalana.

Desde sectores políticos, mediáticos o académicos se ha dicho que si se quiere convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña habría que reformar antes la Constitución para hacerlo posible. Discrepo. Esa no sería una reforma constitucional sino una ruptura de la Constitución. Lo mismo sucedería si se planteara la abolición de la monarquía parlamentaria, o de los derechos y libertades, o del sufragio universal, o de la separación de poderes. Se trata de principios constitucionales, cuya desaparición equivaldría a la crisis mortal de nuestro régimen político. No cabe “reforma” en esos principios. No es admisible un proceso de modificación de los principios constitucionales, porque son el alma de la Constitución.

En consecuencia, la posición de ERC, que debatirá en su próximo congreso, volviendo a un referéndum de autodeterminación no podrá tener otro efecto real que alimentar el debate político y mediático sobre la independencia de Cataluña, favoreciendo a unos – los partidos independentistas y los conservadores – y dificultando la tarea a otros – la izquierda –. Si esta quiere evadirse de tal presión bipolar, deberá desarrollar una firme estrategia que deje claro a la ciudadanía española que un referéndum de autodeterminación en Cataluña será un imposible, una quimera sin virtualidad alguna. Y que cualquier hipótesis sobre su posible existencia es una falacia y un modo de desinformación que sólo pretende engañar a la opinión pública.