Las trabajadoras sexuales en estado de alarma

La crisis del coronavirus ha sacado a la luz las desigualdades, las ha espoleado y, si no ponemos en marcha políticas más contundentes para impedirlo, las hará mucho más profundas. En medio de la incertidumbre que ha traído esta pandemia hay algunas cosas que se ven muy claras: quiénes tenían antes de ella derechos precarios y quiénes, incluso, simplemente no los tenían. Como de costumbre, vamos a tener que hablar de mujeres. Las trabajadoras del hogar han denunciado estos días la paradoja de que, habiendo sido declarado el suyo un trabajo esencial, sigan sin tener sus derechos laborales garantizados. Muchas de las cuidadoras que en nuestro país no tienen contrato han seguido trabajando y exponiéndose estos días. Todas ellas, invisibles para las instituciones, se pueden quedar de un día para el otro literalmente sin nada. Pero sin duda, las otras grandes olvidadas por nuestras leyes son las trabajadoras sexuales.

Un macroburdel de la Junquera, perfectamente reconocido por las instituciones que permiten su negocio, se ha acogido a la posibilidad habilitada por el Gobierno para hacer un ERTE a sus trabajadores. Son sesenta y nueve empleados que recibirán durante estos meses un subsidio del Estado. Entre ellos, ninguna mujer. Resulta paradójico: mientras el dueño sí es un “empresario” para la administración, noventa prostitutas, que no son “trabajadoras”, se han quedado en la calle sin absolutamente nada. Muchas de ellas son migrantes, pensaban pasar solo unos meses trabajando para volver a su país, ahora no pueden viajar y no tienen aquí amigos o redes familiares. No es solo que no tengan posibilidad de acogerse a un subsidio en un momento excepcional como el actual, es todo lo que implica no tener derechos antes del estado de alarma. Las prostitutas no tienen paro ni baja por enfermedad y no cotizan para sus pensiones. Si no pueden demostrar que trabajan e ingresan, tampoco es fácil conseguir alquilar una vivienda y para algunas es imposible empadronarse, lo cual es una vía de entrada para acceder a las ayudas más básicas y tener acceso a los recursos sociales. Son mujeres invisibles para las instituciones y que están abandonadas por ellas.

La crisis del COVID-19 ha puesto también una lupa sobre ellas. Estos casos nos muestran muy claramente que tenemos un problema y tenemos que abordarlo. Durante los últimos años la manera que han tenido los gobiernos de “abordar” el problema ha sido desastrosa para las mujeres. Algunas abolicionistas lo llaman penalizar a los clientes, otros incluso pueden reconocer que se trata de expulsar a las prostitutas de los espacios públicos respetables. No importa cómo nos lo contemos, los efectos de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza han sido los mismos: volver la actividad de estas mujeres más insegura, más clandestina, con negociaciones rápidas en las que ellas salen perdiendo y con una policía convertida –más aún si cabe– en una amenaza en vez de en una posible ayuda. En definitiva, una política contra los clientes que ha acabado criminalizaNdo y acosando a las prostitutas independientes y que ha conseguido –vaya paradoja– que para algunas sea más seguro estar en un club como el de la Junquera que estar solas en la calle. Los efectos contraproducentes de las políticas abolicionistas son siempre más pobreza y más inseguridad para las mujeres. Un informe de Médicos del Mundo denuncia cómo, desde la aprobación en 2016 de la penalización de los clientes en Francia, las prostitutas se han desplazado a zonas boscosas más peligrosas y han aumentado los asesinatos de mujeres.

Podríamos esperar que el feminismo se hubiera puesto de acuerdo para defender a estas mujeres. Defenderlas de los que quieren explotarlas. Y a la vez, defenderlas de una sociedad que lleva siglos estigmatizándolas y de unas leyes que llevan siglos olvidándolas cuando no poniéndoles aún más obstáculos. Es precisamente la estigmatización social y la falta de derechos lo que permite al patriarcado campar a sus anchas, lo que hace a los empresarios del sexo y a los proxenetas más poderosos, lo que deja a las mujeres más desarmadas frente a la policía, más vulnerables antes las leyes de extranjería, lo que limita la autonomía y el poder de las mujeres frente a clientes y terceros y lo que impide combatir eficazmente la trata. La alegalidad en la que viven las prostitutas es la permisividad ante un estado de naturaleza en el que se imponen los fuertes.

Cabría esperar que esta situación en la que se encuentran muchas mujeres en nuestro país nos convocara a todas las feministas para reunirnos, escuchar, dar voz a las prostitutas organizadas y buscar juntas soluciones urgentes. Sin embargo, una parte del feminismo español lleva años en una cruzada moral autoritaria y dogmática que hace rato que se les ha ido de las manos. Censura de debates, censura de jornadas, censura de cursos de teoría del porno, censura de organizaciones de trabajadoras sexuales y campañas de acoso y derribo a cualquiera que discrepe con sus posturas, especialmente violentas en las redes sociales.

Más allá del matonismo pandillero que vemos cada día practicar en las redes, las prostitutas se han organizado. Las organizaciones AFEMTRAS, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Putas Libertarias del Raval, Putas Indignadas, Sindicato OTRAS, APROSEX, (N)OMADAS y la sección sindical de trabajadoras sexuals de la IAC abrieron hace menos de un mes un Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales que recaudó unos catorce mil euros para repartirlos entre todas y hacer frente a las dificultades juntas llegando a 100 mujeres. Ante esta iniciativa, ninguna de las voces del abolicionismo de la prostitución las ha ayudado aunque ese apoyo sea clave para que puedan subsistir estos meses siendo más independientes y autónomas. Es decir que aquellas que en vez de “trabajadoras” las llaman “esclavas” terminan por dejarlas más expuestas frente a la voluntad de otros y más esclavas ante los enormes poderes que tienen en contra.

La buena noticia es que muchísima gente anónima se ha volcado en hacer donativos, en pocas horas llegaron al objetivo de la campaña. Es más, se han abierto nuevas campañas de donaciones para seguir ayudando. Y sin duda, eso refuerza la idea de que más allá de la beligerancia que en nombre del feminismo hacen algunas contra estas mujeres, muchísima gente común está por la labor de echar una mano y de aportar lo que se pueda. Hay también muchas feministas dispuestas a escuchar y a dialogar, entre ellas compañeras que defienden que es necesario acabar con la prostitución pero que entienden que la falta de derechos de las mujeres no es el camino. Si algo ha desvelado esta crisis es que aquellas que carecían de derechos antes están más expuestas ahora. Ojalá cuando volvamos a la calle nos tomemos con mayor urgencia la flagrante necesidad de derechos de las trabajadoras sexuales.