Sí, es urgente cruzar la frontera. Acompañar la música, por bien que suene, de iniciativas concretas y compromisos ciertos que los ciudadanos puedan comprender y defender, porque se identifican con ellos. El PSOE debe atreverse a ello. Como lo hizo en otras ocasiones. Reconociendo, en primer lugar, errores graves, y desmarcándose sin contemplaciones de sus cuadros y exdirigentes que siguen enrocados en esos errores y se empeñan, desde pedestales más o menos resguardados, en seguir marcando el paso al partido. Y debe hacerlo asumiendo riesgos. Liderando un proyecto de transformación social ambicioso y razonable a la vez. Hacerlo ya, sin perder un segundo más. Porque son muchas las personas que lo esperan, y que no pueden esperar más.
Tras tres años sufriendo el pernicioso e ineficaz (des)gobierno de Mariano Rajoy, en este país hay pobreza infantil; hay un desempleo descomunal y persistente; hay desigualdades crecientes de renta y de recursos económicos; hay mucha evasión y fraude fiscal; hay corrupción, insoportable corrupción; hay un enquistamiento de discriminaciones de diversa índole, que padecen señaladamente las mujeres; hay una crisis territorial agravada en los últimos años; hay un modelo de crecimiento económico agotado; hay, en definitiva, problemas graves, pero identificables, y, en esa medida, abordables. Entendemos, a este respecto, que el PSOE debería, de inmediato, asumir los compromisos y actuaciones que más abajo esbozamos. Lo ha de hacer por su propia supervivencia y, lo que es mucho más importante, por el conjunto del país, tan necesitado de una regeneración política, democrática e institucional.
RENTA MÍNIMA GARANTIZADA. La situación de emergencia social que vive nuestro país tiene su cara más dramática en la pobreza, muy en particular en la pobreza infantil. Este drama del que diversos informes recientes nos ofrecen una escalofriante fotografía actualizada es el reflejo –en parte, al menos– del fracaso de una política económica impotente ante unas cotas insoportables de desempleo, y que tiene como dos ejes de actuación destacados la devaluación salarial y la reducción del Estado de bienestar (recorte de la protección por desempleo, rebaja de las pensiones, desmantelamiento del sistema de dependencia, copago farmacéutico, etc.).
Este conjunto de actuaciones que devalúan la dimensión social y la misma condición de ciudadanía agravan seriamente los problemas de pobreza y exclusión que un Estado social en el siglo XXI no puede tolerar. Por eso, es imprescindible una actuación inmediata y contundente a través de la creación de una renta mínima garantizada para todas las personas sin recursos. Esta iniciativa, que es reclamada por los sindicatos desde hace tiempo, se ha de articular como una prestación no contributiva de la Seguridad Social, cuya cuantía debe establecerse atendiendo a las cargas familiares de los beneficiarios para evitar algo tan odioso como que haya niños o mayores que pasen hambre y frío. La nueva prestación, que tiene perfecto encaje constitucional, debe ser financiada por el Estado: alrededor de 10.000 millones que la nueva política fiscal ha de estar en condiciones de conseguir.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. El aluvión de escándalos de corrupción explica que en los últimos meses se hayan dado pasos en esta materia. La declaración de Valencia del PSOE recoge un catálogo de medidas importantes, y viene además reforzado por el compromiso firmado con una organización tan prestigiosa en la lucha contra la corrupción como Transparencia Internacional. Pero los dirigentes del PSOE deberían ser conscientes de que la sensibilidad e indignación de la ciudadanía con este asunto es tal que ese avance no es suficiente en absoluto. Como sucede en otros ámbitos, los socialistas sufren un grave problema de credibilidad. Lejos de errores garrafales como el pacto suscrito con el PP sobre los viajes de los diputados, la recuperación de la confianza de los ciudadanos pasa, a nuestro juicio, por dos tipos de actuaciones.
En primer lugar, el PSOE debería hacer un reconocimiento sincero de los errores cometidos en el pasado por no haber puesto celo suficiente en perseguir comportamientos delictivos y deshonestos que nunca debieron producirse y que, una vez descubiertos, no merecieron un reproche suficientemente contundente o, al menos, no tan contundente como el que merecían los de otros partidos. Hay que pedir perdón a los ciudadanos y compartir con ellos el estupor por la existencia de estas prácticas corruptas.
La segunda actuación consiste en reforzar la exigencia de ejemplaridad de los políticos y, en general, de los responsable públicos como manifestación de compromiso y de honestidad. Desde esa perspectiva, es evidente que en el actual contexto de descrédito un partido que tenga en sus filas a personas imputadas no es ejemplar; más bien actúa con poca sensibilidad hacia los ciudadanos. Es cierto que la imputación no significa que el afectado vaya a acabar sentado en el banquillo, pero no debe olvidarse que la imputación supone en sí misma la existencia de indicios racionales de delito y que, además, es lógico que una persona imputada concentre todos sus esfuerzos en su defensa lo que dificulta el desempeño de su cargo público. Los partidos deben ser conscientes de que esta situación produce un grave daño a las instituciones, que no son suyas sino de todos los ciudadanos.
REFORMA TERRITORIAL DEL ESTADO. Una reforma que, para ser efectiva, solo puede tener alcance constitucional. La crisis actual del Estado autonómico es casi tan evidente como el éxito que el mismo ha significado en la historia contemporánea de nuestro país; por eso ha llegado el momento de acometer su reforma. ¿Para qué? Para establecer, por fin, el mapa autonómico, identificando nominalmente a cada Comunidad autónoma; para mejorar la organización y funcionamiento de la totalidad del Estado; para corregir aquellas deficiencias que no se pudieron superar en 1978. La modificación constitucional debe de centrarse en tres aspectos principales: 1) el competencial, a fin de definir con precisión en el texto constitucional qué competencias legislativas son exclusivas del Estado, quedando las restantes en manos de las Comunidades autónomas, lo que significa, entre otras cosas, la supresión de la legislación básica, objeto de tantos conflictos competenciales, y de las leyes de transferencia y delegación, que contribuyen a lo peor que puede hacer una Constitución en materia de reparto del poder público: dejarlo eternamente abierto; 2) el financiero, a fin de establecer en la Constitución los principios básicos del sistema de financiación autonómica (corresponsabilidad fiscal, solidaridad interterritorial y ordinalidad), aplicables no solo a las Comunidades autónomas de régimen común, sino también a las que disfrutan de un régimen singular (País Vasco y Navarra); 3) el institucional, a fin de convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación de la voluntad de las Comunidades autónomas, al estilo del Bundesrat alemán, esto es, un órgano integrado por representantes de los Gobiernos de las Comunidades autónomas, de manera relativamente proporcional al número de habitantes de cada una de ellas, y con facultad de veto en la aprobación de aquellas leyes que les afecten directamente.
Esta reforma constitucional en clave federal, que va en la línea de la acordada por el PSOE en la “Declaración de Granada” de 2012, de plantearse seriamente, permitirá afrontar la llamada “cuestión catalana” en mejores condiciones, al introducir en el debate público una propuesta razonable y ponderada de organización territorial del Estado que apunta en la dirección correcta, porque se aleja de maximalismos rupturistas y de inmovilismos enojosos.
MEJORAR LA JUSTICIA DEL MODELO ECONÓMICO. En materia económica el PSOE está haciendo un esfuerzo notable por redefinir su estrategia y confeccionar un nuevo programa que rectifique errores anteriores y recupere valores tradicionales que nunca debieron relajarse. Sin embargo, también en este terreno está perdiendo, frente a otras formaciones con menores complejos, algunas banderas esenciales de la socialdemocracia. Y recuperarlas exige de un plus de atrevimiento. Varios ejemplos sirven para demostrarlo.
Primero, el PSOE debe situar el aumento de la capacidad redistributiva de los impuestos como un objetivo central, lo que exige una mayor progresividad del sistema fiscal en su conjunto. Sus propuestas ya van, de hecho, en esa dirección. Pero debe reafirmarse en ellas, frente a las voces que, desde sus propias filas, propugnan una pérdida de valor de la progresividad y ponen el foco en su lugar en lo que se ha dado en llamar la “predistribución”, que tiene que ver con un funcionamiento equitativo y eficiente de los mercados de todo tipo. Y no porque estas cuestiones predistributivas no sean relevantes, sino porque en absoluto son sustitutivas de la redistribución fiscal, sino complementarias. En este sentido cabría enmarcar el establecimiento de un tipo tributario muy elevado para determinadas rentas, medida que se pretende desacreditar por el escaso impacto positivo que parece haber tenido en Francia (donde se ha aplicado un tipo máximo del 75%), pero que sigue teniendo argumentos de peso que la justifican (Thomas Piketty propone un tipo del 82% como óptimo para ganancias superiores a 400.000 euros).
Segundo, en el marco de la reforma constitucional que propone, el PSOE debe incluir la modificación del artículo 135 de la Constitución que sacraliza el pago de la deuda ante cualquier otro objetivo de política económica. Si los dirigentes del PSOE ya han reconocido que aquella medida fue un error; si dicen que no les gusta; si son conscientes de que es una fuente de desafección importante entre sus potenciales votantes; y si saben que es un arma que utilizan en su contra todas las fuerzas políticas de la izquierda; resulta difícil comprender y justificar ese empecinamiento en preservarlo, por mucho que haya vías alternativas para paliar sus efectos más negativos.
Tercero, los socialistas deben desarrollar y difundir cuanto antes algunas novedosas propuestas que se incluyen en las conclusiones de la Conferencia Política que realizaron en noviembre de 2013, como la voluntad de introducir en el marco retributivo de todas las empresas la regla “12:1”, que supone que nadie pueda ganar más de 12 veces el salario del que menos gana, incluyendo todos los conceptos retributivos.
Por último, un ejemplo en positivo: hay que aplaudir su propuesta para aumentar progresivamente el salario mínimo (que es la mitad que en Francia, por ejemplo) hasta alcanzar en diez años el 60% del salario medio, nivel considerado como el umbral de pobreza. Un compromiso que debe ser sólido, por cuestiones económicas y sociales, a pesar de las presiones que deberá soportar desde las organizaciones y lobbies empresariales.
Así esbozadas, estas son algunas de las medidas que, en nuestra opinión, debería impulsar el PSOE con urgencia, si es que quiere volver a ser una formación política capaz de transformar el deseo de una amplia mayoría de españoles en realidad.