Arístegui y De la Serna: Comisiones SA
¿Qué hacían un embajador español en la India y un diputado elegido por Segovia mediando en Argelia para que constructoras españolas levantasen desaladoras y tranvías? ¿Entraba dentro de las atribuciones de estos dos dirigentes del PP hacer lobby para que otra firma del IBEX ampliase un hospital en Panamá? ¿Amparaba el permiso que el Congreso dio a uno de sus miembros para desempeñar la segunda actividad como consultor a percibir a través de empresa primas por contratos de 500 millones de euros?
El sumario que intenta responder a estas y otras preguntas acumula de momento 4.167 folios en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige José De la Matta y una larga lista de conversaciones comprometedoras. La operación se bautizó con el nombre de Remy, en homenaje al lobbista de la serie House of cards. Esta versión española es más de andar por casa: podría titularse Arístegui y De la Serna, comisiones SA.
De momento el caso, destapado por la Cadena Ser en diciembre de 2015, ya ha arruinado la carrera política de dos dirigentes de esa clase media dentro del PP a la que no apuntan los focos pero que permite gozar de relaciones que garantizan puestos de salida en las candidaturas o cargos institucionales propicios para hacer negocios. En esas estaban el embajador Gustavo de Arístegui –un experto en relaciones internacionales–, y el diputado Pedro Gómez de la Serna –otro político con muchos trienios que ejerció de jefe de gabinete de históricos como Jaime Mayor Areja y Javier Arenas– hasta que uno de sus colaboradores decidió tirar de la manta.
La trama es poco original. José Faya López doble agente, de seguros en Asturias, y de la trama de Arístegui y de la Serna en todas partes, cansado de no recibir su parte de las comisiones empezó a grabar. Y cuando tuvo todo atado se presentó con, facturas, contratos y conversaciones telefónicas en la Fiscalía Anticorrupción. En una de ellas suena la voz de Arístegui prometiendo pagos a Faya para que todos puedan tener “paz y tranquilidad”.
El 10 de junio de 2015 el denunciante ya había enviado una carta a Moncloa detallando al jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, el tinglado de sociedades que los dos dirigentes del PP manejaban para ingresar las comisiones procedentes de países como Panamá, Argelia, El Congo o Guinea.
Un año después de que comenzasen las pesquisas, Arístegui y de Serna han perdido uno la embajada, el otro el escaño y los dos la militancia en el PP. El juez del caso señala a ambos como cabecillas de una red a la que atribuye media docena de delitos: de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización o grupo criminal y cobro de comisiones ilegales. El sumario, en el que también aparece imputado el denunciante Luis Faya, está plagado de indicios que incriminan a los políticos en el cobro de comisiones ilegales de empresas para las que mediaron ante gobiernos extranjeros.
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía revela que en algunos países se compraron voluntades de gobiernos dudosos. Los investigadores han aportado dos transferencias que la red de Arístegui y De la Serna realizaron a un estrecho colaborador del presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflica. La trama hizo dos envíos de 600 y 400 euros a través de un empresario español afincado en Argelia, que falleció en el transcurso de la investigación, a Omar Alilat, jefe de campaña del gabinete presidencial argelino y diputado allí. Los ingresos tienen fecha del 3 y 5 de diciembre de 2011 y los investigadores sospechan que se trató de una mera señal que correspondía a dos contratos por 480 millones de euros que el gobierno adjudicó a la empresa Elecnor para construir una red de tranvías y una canalización de aguas en dos ciudades argelinas. Las comisiones, según se desprende del sumario, rondaban el 1% y había que repartirlas con familiares de altos cargos del gobierno argelino.
Elecnor pagaba cada mes 15.000 euros a la red de Arístegui y de Serna por mediar ante gobiernos y extranjeros y luego suntuosas comisiones por cada contrato logrado, según la carta que el hombre que destapó el escándalo remitió al jefe de gabinete de Rajoy. Constructoras como San José y Eurofinsa tenían tratos similares con la red, según esa misma denuncia.
El dinero lo recibía el diputado De la Serna a través de su firma de consultoría Scardovi y el diputado Arístegui primero a través de una sociedad llamada Karistia, y cuando esta fue embargada, mediante la firma Arroyo de Lagasca, que administraba un hijo suyo.
Obiang: críticas políticas y comisiones del 30%
La capacidad de Arístegui y De la Serna para conciliar su hiperactividad empresarial con sus obligaciones institucionales venía de lejos según queda patente en varios pasajes de la causa. Ambos tejieron ya en 2009 un plan para montar un negocio de telecomunicaciones con un secretario de Estado de aquel país. En vísperas de la firma del contrato para constituir esa empresa privada con el alto cargo guineano, los dos políticos españoles se encargaron de contratar a su hijo para que hiciese de agente comercial. Las comisiones con el régimen de Obiang, al que Arístegui había criticado severamente cuando era portavoz de Exteriores del Partido Popular fueron de un 30% de los proyectos adjudicados, según un acuerdo firmado con el ministro de Industria de aquel país.
En El Congo por sentar a los directivos de la empresa cementera La Unión con un primo del presidente del país, la red comisionista facturó 265.000 euros, según publicó el diario El Mundo.
El denunciante Faya en su denuncia inicial presentada en Moncloa y a Anticorrupción sospecha que hay mucho más. Asegura que desde que en 2101 Karistia, la firma que administra Arístegui, tiene embargados sus créditos comerciales, empieza a detectar que los pagos de las compañías “dependientes del contrato” de su “agencia” se dejaron de pagar y que ahí empezaron “las disculpas”. “El caso”, asegura el denunciante y exdelegado de la red que había pactado su propio contrato de comisiones“ con Arístegui y De la Serna, ”es que por los contratos que puede ver y le adjunto, solo he cobrado 187.500€ y 22.928,70€ más iva por un volumen de obra firmado desde el 2009 superior a los 550 millones de euros y sin tener encuentra las otras obras que parece por los documentos que le adjunto, pueden estar haciendo las compañías de mi contrato de agencia sin mi conocimiento y control“.
Los investigadores siguen tirando del hilo. Arístegui y De la Serna, que el pasado marzo –tres meses después de que estallase el caso y cuando aún mantenía su escaño en el Congreso– se reunió según desveló eldiario.es con la exministra Ana Mato en una cafetería de Pozuelo de Alarcón, también son pasado en el Partido Popular. A los exministros que hasta hace nada entraban y salían sin preguntar de los despachos ministeriales ya no los conoce nadie.
