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Los conservadores del Poder Judicial exigen poder vetar al candidato de los progresistas al Constitucional

Pleno del CGPJ del 13 de octubre presidido por Rafael Mozo

Elena Herrera


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La negociación entre conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes del núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP, que lleva más de dos meses dilatando unas designaciones que deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre. La última reunión de los interlocutores de ambos sectores, celebrada este miércoles, ha terminado sin ningún avance que permita aventurar un pronto desbloqueo de estos nombramientos. 

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Los vocales conservadores siguen sin poner un nombre encima de la mesa y exigen ahora tener poder de veto sobre el candidato del otro grupo, el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. Los progresistas rechazan este planteamiento, confirman fuentes de este sector a elDiario.es. Los miembros de este bloque eligieron hace tres semanas en una votación interna a Bandrés como candidato para intentar acelerar la renovación del tribunal de garantías. Pero con esta nueva exigencia se aleja toda posibilidad de que el Constitucional pueda ser renovado en el pleno que se celebrará este jueves. Aun así, los negociadores volverán a reunirse el 30 de noviembre. El órgano de gobierno de los jueces está en funciones desde hace casi cuatro años con una correlación de fuerzas de mayoría conservadora.

Los consejeros conservadores no hablan abiertamente de vetos, aunque en un comunicado se quejan de que los progresistas “no aceptan ningún otro candidato diferente de Bandrés y no aceptan una metodología que suponga un debate real sobre la idoneidad de toda índole de los candidatos”. Y añaden: “Se niegan a valorar/negociar distintos candidatos para que los dos que se nombren respondan a la elección de ambos grupos y no meramente de un intercambio de un nombre por otro”.

Los miembros de este bloque sostienen que esa nueva “metodología” consiste en que cada grupo “evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que propongan”. Pero la propuesta supone romper con el acuerdo tácito con el que siempre ha funcionado el CGPJ y por el que cada bloque elige a un candidato y ese nombre es acatado por el otro grupo sin vetos cruzados. En este caso se acordó además que los elegidos fueran preferentemente jueces del Supremo, los de mayor categoría de la carrera y a los que se les presupone “preparación y reconocimiento”, según fuentes del grupo minoritario.

Los vocales progresistas rechazan frontalmente esta nueva exigencia, que interpretan como un cuestionamiento de su candidato. También creen que es una “nueva excusa dilatoria”. Bandrés es uno de los jueces más veteranos de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, donde ejerce desde 2003. Acumula una larga carrera judicial y académica y fue uno de los fundadores de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. 

En el sector conservador deslizan que tiene un perfil “demasiado gubernamental” y afirman que el otro nombre que barajó este sector —el de Pablo Lucas, también magistrado del Supremo— puede ser más “idóneo”. Los nombramientos del Constitucional deben conciliar el respaldo de al menos 11 de los 18 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 10 conservadores y ocho progresistas. 

Dos meses después de que se cumpliera el plazo máximo marcado por la ley, los vocales elegidos a propuesta del PP ni siquiera han desvelado cuál es el candidato de su preferencia. No obstante, aseguran que hay hasta seis jueces que, según estas fuentes, verían con buenos ojos acceder al Constitucional. Se trata de los magistrados Vicente Magro, Julián Sánchez Melgar, Pablo Llarena, César Tolosa, Diego Córdoba e Inés Huerta. Los dos primeros están especialmente significados políticamente. Magro fue senador por el PP y presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a los jueces conservadores. Sánchez Melgar, por su parte, fue fiscal general del Estado en la última legislatura de Mariano Rajoy. 

Por otro lado, este miércoles el Tribunal Supremo ha desactivado la última excusa que pusieron los conservadores para no hacer estos nombramientos al mantener a Rafael Mozo como presidente del CGPJ. Hace una semana, los vocales elegidos a propuesta del PP pidieron no tomar ninguna decisión hasta que el Alto Tribunal revisara los recursos presentados contra la elección de Mozo como sustituto de Carlos Lesmes. El argumento era que, si se suspendiera la elección de Mozo, las decisiones que se hubieran podido tomar quedarían en entredicho. Este miércoles, el Supremo ha rechazado suspender cautelarmente su nombramiento mientras se decide sobre el fondo del asunto. 

Hasta ahora, el bloqueo del sector conservador ha impedido sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al CGPJ (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo había decidido no nombrar a sus dos magistrados hasta que lo haga el CGPJ por la dudas jurídicas que ocasiona una posible renovación por fases.

No obstante, en las últimas semanas han abierto la puerta a hacer esas designaciones si el órgano de gobierno de los jueces seguía en el bloqueo, aunque no han puesto plazos. La consecuencia de esta parálisis es que ha sido imposible cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista en el tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto, la eutanasia o la norma que impide al CGPJ nombrar jueces cuando, como ahora, está en funciones.

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