El “experimento social” de Alvise Pérez contra Sánchez: una campaña fake en marquesinas y cinco bulos en cinco frases

El agitador de la alt-right Luis Pérez, conocido como Alvise, ha promocionado este fin de semana en sus redes sociales una campaña que ha venido a definir como “experimento social contra Pedro Sánchez”. Se trata de un vídeo en el que recoge la supuesta reacción de varios ciudadanos al encontrarse en una marquesina con un cartel con la imagen del presidente y el mensaje: “Confía en tu Gobierno. Un buen ciudadano obedece”.

El vídeo que se ha movido por redes sociales finaliza con cinco afirmaciones del influencer y consultor sevillano que son falsas.

“Ha encerrado a millones de españoles sanos en sus casas por su incapacidad para hacernos test”. El objetivo principal del confinamiento era frenar la reducción de contagios para evitar el colapso del sistema sanitario. Ya antes de decretarse el estado de alarma se habían tomado una serie de medidas orientadas a ese fin. Desde la creación de un Plan de Contingencia conjunto entre todas las UCI españolas por parte de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, hasta un llamamiento global a la responsabilidad de las personas para aplanar la curva. De hecho, uno de los requisitos que deben cumplir las provincias para pasar a la fase uno de la desescalada es contar con entre 1,5 y dos camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos libres por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote.

En el Real Decreto de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria, en el que se establece por primera vez desde el inicio de la pandemia la limitación de la libertad de circulación de las personas, el Ejecutivo indica que “las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Este texto contó con un amplio respaldo parlamentario.

A fecha de 30 de abril, se habían realizado en España 1.932.455 pruebas diagnósticas. De ellas, 1.351.130 eran pruebas PCR, que miden la presencia del virus en el organismo, y 581.325 eran los llamados 'test rápidos' o de anticuerpos. “Estamos hablando de un esfuerzo extraordinario del conjunto de las administraciones públicas. Quiero reconocer ese esfuerzo, no solo del Gobierno sino por parte de las comunidades autónomas”, afirmó este sábado el presidente del Gobierno.

“Ha amordazado a toda la oposición de este país y eliminado los plazos del control del Parlamento español”. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, suspendió el 19 de marzo en pleno estallido de la pandemia los plazos administrativos para la contestación por parte del Gobierno de las preguntas parlamentarias de los grupos así como de la presentación de enmiendas a los distintos proyectos legislativos. Ante las críticas de PP y Vox, la Mesa decidió el 7 de abril levantar esas suspensión a partir del día 13. Desde entonces, el PP ha pedido prorrogar los plazos de enmiendas para numerosas iniciativas legislativas que están en tramitación.

Otra de las críticas de la oposición fue la falta de rendición de cuentas por parte del Gobierno en el Congreso. Dos días antes de la declaración del estado de alarma se suspendió una comparecencia prevista de Salavdor Illa después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo en la prueba de la COVID-19 obligando al resto del gabinete a someterse al test.

Desde entonces, la actividad parlamentaria quedó limitada. Sánchez compareció el 18 de marzo para dar cuenta del decreto del estado de alarma y una semana más tarde para solicitar la primera prórroga. Ese debate se repite quincenalmente en las sucesivas prórrogas que ha planteado el Consejo de Ministros. Por su parte, Salvador Illa ha comparecido semanalmente en la Comisión de Sanidad. Esos plenos, en los que también se debatieron varios decretos ley, se produjeron en semanas en las que no había previstas sesiones plenarias previamente (por la celebración de las elecciones vascas y gallegas que luego se suspendieron y por la Semana Santa).

Meritxell Batet también propuso la celebración de un Pleno el 15 de abril, que inicialmente no estaba habilitado con la primera sesión de control al Gobierno, que desde entonces se han celebrado como estaba estipulado en el calendario de sesiones. Esta semana, que tampoco estaba habilitada, se celebrará un nuevo debate de la prórroga del estado de alarma.

“Ha sobornado a los grandes medios de comunicación”. Lo que realmente aprobó el Gobierno el pasado 1 de abril un Decreto Ley que, entre otras medidas, incluía una subvención de 15 millones de euros para las televisiones privadas de ámbito estatal a las que considera “servicio esencial”. Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) se trata de una “compensación” de “parte” de los costes derivados de “mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria” en un contexto de “brusca caída de sus ingresos” por la cancelación de campañas publicitarias.

“Nos amenazan con leyes de hasta cinco años de prisión para los que intentemos opinar en libertad”. Es falso que “opinar con libertad” esté penado en España con cinco años de cárcel. Esta afirmación supone una manipulación de un informe en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) analiza los delitos en los que se puede incurrir con la difusión de “fake news” o noticias falsas. Entre ellos, el de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197.3 del Código Penal) para los casos en los que desinformación vaya acompañada de revelación de datos personales auténticos. Este tipo, castigado con entre dos y cinco años de prisión, es el que cuenta con una pena más alta de todos los que se citan en el informe que la FGE difundió a los medios el pasado 17 de abril.

“La Delegación del Gobierno prohibió sin motivo la #caravanagobiernodimisión. Han eliminado un derecho fundamental no contemplado en estado de alarma”. Alvise ha compartido en su Twitter la supuesta prohibición de la manifestación en coche en las inmediaciones de Colón este domingo. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid confirman a eldiario.es que la manifestación sí se prohibió, pero advierten que el documento difundido por Pérez es falso.

El Constitucional sentó doctrina el pasado jueves sobre la realización de manifestaciones en coche en una situación como la actual. El tribunal de garantías validó la prohibición de una marcha sindical en coche en Vigo con el argumento de que la relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige una ponderación por la que, ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de “máximo contagio”, ha de primar el primer derecho. No obstante, el Constitucional resalta que su aval a la prohibición de esa manifestación se produce “dejando al margen el contenido del decreto de declaración del estado de alarma”, pues la limitación del derecho de reunión no tiene que ver con este mecanismo de excepción, sino con su colisión con el “derecho a la salud”.