Alberto Núñez Feijóo no quiere que le salpique la bronca política provocada por el nuevo protocolo que el Gobierno de Castilla y León anunció la semana pasada y que, en la práctica, supone limitar el derecho al aborto. La novedad que proclamó el pasado jueves el líder de Vox en la región y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sentado junto a un silente portavoz del Ejecutivo autonómico, no ha tenido respuesta todavía por parte del líder nacional del PP. Ni una declaración, ni un tuit ni una comparecencia pública en 72 horas.
Oportunidades no le han faltado al líder del PP para ofrecer su opinión sobre el protocolo que ahora el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que no se va a modificar, pese a que mantiene las medidas anunciadas por su vicepresidente. El jefe del Ejecutivo castellano y leonés ha sido el principal cargo del PP que ha salido al paso de la polémica provocada en su propio gobierno.
Ya lo hizo el sábado, antes del acto de presentación de candidatos autonómicos, donde desplegó el mismo argumentario que en su declaración institucional (sin preguntas) de este lunes. Ese mismo día Feijóo pasó de largo de los periodistas desplazados a Zaragoza, y obvió el tema en su discurso. El resto de dirigentes regionales, también. Nadie quiere abrasarse en un tema peliagudo para el PP, que intenta escapar de sus propias contradicciones desde hace casi cuatro décadas, sin ningún éxito.
La tibia reacción del PP ante el anuncio de Gallardo envalentonó al dirigente de Vox, quien este lunes reiteró su planteamiento en una comparecencia ante los medios en las Cortes. El representante de la extrema derecha elevó el tono y quiso comparar Castilla y León con Hungría, un país bajo la lupa de la UE. “Me gusta mucho lo que hace el gobierno de Hungría. Ofrece alternativas, información y medidas en positivo”, dijo el vicepresidente de la región.
García-Gallardo reiteró durante la mañana del lunes las medidas que planteó el jueves pasado. A esa hora no estaba previsto que Mañueco compareciera ante la prensa, pero tras un intercambio de llamadas con la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova, el Gobierno de Castilla y León anunció la declaración institucional que se produjo ya bien entrado el mediodía.
El PP retrasó la habitual rueda de prensa de los lunes cerca de una hora para salir cuando Mañueco ya hubiera terminado. Lo hizo el recién nombrado portavoz de campaña del partido, Borja Sémper, quien en realidad ejerce como portavoz de la dirección, en la que se ha integrado tras la remodelación realizada por Feijóo este mes de enero.
Feijóo, que trató de vender el fichaje de Sémper como un ejemplo de la moderación del partido, trata de parapetarse tras el rostro amable y pretendidamente “moderado” del guipuzcoano. Sémper hizo su labor: criticar duramente a Vox, arremeter contra el Gobierno de coalición y situar a su partido entre dos bandos “irresponsables”. “Asistimos a una guerra entre Vox y el Gobierno de Sánchez y Podemos”, dijo. “Una guerra interesada que se retroalimenta y usa a las mujeres”, añadió. “Por ser más claro: Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Vox es un chollo para el Gobierno de Sánchez y Podemos”. “Vox consigue ruido mediático, y Sánchez y Podemos consiguen desviar la atención de problemas que se han aprobado y afectan de manera directa a las mujeres”, concluyó.
Una serie de opiniones más o menos contundentes, pero ninguna desautorización por parte de Feijóo del protocolo anunciado para la sanidad de Castilla y León y, sobre todo, ninguna pista sobre cómo piensa gobernar el PP con Vox a partir de mayo en comunidades y ayuntamientos. Y a partir de diciembre en el Gobierno central. Porque las encuestas que se publican indican que el camino del PP al poder pasa por las alianzas con la extrema derecha. Con más o menos escaños para unos y otros, todas señalan que nadie podrá gobernar en solitario, lo que coloca a Feijóo ante la única opción de aliarse con la formación de Abascal. Está por ver en qué forma.
El propio Sémper justificó este lunes que Feijóo no haya salido al paso de la polémica, que ha provocado incluso la advertencia legal del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante los posibles incumplimientos que se puedan cometer de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo. El portavoz del PP ironizó que “si Feijóo se tuviera que manifestar sobre todas las cosas que dicen vicepresidentes en todas las comunidades autónomas, Feijóo se tendría que dedicar a ser comentarista de las cosas que dicen”. Y zanjó: “Él está para otras cosas”.
La que no ha perdido oportunidad de ocupar el vacío que deja el líder del PP es Isabel Díaz Ayuso, ávida de protagonizar cualquier choque con Pedro Sánchez. Ayuso primero se sumó a la corriente de la marea de Vox y anunció la creación de un teléfono de información a embarazadas “a favor de la vida”. Luego, arremetió contra el partido ultra, al que acusó de “buscar un conflicto” con el PP. El pasado mes de septiembre, se desmarcó de su propio jefe de filas al defender que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. El PP ha presentado enmiendas contra esta opción en el Senado.
Feijóo guarda silencio esperando a que escampe y la dirección nacional confía en haber zanjado la polémica con la comparecencia de Mañueco y la rueda de prensa de Sémper, mientras descalifica al menos ante los medios al único aliado posible para el próximo ciclo electoral. El calendario tampoco es propicio para el plan de Feijóo de sobrevolar las decisiones que tome Vox en los gobiernos de coalición, ya que que las autonómicas y municipales están fechadas para el 28 de mayo, medio año antes que las generales. Habrá antes miles de gobiernos locales, y algunos autonómicos, que negociar y compartir.
De momento, en Castilla y León no hay riesgo de ruptura porque el PP de Mañueco no puede prescindir de la ultraderecha para gobernar. Por eso tampoco se plantea la destitución del polémico vicepresidente de Vox. Tras el 28M, sí o sí, esta misma aritmética se reproducirá por diferentes lugares de España. Y será la carta de presentación con la que Feijóo pedirá el voto a los españoles en diciembre.