El informe de la Fiscalía apoyando que el Tribunal Constitucional conceda el amparo al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez da nuevas esperanzas al exparlamentario en su larga batalla para recuperar su escaño. La condición de diputado le fue retirada hace ya nueve meses, el 21 de octubre de 2021, por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tras una guerra de comunicados entre el legislativo y el Tribunal Supremo que, poco antes, había condenado a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros. A la multa se sumó una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, 45 días, que Batet interpretó que debía suponer la retirada del escaño. Su delito, corroborado durante el juicio únicamente por el testimonio policial, fue dar una patada precisamente a un policía durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife).
La decisión del Ministerio Público, conocida a última hora del lunes a través del diario El Mundo, responde a uno de los dos recursos interpuestos por Rodríguez ante el Constitucional en su batalla judicial para recuperar su escaño que ya le llevó previamente, sin éxito, ante la Junta Electoral Central y ante el propio Supremo. En ese texto, el exdiputado de Unidas Podemos, que tiene pensado embarcarse ahora en un nuevo proyecto político, consideró que la decisión de Batet de suspenderle había vulnerado su derecho a permanecer en el ejercicio del cargo público representativo mediante una medida que debería haber correspondido al Pleno del Congreso y no a su presidenta. También sostuvo que el gesto de Batet no estuvo suficientemente motivado y que la consecuencia de la pérdida de la condición de diputado implicó doble punibilidad y fue una consecuencia desproporcionada derivada de la sanción penal.
En el escrito, la defensa de Rodríguez, ejercida por los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, pide al Constitucional que le devuelva el escaño, y denuncia que retirarle el acta fue “una decisión unilateral, infundada y, por ende, arbitraria” de la presidenta del Congreso. A Batet se le acusa de haber “vulnerado” hasta siete derechos fundamentales de Rodríguez, así como los de los 64.000 votantes canarios que le eligieron como diputado por Santa Cruz de Tenerife. Los abogados sostienen, además, que la presidenta del Congreso “se inventó una causa, no prevista en la Ley, para privar de su escaño” a Rodríguez.
El texto también considera que la presidenta del Congreso, “como jurista que es, bien debía conocer” que cuando se sustituye una condena de cárcel por una multa “la pena de prisión queda definitiva e irreversiblemente sustituida”, por lo que “no existe ningún tipo de base” para retirarle el escaño. “La multa fue pagada de manera inmediata por mi mandante con lo que ahí se agotó la ejecución de esta”, añade el recurso. La pena, por tanto, “quedó extinguida inmediatamente por el pago de la multa que es en lo que se sustituyó la pena; a partir de ahí, ni tan siquiera cabría hablar de la duración de esta a los efectos de la accesoria de 'inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena'”.
El fiscal considera ahora en el informe que ha remitido al Constitucional que el acuerdo adoptado por Batet incurre en un “doble automatismo” y que puede haber “margen” para otro entendimiento de la ley, una tesis que, de ser aceptada por el tribunal, podría suponer la restitución del escaño de Rodríguez, que se encuentra vacío desde hace nueve meses.
Una sentencia cuestionada que enfrentó al Supremo y a Batet
La interpretación de la sentencia provocó el pasado octubre un inédito choque entre el Supremo y la Presidencia del Congreso. Juristas de todas las sensibilidades habían cuestionado no solo la sentencia, que contó con varios votos particulares y se basó fundamentalmente en el testimonio del agente supuestamente agredido, sino también las consecuencias de esta. Varios expertos en derecho han sostenido en todo este tiempo que hubiese bastado con apartar al parlamentario durante mes y medio sin retirarle el escaño de forma definitiva.
Los propios letrados del Congreso aseguraron inicialmente en un informe fechado el 18 de octubre que Rodríguez podía mantener el escaño, al considerar que la privación del derecho al sufragio pasivo dictada por el Alto Tribunal en la sentencia no afecta a la condición de diputado, que fue adquirida con carácter previo. Dos días después, sin embargo, el Supremo emitió un informe ambiguo instando a la suspensión. Entre medias, el caso de Rodríguez se convirtió en una arma arrojadiza de la batalla política que se escenificó en dos tensas reuniones de la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara. Mientras la minoría de derechas de PP y Vox defendió que el exdirigente de Podemos debía ser suspendido, la mayoría de PSOE y Unidas Podemos reivindicó su permanencia en base a ese escrito de los letrados.
Fue en la segunda reunión del máximo órgano de la Cámara Baja para abordar el caso, la del 21 de octubre, en la que la presidenta del Congreso se manifestó más favorable a retirarle el acta a raíz de las presiones tanto del Supremo como de las derechas. Pero ante las dudas manifestadas por los letrados, Batet promovió una votación en la que la mayoría de PSOE y Unidas Podemos acordó solicitar al Supremo más explicaciones. Un día después y tras haber recibido otro escrito del Alto Tribunal recordándole que Rodríguez había sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo y, tras consultar al secretario general del Congreso y letrado mayor, Batet decidió retirarle el escaño.
Esa misma noche, Unidas Podemos envió un breve comunicado a la prensa anunciando que presentarían una denuncia por prevaricación contra Batet. Ese anuncio de querella provocó un cisma interno en la formación confederal ya que desconocían la decisión tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio Rodríguez, que al día siguiente decidió darse de baja de Podemos e iniciar su propia batalla judicial para recuperar el escaño, así como su propia trayectoria política al margen de su ex partido.
El letrado mayor del Congreso avaló por escrito la decisión de Batet de suspender al ya exdiputado de la formación confederal, pero las críticas de todos –menos el PSOE– contra la presidenta de la Cámara baja se multiplicaron y Podemos llegó a pedir formalmente su dimisión. El entorno de la presidenta explicó entonces que en todo lo relacionado con la condena de Rodríguez había mantenido una “posición institucional” siguiendo “el procedimiento con celeridad” y escuchando siempre a los servicios jurídicos de la Cámara, así como que el caso de Rodríguez es un asunto “estrictamente técnico jurídico” y “no es un problema de índole política”. El exparlamentario también decidió abordar su defensa desde el plano jurídico contratando como abogados a Elbal y Boye.
Un nuevo proyecto “de obediencia canaria
Alberto Rodriguez pretende regresar a la política aunque alejado de la formación que ahora dirige la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. En junio, el exdiputado anunció su disposición a concurrir a las elecciones de 2023 en un proyecto político “de obediencia canaria”. “Si hay un espacio de obediencia canaria de carácter popular para mejorar las condiciones materiales de vida a la gente en 2023 van a poder contar con mi ayuda, en la posición que haga falta”, especificó el mes pasado. Rodríguez expresó la necesitad de contar con una formación cuya estructura se encuentre en Canarias y sostuvo que los partidos con sede fuera del Archipiélago –sin mencionar expresamente a Podemos o a Unidas Podemos– siempre se van a interesar más por lo que ocurre en una de las grandes capitales que por un tema de Canarias.
La retirada del escaño y las diferencias entre Rodríguez y el que fue su partido siguen teniendo consecuencias no solo para Unidas Podemos sino también para el Gobierno de coalición en un Congreso de los Diputados en el que no tiene mayoría absoluta y cada escaño resulta imprescindible para sacar adelante sus propuestas. Nueve meses después de su expulsión del Congreso, el grupo confederal no ha conseguido reponer el escaño de Alberto Rodríguez por discrepancias entre la dirección estatal de Podemos y la de Canarias, de donde es el exdiputado. Se da además la circunstancia de que, el pasado marzo, Unidas Podemos se quedó sin otro escaño por la decisión de otra diputada canaria, Meri Pita, de pasar al Grupo Mixto por diferencias con la dirección.
Con todo, el grupo confederal tiene 33 de los 35 escaños que logró en las elecciones, por lo que la suma con el PSOE alcanza los 153 escaños y no los 155 iniciales, lo que obliga al Ejecutivo a intensificar los contactos en busca de apoyos entre sus socios habituales y, en ocasiones, al margen de los mismos.
Consultada por este diario, la dirección de Podemos ha evitado comentar el nuevo hito que supone el informe de la Fiscalía que ampara a Rodríguez conocido esta semana. Pero el partido reitera que la situación a la que se ha visto abocada la fuerza política es responsabilidad de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, siempre ha señalado que “se le robó el escaño a un diputado electo por una sentencia, primero, injusta y sin pruebas, porque nunca cometió el delito que se dice que cometió, y además en esa sentencia no ponía que había que quitarle el acta”. “Sin embargo, la Presidencia del Congreso de los Diputados y el señor [presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel] Marchena decidieron quitarle el escaño. Esto es gravísimo”, denunció en marzo, en una entrevista en elDiario.es. “La responsabilidad de que falte un escaño y de que, por ejemplo, la reforma laboral saliera adelante porque se equivocó un diputado del PP, es de Meritxell Batet y de Marchena, no de Unidas Podemos”, remarcó.
El grupo confederal evita hablar de las diferencias con Podemos Canarias e insiste en que está “trabajando humildemente” para tratar de que ese escaño se reponga, pero, al mismo tiempo, insiste en que no se ha olvidado “de quién se lo ha arrebatado a la mayoría progresista”, en alusión, de nuevo, a Batet.