El magnate de la noche de Palma fracasa en su maniobra para apartar al juez y al fiscal que lo encarcelaron

El magnate de la noche de Palma, Bartolomé Cursach, ha fracasado en su primera maniobra para apartar al juez y al fiscal que lo encarcelaron el pasado mes de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) ha rechazado las medidas cautelares que pedía el abogado del empresario y de momento el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán seguirán en la causa que llevan instruyendo cuatro años.

Es un nuevo capítulo en el caso 'Cursach', que toma el nombre del todopoderoso empresario nocturno, encarcelado por 16 delitos, dentro de un sumario que lo retrata como a un mafioso capaz de meter en nómina a policías para que hiciesen la vida imposible a la competencia, de manejar a políticos y cargos públicos e incluso de estar relacionado con la muerte de un trabajador que le chantajeó con unas fotos comprometidas.

La lista de delitos que se le atribuyen es interminable: extorsión, cohecho, falsedad documental, uso de documentos falsos en un proceso, información privilegiada, amenazas, tráfico de influencias, coacciones, blanqueo, delito fiscal, contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores, asociación ilícita/pertenencia a organización criminal, corrupción de menores y homicidio.

La denuncia presentada por su defensa y la de otro de los investigados, Florian Puscasiu, pedía detener al juez y al fiscal que arruinaron su carrera y encarcelaron a uno de los empresarios más exitosos del archipiélago. Los letrados alegaban que Penalva y Subirán coaccionaron de forma “espeluznante” a una testigo clave para que declarase siguiendo sus directrices. Según el diario local Última Hora, esta mujer habría afirmado que sus declaraciones sobre Cursach estaban redactadas por ellos dos y que ella se limitaba a firmarlas.

Sin embargo, el TSJB ha desmontado este intento de apartar a Penalva y Subirán. Todavía no ha resuelto la admisión a trámite –o no– de la querella contra ellos, pero ha rechazado las medidas cautelares solicitadas. La defensa del empresario pedía incluso la detención de los integrantes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional –a los que acusaban de haber hablado con la testigo clave para condicionarla–, así como la liberación de varios presos preventivos en piezas derivadas de la macrocausa. Para el tribunal, la adopción de estas medidas sería un “eminente desprecio a la independencia judicial”. 

En un duro auto emitido este martes, los magistrados recalcan que todavía no se ha concluido que haya sospechas para admitir a trámite la querella contra el juez y el fiscal, por lo que “menos podría considerarse que concurren indicios racionales de criminalidad que justificasen la prisión”. Además, el TSJB ha remarcado que las medidas solicitadas sobre Penalva, Subirán y la Policía “pretenden imponer actuaciones a otro órgano jurisdiccional” para las que carece de competencia. 

Cambio en el testimonio clave

Según la defensa de Cursach y Puscasiu, la testigo protegido número 31 ha cambiado radicalmente su testimonio y ha aportado grabaciones y conversaciones de Whastapp para defender que siempre siguió las instrucciones de juez y fiscal, algo que la propia mujer niega. Vicente 'Coco' Campaner –que defiende a Cursach– y José Ignacio Hererro –que representa a Puscasiu– aseguran que la misma persona que había testificado y ofrecido minuciosos detalles sobre las fiestas para policías y políticos costeadas por Cursach en un burdel que ella regentaba, ahora acusa a Penalva y Subirán de haberla coaccionado. Supone un cambio muy llamativo en el relato de una persona que incluso ha denunciado, tras declarar contra el empresario, que estaba amenazada y que la habían agredido.

En declaraciones a eldiario.es, Herrero, uno de los letrados de la causa, afirma que tanto él como Campaner solicitaron que se tomara declaración y que, si procedía, se detuviera al juez y al fiscal. “Me parece inaudito que continúen en la causa como si no hubiera pasado nada, su comportamiento deja mucho que desear”, alega. Se queja de que “en esta causa han detenido a gente por muchísimo menos”. “Parece que detener a unos es muy fácil y a otros es muy difícil”, protesta.

Además, la defensa de Cursach solicitó la retirada de armas –Penalva y Subirán pueden ir armados desde enero de 2016, tras la aprobación correspondiente de la Dirección General de la Guardia Civil, que les autorizó porque alegaron que temían por su integridad y que estaban amenazados–. 

“Aquí estoy por culpa de vosotros”

En el intento de apartar a los principales impulsores de la investigación, la querella incluye una serie de mensajes atribuidos a la testigo clave y cuyo contenido ha adelantado Vanity Fair. En ellos, se lee cómo el juez da ánimos a la mujer y se compromete a dar credibilidad a su relato: “Nosotros nos creemos lo de la agenda –documento en el que la regente del lupanar al que presuntamente acudían los altos cargos del PP dejó apuntados los nombres de estos como clientes del local–, pero me da miedo que estos hijos de puta –en alusión a las defensas– consigan sembrar la duda sobre su autenticidad y a quien hay que convencer es al tribunal”.

Además, según la interpretación que hacen de los mensajes los abogados de Cursach y Puscasiu, el juez del caso pide a la testigo comentar su declaración: “Cuando quieras y puedas a ver cómo atamos los cabos sueltos para que no te dejen por mentirosa”. En otro de los mensajes, Penalva le garantiza la protección de otros testigos que puedan corroborar su declaración: “Si hablas con alguna chica o chico que pueda confirmar que esta gentuza iba, recuerda decirles que lo haremos de otra manera. Se les dará un número, declararán tapados por videoconferencia desde comisaría y, si hace falta, distorsionando la voz”.

En esas conversaciones, el instructor garantiza su apoyo y el de Subirán a la madame y comenta que el fiscal “es más honrado que un abogado”. En los mensajes aportados figuran otras supuestas comunicaciones de la testigo relacionadas con los reconocimientos que hizo de policías investigados. La mujer aparece diciendo: “Tengo apuntados a todos –los policías– que me enseñasteis”. Según Vanity Fair, en esas conversaciones se llega a comentar que “Cursach va a morir en la cárcel, porque tiene setenta años y va a pasar allí diez”.

En uno de los audios aportados por la defensa del empresario en el juzgado, el fiscal asegura a la testigo protegida: “No te escandalices… la policía va a concluir, no ya si dices la verdad o si mientes, que eso es lo de menos, lo que va a concluir es que estás acojonada”. En otro momento, la mujer afirma: “¿Cuándo no he hecho lo que me habéis dicho? Incluso el peor día es cuando lo hice mal en una declaración y os cabreasteis mucho en un careo. Aquí estoy por culpa de vosotros”. 

Recusación contra Penalva

Paralelamente, el entorno de Cursach ha puesto en marcha otra iniciativa para apartar al juez Penalva. La defensa de Bartolomé Sbert, mano derecha del empresario y exdirector general del grupo Cursach, ha presentado una recusación contra Penalva para que otro magistrado se haga cargo de la investigación. Tras ser notificado el viernes por la mañana, el juez ha anunciado que no aceptará dicha recusación, por lo que será la Audiencia Provincial la que deba pronunciarse sobre si puede seguir o no con la instrucción.

Como adelanta mallorcadiario.com, en el escrito de recusación se habla de “la necesidad de recuperar la confianza y que el Sr. Magistrado se aparte del asunto (y de cuantas piezas dimanan del mismo)” para conseguir “el correcto funcionamientro de la Justicia”. El letrado asegura, entre otros motivos, que existe una “enemistad manifiesta” del juez hacia su defendido. Según este medio de comunicación, la defensa de Sbert alude también a los supuestos mensajes de Whastapp en los que la madame hablaría con Penalva, Subirán y policías. 

La testigo, denunciada por Anticorrupción

La historia ha sufrido el penúltimo sobresalto esta semana: el miércoles transcendió que la testigo clave ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por falso testimonio y denuncia falsa. Anticorrupción pide al juez Manuel Penalva que investigue e impute a la mujer, basándose en un informe de la Policía Nacional, que considera que la madame mintió al afirmar que dos inspectores, que actuarían como interlocutores de Cursach, le ofrecieron dinero, le aconsejaron marcharse del país y le quitaron su documentación.

La testigo interpuso una denuncia alertando de estos hechos. Según su testimonio, los dos agentes le habrían coaccionado para que afirmase que el juez y el fiscal le habían guiado en sus declaraciones en la macrocausa. Última Hora asegura que el informe policial retrata a la prostituta como “una persona mentirosa y querulante compulsiva” que “ha hecho de la mentira una forma de vida”. Ahora, Anticorrupción pide a Penalva que levante el secreto sobre esta nueva pieza.

Además de en los juzgados, la testigo ha decidido pronunciarse en los medios de comunicación. Este martes, en Telecinco, negó que ella hubiese grabado al juez y al fiscal y también los audios y las conversaciones adjuntados a la querrella contra Penalva y Subirán. La mujer también rechaza que se hubiese reunido con el abogado de Cursach 'Coco' Campaner para hacerle llegar las pruebas de las supuestas coacciones que sufrió. Última Hora y Canal 4 TV aseguran que el encuentro entre ella y Campaner fue grabado sin que ella lo supiera.

Manifestación en Palma

El caso 'Cursach' se retomó el pasado este lunes a raíz de las declaraciones del empresario y de su mano derecha Bartolomé Sbert por el presunto pago de sobornos –botellas de Moët Chandon incluidas– a funcionarios del Ayuntamiento de Palma y del Govern, a cambio de facilitar la tramitación de expedientes administrativos en beneficio de los locales de Cursach. En un interrogatorio de 15 minutos, el empresario no ha respondido a las preguntas del fiscal y se ha limitado a negarlo todo. Es su segunda comparecencia. En la primera, tras su detención en marzo, se negó a declarar.

Cursach, con un notable cambio físico tras pasar casi ocho meses en prisión preventiva e incondicional, llegó a los juzgados de Avenida Alemania en un furgón policial, acompañado por su lugarteniente Sbert, que se presentó con la cara tapada para evitar a la prensa. En su declaración, Sbert denunció presiones de la Policía Nacional para que implicara al expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, en el caso.

Mientras los investigados comparecían ante el juez, en los exteriores del Juzgado se ha llevado a cabo una concentración para solicitar la detención e inhabilitación de Penalva y Subirán, convocada por 'Coco' Campaner, uno de los letrados del hostelero. A la manifestación acudieron entre 200 y 300 personas, muchas del entorno de Cursach. 

La Unión Progresista de Fiscales considera que es “un mecanismo inaceptable de coacción y presión” y el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, ha pedido que se respete la independencia judicial. Por su parte, el Colegio de Abogados balear ha hecho un “llamamiento a la vuelta a la serenidad”.

El ambiente que rodea a este caso –en el que ha caído un todopoderoso hombre de negocios acostumbrado a codearse con las élites locales y que llegó a presidir el club de fútbol del Mallorca– es irrespirable. El Sindicato y la Asociación de Periodistas de Balears acusaron al abogado Campaner –que además de ser letrado, es boxeador– de amenazar a un periodista del Diario de Mallorca por estar disconforme con las noticias que publicaba. Tras pedirle una rectificación y advertirle sobre futuras querellas, Campaner le avisó a través de las redes sociales de que existe una supuesta grabación en la que la testigo clave alude al redactor: “Ah, y la madame también habla de ti en la grabación”.

El caso 'Cursach'

El sumario relata la caída de Cursach, un famoso empresario de la noche mallorquina, dueño de importantes discotecas –Pachá, Tito's y BCM–, hoteles y gimnasios –uno de ellos, Megasport, ha sido inspeccionado por primera vez este lunes desde que se abrió–. Los investigadores sospechan que se sirvió de policías locales que tenía a sueldo y cuya complicidad exhibía para amedrentar a la competencia. Desde 1985, habría pagado a agentes para que friesen a multas e inspecciones a cualquiera que quisiera montar un local en su zona de influencia.

Los agentes que ayudaban al empresario hicieron carrera con él: algunos acabaron como altos directivos de sus empresas, otros simultaneaban ambas tareas, y otros montaron sus propios negocios. Además, los policías, según el testimonio presentado por algunos testigos, habrían disfrutado de fiestas en los locales de Cursach, con prostitutas, alcohol y drogas incluidas. 

La trama de corrupción también involucró a la cúpula del PP balear –de hecho, la testigo clave situó a José María Rodríguez y al diputado Álvaro Gijón en las orgías que Cursach organizaba. A raíz de esta causa han caído Rodríguez, Gijón y la responsable de Organización, Sandra Fernández. El empresario nunca disimuló sus contactos con la alta política balear. Hasta el punto de que el entonces president Jaume Matas se entrenaba en uno de sus gimnasios.