El Gobierno juzga “imperativo” que el PP se siente a negociar ya la renovación del Poder Judicial

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha vuelto a instar este lunes al Partido Popular a que se siente a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una modificación bloqueada por el partido que preside Pablo Casado desde finales de 2018. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo mantiene “la misma disposición de siempre” a renovar el citado órgano constitucional y ha recordado la necesidad de cumplir con la “exigencia constitucional” de afrontar la reforma.

“Es imperativo que abordemos esta cuestión y tenemos la confianza en poderlo hacer”, ha remarcado la también ministra de Política Territorial, que ha evitado confirmar si el Ejecutivo ha modificado de alguna forma la propuesta de nombramientos para el CGPJ planteada en las últimas negociaciones con el PP, que finalmente saltaron por los aires el pasado febrero por segunda vez, tras dar también al traste el primer acuerdo por el polémico mensaje de Whatsapp del exportavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que con dicho pacto el PP se garantizaba el control de la Sala Segunda del Supremo “por detrás”.

Preguntada por las recientes polémicas vinculadas a Enrique Arnaldo, uno de los candidatos propuestos para el PP para el Tribunal Constitucional y cuyo nombramiento, pactado con el Ejecutivo, se aprobará esta misma semana en el Congreso –con el voto a favor de PSOE y Unidas Podemos–, Rodríguez ha insistido en que el Ejecutivo “se puede hacer cargo de los nombramientos que propone y no de los que proponen otros grupos”. “Ha de hacerse cargo quien lo ha propuesto”, ha añadido. A su juicio, en cuanto a la renovación de los órganos constitucionales, “lo importante” es dar “cumplimiento al mandato de la Constitución”.

Distintos medios de comunicación han ido revelando distintos aspectos del pasado de Arnaldo y su aparición en sumarios de corrupción como Palma Arena o Lezo sin ninguna consecuencia legal para él. En el caso de Palma Arena, la laberíntica causa de corrupción de Baleares centrada en el entonces presidente Jaume Matas, Arnaldo llegó a estar imputado aunque la causa se archivó contra él antes de llegar a juicio por prescripción de los hechos. Aseguró Arnaldo: “Mi paso por un juzgado se limitó a declarar en un proceso y fui exonerado”. Después pidió respeto a su presunción de inocencia.

Su imputación, tal y como explicó elDiario.es nada más conocerse el acuerdo, vino por su papel como sospechoso de ayudar al expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, a blanquear dinero simulando una contratación a su bufete. Medios como El Periódico de España han desgranado en los últimos días detalles del sumario, como por ejemplo que maniobró para colocar a Jaume Matas en la universidad con el entonces rector de la URJC y hoy magistrado Pedro González-Trevijano. También que una administradora de su despacho declaró ante el juez José Castro que pagaban comisiones al presidente balear.

Ante el Congreso Arnaldo se limitó a defender que nunca llegó a ser juzgado. Los diputados también le preguntaron por su presencia en charlas organizadas por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), ligada al Partido Popular, a lo que el candidato contestó: “Eran debates abiertos, plurales, con personas de distintas sensibilidades (...) la imparcialidad no se pierde por haber pronunciado conferencias en una fundación”. Sobre su actividad profesional y los contratos que recibió de numerosas administraciones controladas por el PP - aunque también por el PSOE, CiU, Coalición Canaria e Izquierda Unida - se limitó a asegurar a Elorza que tenía compatibilidad para hacerlo desde 2002.

Arnaldo zanjó su intervención asegurando que todo esto no compromete su independencia como futuro magistrado y tampoco supone una animadversión al PSOE y al actual Gobierno de coalición: “No tengo ningún tipo de beligerancia ni con este ni con ningún Gobierno”. Lo que quedó sin explicar fue su conversación con el expresidente madrileño Ignacio González en noviembre de 2016, en la que tal y como reveló La Sexta prometió a González estaba moviéndose “para que el nuevo que sustituya a esta señora [Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado] sea bueno”. Faltaba medio año para la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid pero ya entonces estaba en marcha la investigación -archivada hace un año- sobre su ático en Estepona.