A pesar de haber negociado hasta apenas unos minutos antes de que finalizara el plazo, las 16.00 horas de este martes, Gobierno y Partido Popular no han conseguido cerrar un pacto concreto sobre la reconstrucción en las dos materias en las que el partido de Pablo Casado se mostró dispuesto a acordar con el Ejecutivo, sanidad y Unión Europea. Los populares sí han conseguido del Gobierno algunas concesiones –materializadas en enmiendas transaccionales–, como la creación de la Agencia Nacional de Salud, una propuesta que viene recogida en el Plan Cajal por la Sanidad que presentó hace ya semanas Casado, o un plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios.
En todo caso, fuentes del PP han dejado en el aire su apoyo a los dictámenes finales, que se votarán mañana miércoles. “Tal y como nos comprometimos, el equipo dirigido por Ana Pastor ha dialogado y negociado a fin de llegar a acuerdos con el Gobierno y el PSOE. Esta tarde analizaremos las enmiendas del resto de grupos políticos y mañana anunciaremos el sentido del voto sobre los dictámenes de la comisión de reconstrucción sobre Sanidad y Unión Europea”, han concretado.
Los grupos tenían de plazo hasta este martes, a las 16.00 horas, para presentar sus enmiendas transaccionales –las que presentan de forma conjunta varios partidos– a los dictámenes aprobados el pasado 3 de julio en la Comisión para la Reconstrucción. A esa misma hora ha comenzado el debate de las enmiendas en el Pleno del Congreso. Una vez finalizado el debate de este punto, se abrirá el plazo hasta las 8.00 horas del miércoles para que los 350 diputados voten telemáticamente las enmiendas que se hayan mantenido vivas.
Hecho el recuento y anunciado el resultado por la presidenta, se abrirá un nuevo plazo para que los diputados que lo deseen voten telemáticamente el dictamen, que se dividirá en cuatro votaciones, una por cada grupo de trabajo, así como las tres posiciones particulares presentadas. La votación presencial se realizará al finalizar el Pleno del miércoles.
Desde el principio la pretensión de los partidos del Gobierno fue la de acumular un amplio apoyo parlamentario. Por eso pactaron una propuesta de conclusiones de mínimos y con elementos muy generales. De los documentos quedaron fuera medidas que se habían anunciado, como el impuesto a las grandes fortunas al que Pablo Iglesias no ha renunciado del todo o la derogación de la reforma laboral, que al final ha provocado una división entre los dos socios de la coalición.
Después de meses manteniendo un durísimo discurso contra el Gobierno, al que ha acusado de “mentir” y ha llegado a responsabilizar de los muertos en la pandemia, el PP decidió adoptar un perfil más moderado y pactista en la Comisión de la Reconstrucción. No obstante, el pasado 3 de julio, en la última sesión de la comisión, los populares votaron en contra de los dictámenes referidos a la economía y las políticas sociales, principalmente por la política fiscal del Ejecutivo –que planea una subida de impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, a lo que se opone de plano el PP– y por la polémica que generó que PSOE y Unidas Podemos no incorporaran a la educación concertada en sus planes de ayudas.
Los de Casado, sin embargo, se abstuvieron en los dictámenes de los bloques de Sanidad y Unión Europea, en los que la dirección del PP siempre ha visto posible el pacto con el Ejecutivo. En el área sanitaria, los populares presionaron al Ejecutivo para que asumiera un fortalecimiento del sistema nacional de salud que, según los populares –que han hecho de las privatizaciones una seña de identidad en las comunidades en las que gobiernan, especialmente en Madrid–, “necesita recursos”. El equipo de Casado planteó que el Gobierno aceptara la creación de una agencia estatal sanitaria, así como medidas que “unifiquen” los sistemas autonómicos o garanticen los suministros de medicamentos y medios para los profesionales sanitarios.
Las exigencias del PP eran más tajantes en el ámbito europeo, al acusar al Gobierno de que “con la excusa del fondo de reconstrucción se suban los impuestos a los españoles”. “Queremos más Europa, solidaridad y más responsabilidad”, ha asegurado siempre la encargada por Casado para negociar con el Gobierno Ana Pastor.
La dirección popular está “satisfecha” con la negociación llevada a cabo por el PP en las últimas semanas y con la labor de Pastor, representante del sector moderado del partido, heredero de los gobiernos de Mariano Rajoy –con quien ella fue ministra de Sanidad– y alejado de la corriente más conservadora de la que forman parte el propio líder del PP o la portavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. De hecho, esta última, que en los últimos meses ha protagonizado distintas polémicas por su tono bronco y crispado contra el Gobierno, fue apartada por completo de la negociación con PSOE y Unidas Podemos.