La posibilidad de reformar la ley electoral española es un tema que lleva sobre la mesa desde hace años. Si en el pasado era IU quien más presionaba para dotarnos de un nuevo sistema de elección de diputados, ahora el testigo lo han cogido Podemos y Ciudadanos.
El Congreso acaba de constituir la Subcomisión para la Reforma Electoral, que estudiará el tema de aquí a finales de año. Ya en 2009 el Consejo de Estado emitió un informe en el que detallaba ciertas recomendaciones para emprender dicha reforma.
En eldiario.es entrevistamos al politólogo Pablo Simón, doctor en Ciencia Política y profesor el la Universidad Carlos III de Madrid, sobre la conveniencia de esta reforma y hacia dónde debería caminar.
¿Es necesaria una reforma electoral en España?
No sé si la palabra es necesaria, pero conveniente sí lo sería. Hay aspectos de nuestros sistema electoral y de la LOREG que son mejorables y que los propios partidos políticos detectan que tienen insuficiencias. Por ejemplo en el voto rogado, que hay un consenso emergente clarísimo entre todos los partidos.
Hay una pulsión de intentar a través de la reforma del sistema electoral mejorar la proporcionalidad y la representatividad por lo que toca al sistema de listas y acabar, digámoslo así, con el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Creo que con pequeños cambios se podría conseguir que satisficiera a muchos más actores.
¿Por qué tipo de reforma se inclina usted?
Soy partidario del incrementalismo en temas de reformas electorales por dos razones: cuando uno hace una reforma tiene que intentar preservar los aspectos positivos, y uno que ha tenido nuestro sistema electoral hasta ahora es que ha permitido la alternancia en el poder, un aspecto fundamental. Pero también soy partidiario del incrementalismo porque creo que las reformas electorales tienen que ser factibles, por lo tanto, cuanto menores sean esos cambios, más fácil es trenzar consensos.
¿Cuáles podrían ser esos pequeños cambios a los que se refiere?
Por ejemplo se podrían afrontar cambios tan sencillos como incrementar el tamaño del Congreso de los Diputados a 400, cambiar la fórmula D'Hont a Sainte-Laguë y bajar el mínimo provincial de dos a un diputado. Con estas tres reformas mejoraríamos la proporcionalidad y el equilibrio territorial.
También podríamos introducir otras materias como el desbloqueo de las listas, más eficiencia en el mailing y la centralización de su envío, cambiar el voto rogado... Son todo reformas que no son excesivamente ambiciosas y que permiten un acuerdo como poco entre tres o cuatro de los actores políticos más relevantes en España. Supondrían una reforma sustancial sin irnos a modelos muy sofisticados ni a grandes reformas como las que han tenido otros países en el pasado.
¿Cree que es posible un acuerdo entre las partes ahora que han empezado a trabajar en ello en la Subcomisión para la Reforma Electoral?
Es más fácil el acuerdo en algunas materias que en otras. En todo lo que toque a componentes de la ley electoral pero no del sistema, es decir, que no afecten ni a la proporcionalidad ni al equilibrio dentro de las listas, el consenso es más fácil. Por lo que toca al cambio del sistema electoral es más complicado porque ahí tenemos que ver cuáles son los incentivos que tiene cada partido para cambiar el sistema en un sentido o en otro.
A mi juicio está muy claro que Podemos y Ciudadanos tienen incentivos muy claros para mejorar la proporcionalidad, el PSOE está en una posición intermedia y el PP de entrada se opondría. Entiendo que pequeños cambios serían más fáciles de consensuar al menos entre tres de estos cuatro partidos, como sí hemos podido ver en otros escenarios autonómicos, como Murcia.
¿Qué apartados de la ley electoral se encuentran blindados en la Constitución?
Tan sólo tres aspectos: primero, que tiene que ser proporcional, aunque no especifica cómo de proporcional tiene que ser; segundo, que la circunscripción electoral es la provincia, y por lo tanto si hubiera otro tipo de circunscripción requeriría un cambio en la Constitución, el cuál por cierto está en la parte no agravada, como el artículo 135; y por último, que el Congreso tiene que estar entre 300 y 400 diputados. Todo lo demás se puede reformar con una mayoría de 176 diputados que cambie la LOREG.
Algunos partidos pretenden reformar alguno de estos apartados, como que la circunscripción pase a ser la Comunidad Autónoma. ¿Puede suponer esto un escollo a la hora de reformar la LOREG?
No necesariamente. Comprendo que todos los partidos, sobre todo los nuevos, tienen una posición de partida de máximos. Pero lo que normalmente ocurre cuando empiezan a negociarse las reformas electorales es que existen más compromisos respecto a los principios generales que sobre la fórmula técnica. Es decir, si Ciudadanos y Podemos están de acuerdo en que quieren mejorar la proporcionalidad y simplemente con un incremento a 400 diputados y un cambio en la fórmula la proporcionalidad ya mejora, entonces no habría motivos para que Podemos se enroque en esa posición. Otro tanto podría pasar con Ciudadanos y su propuesta de un colegio de restos de 50 diputados a nivel nacional.
La experiencia por ejemplo de lo que está sucediendo ahora en Asturias es muy ilustrativa: los partidos pequeños, UPyD y Ciudadanos y ahora en este caso Ciudadanos, Podemos e IU, planteaban un distrito único, mientras el PSOE quería mantener las tres actuales. El punto de acuerdo ha sido crear una circunscripción nueva con un número de diputados a nivel autonómico. Así se tejen los consensos: te pones de acuerdo en el tipo de mejora que quieres y luego el arreglo técnico es lo que queda en la fase final de la discusión.
¿Cree que en caso de que se abriese el melón de la reforma de la Constitución aprovechando la reforma electoral sería conveniente aprovechar para tocar más artículos?
Totalmente. Lo que me preocupa de la reforma electoral es lo que llamo el problema de la consensina, el medicamento para mentes paralizantes. La excusa para no hacer nada es decir que nunca hay suficiente consenso para afrontar una reforma y por lo tanto reformas parciales de la Constitución nunca se hacen.
Yo me inclino por quitar artículos, no por poner. Por ejemplo, los relativos a la ley electoral o al sistema de investidura. ¿Por qué tienen que estar recogidos en las Constitución y no en una ley orgánica que yo pueda adaptar según la situación cambiante? Entiendo que otras cosas sí tienen que estar recogidas, como el catálogo competencial de las diferentes autonomías, que debe estar mejor regulado.
Mencionaba ahora el sistema de investidura. Tras las dos últimas elecciones generales hemos pasado por serias dificultades para investir a un presidente del Gobierno. ¿Qué otros sistemas podríamos plantearnos?
En Europa existen dos modelos. Los que llamamos parlamentarismo positivo, donde tienes que votar expresamente a favor de un candidato a presidente del gobierno, y el que llamamos el parlamentarismo negativo, en el cual conforme el Jefe de Estado te nombre presidente te conviertes automáticamente en él. Otra cosa es que tú luego superes o no el trámite y no te hagan una moción de censura. Normalmente estos sistemas tienen mociones de censura más simples, te tienes que asegurar que no te tumben después.
Lo que creo es que en España podríamos afrontar la transición a un sistema de parlamentarismo intermedio en el cual tuviésemos un modelo como el vasco, en el que tienes que presentar expresamente un candidato nominal. Por lo tanto no puedes votar a favor o en contra, solo a favor de un candidato o abstención. Aquel candidato que obtiene mayoría de los votos es el que sale investido. Es distinto que el sistema de Asturias, en el que dos candidatos pasan a una segunda vuelta. Este me gusta menos porque siempre acabas poniendo a alguien entre la espada y la pared.
Algunas comunidades autónomas ya han emprendido las reformas de sus sitemas electorales. ¿Cree que es algo que debieran hacer todas?
Hay mucho margen para la mejora. Cuando arrancamos el sistema autonómico casi todas las comunidades autónomas lo que hacen es copiar el sistema de la LOREG. En lo único en lo que ha habido cierta variación es en las barreras electorales, porque algunas las tienen más altas, del 5%, o ultra restrictivas, como en el caso de Valencia, que tiene un 5% a nivel autonómico. Otro elemento distintivo es que algunas, pese a ser uniprovinciales, como Asturias y Murcia, se dotaron de varias circunscripciones.
Todas ellas podrían emprender reformas sin mayor problema si quieren mejorar la proporcionalidad. Podrían tocar la fórmula, el tipo de lista que tienen, incorporar estas mejoras democráticas... Incluso el propio Consejo de Estado en un informe recomienda que probemos diferentes modelos en las CCAA.
Muchas de estas reformas electorales en su momento fueron criticadas desde ciertos sectores por provocar gerrymandering. ¿Qué es el gerrymandering? ¿Existen en nuestros diferentes sistemas electorales?
Es el fenómeno por el cual existe un trazado de las circunscripciones de tal manera que conviertes a determinados colectivos en minorías permanentes, provocando que nunca obtengan representación. En el caso de España esto no se da, porque a nivel general tenemos las provincias, que no provocan estas distorsiones. En todo caso sí se dio en el arranque de nuestro sistema autonómico: por ejemplo cuando arranca el sistema en Murcia con cinco circunscripciones se hace con el ánimo de cortocircuitar al cantonalismo de Cartagena, que surgía con mucha fuerza.
Las reformas que se plantean ahora en España van en el camino contrario: aumentar la proporcionalidad lo que asegura es que las minorías obtengan representación de manera más fácil.
El debate se centra en la reforma del sistema de elección del Congreso de los Diputados. ¿Por qué no también del Senado?
Normalmente no se habla tanto del Senado porque estamos en un sistema de bicameralismo asimétrico y el Senado pinta poco o nada. Es una cámara de segunda lectura pero a efectos prácticos el veto lo puede levantar una mayoría absoluta en el Congreso dos meses después. La razón por la que hablamos menos es porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre qué queremos hacer con el Senado.
¿Qué modelos se podrían plantear?
Un modelo posible es ir a un sistema como el Bundesrat alemán en el cual el Senado sea una cámara de representación de los gobiernos autonómicos, una especie de conferencia de Presidentes permanente donde cada uno mande a sus consejeros o representantes. Ahí no haría falta discutir ese sistema electoral porque no sería elegidos. Otros plantean cerrarlo directamente, mientras otros que lo votemos con un sistema proporcional, eliminando los senadores de designación autonómica, pero esto lo convertiría en un clon del Congreso.
Lo primero que tenemos que decidir es qué hacemos con el Senado y después miraremos el sistema electoral del que nos dotamos. Hay un elemento que sí es muy importante tener presente: el concurso del Senado es imprescindible para una reforma de la Constitución, y eso evidentemente sobrecapacita el veto de los partidos que tienen una representación más fácil en el Senado, en este caso el PP. Esto blinda cualquier reforma constitucional que no implique su participación.
¿Hacia dónde debería caminar esa reforma del Senado en su opinión?
Me inclino por un modelo alemán. Estaría bien tener una serie de conferencias intergubernamentales que se reunieran en esta cámara y que tomaran decisiones, asumo que por mayoría, sobre aquellos asuntos que afectan a sus competencias. Pero hay que pensárselo muy bien, porque también estaremos dando poder de veto a una cámara más, y eso puede generar choque de legitimidades. En principio me inclino por este modelo, pero no me cierro a contemplar otras posibilidades.
Una de las principales preocupaciones de los españoles es la corrupción. ¿Qué mecanismos se podrían introducir en una reforma electoral para tener un mayor control o una mayor rendición de cuentas entre políticos y ciudadanos?
Respecto a esto los estudios que tenemos invitan a la cautela. Muchas veces, y esto es algo curioso, los escándalos de corrupción hacen más probable que un país afronte reformas electorales porque hay mucha insatisfacción con el sistema político, pero las reformas electorales rara vez logran sanar los problemas de corrupción. Los problemas de corrupción de un país conectan más con la estructura administrativa de un país que con lo que se pueda hacer desde una reforma electoral. Por lo tanto, yo no creo que podamos inflar las expectativas respecto a esto.
¿Pero hay alguna medida que pueda ayudar a caminar en ese sentido?
Es cierto que una reforma electoral que asegure una gestión más eficiente, por ejemplo, de la financiación de los partidos, que aumente los niveles de transparencia, que permita que las cúpulas de los partidos pierdan el control sobre las listas (y en esto tienen mucho que ver los sistemas de listas desbloqueadas) o incluso sistemas que permitan que tienda a haber más gobiernos de coalición (porque hay más ojos que vigilan desde el Consejo de Gobierno), podrían avanzar en la buena dirección.
¿Cómo avanzamos en el control de la financiación de los partidos?
Aquí hay muchísima tela que cortar. Tengo la impresión de que aunque el PP se jacta de haber aprobado 200 medidas para la lucha contra la corrupción; con cinco hubiese bastado. Hay que afrontar algunas reformas muy concretas. Por ejemplo, en lo que toca a la financiación de los partidos, las fundaciones están fuera, y por lo tanto se permite que haya una ventana a través de la cual se puede colar la financiación ilegal de los partidos; esa ventana inmediatamente se tiene que tapar. Aquí habría que incluir también el hecho de que se permiten donaciones en especie a los partidos y las fundaciones, por ejemplo a través de bienes inmuebles, sin restricción de venta posterior.
¿Qué más aspectos son esenciales para mejorar la lucha contra la corrupción?
Tenemos que avanzar muchísimo en la gestión de transparencia. Nuestra ley de transparencia es muy deficitaria porque al final el Gobierno tiene una enorme cantidad de materias sobre las que puede vetar la solicitud de información, como por ejemplo la gestión energética, uno de los sectores que puede estar más interesado en corromper a políticos.
Otra reforma fundamental sería la de la función pública. Hay que reformar el sistema de contratación pública para asegurar que haya más controles, sobre todo de unos funcionarios que tenemos enormemente desempoderados. Tampoco tenemos un sistema de delatores de la corrupción: quienes denuncian estes casos están sometidos a presiones, están perseguidos, se ven obligados a abandonar su puesto de trabajo... El coste de denunciar la corrupción en España es muy alto. Esto son medidas sencillas que de momento el Gobierno no está estudiando.
¿A qué se refiere con funcionarios empoderados?
El sistema ideal para controlar la corrupción es que funcione como lo que llamaba Bentham un panóptico. Se trata del diseño de una cárcel la cual funciona con una forma hectagonal, con muchas aristas, y tú no sabes quién te está vigilando a ti, porque estás bajo el control de al menos cuatro guardias. Aquí ocurre exactamente lo mismo: lo que quiero es que los controles se maximicen, y por lo tanto que tenga que pasar cualquier decisión en términos de contratación pública por el máximo número de filtros posibles, los cuales no necesariamente sean elegidos de manera mayoritaria por parte del pleno.
¿Podría citar algunos ejemplos?
En algunos países de nuestro entorno recurren a la figura del burgomaestre o city manager, que es alguien separado de la decisión que toma el pleno. Es un funcionario que se elige por mayoría cualificada por una duración distinta al ciclo electoral, lo que asegura que haya alguien independiente que dé el marchamo para cada uno de los proyectos que se toma. A los políticos corresponde la decisión de las prioridades políticas para el gasto, pero no sobre la decisión de qué empresa contrata el servicio. Esa es una decisión que tiene que ser lo más técnica posible.
No digo que tenga que ser este modelo, sino que en la medida en la que nosotros separemos esa dimensión estaremos introduciendo controles adicionales y avanzaremos en la buena dirección.