El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que la pareja de la presidenta de Madrid cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. La ingeniería contable que utilizó para ahorrarse los impuestos de esas operaciones ha derivado en la denuncia presentada por la Fiscalía en el juzgado a partir de un informe de la Agencia Tributaria. El fraude estimado por Hacienda suma 350.951 euros y fue cometido en los años 2021 y 2022 cuando Alberto González Amador presentó las declaraciones de sus empresas sobre el impuesto de Sociedades. El comisionista está acusado de dos delitos de fraude fiscal y un tercero por falsedad documental.
Todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad al 100% de Alberto González, remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de González Amador, Maxwell Cremona, casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación, un contrato por “intermediar” para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.
La Agencia Tributaria, en un prolijo informe de 200 folios, fruto de una investigación que se ha extendido a lo largo de dos años, llama la atención sobre el secretismo del contrato aportado por González Amador, según el cual pactó ejercer como comisionista de FCS el 25 de enero de 2020, muchas semanas antes de que se desatase la crisis del coronavirus en España. La Inspección de Hacienda describe a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como “un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos” y destaca que “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”.
Fruto de ese acuerdo, supuestamente sellado en enero, el 5 de mayo de 2020 consta en el capítulo de ingresos de su empresa 834.320 euros bajo el concepto “comercialización de clientes” y la misma referencia figura el 5 de agosto de ese ejercicio para justificar otros 1.138.680 euros. El pagador de esa factura es la empresa que más material vendió a las administraciones públicas durante la crisis del coronavirus, FCS Select Products SL. Esta sociedad se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas hasta que encontró un nicho de mercado más rentable en plena crisis del coronavirus. Una de sus socias había sido condenada por estafa inmobiliaria.
Entregas en momentos críticos de la pandemia
Según figura en la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Las entregas de guantes y mascarillas se produjeron en dos momentos críticos de la pandemia: los meses de mayo y agosto de 2020. Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes está la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años.
El procedimiento para sellar la venta de mascarillas y guantes entre una empresa catalana y una gallega precisó, según la documentación aportada a la Agencia Tributaria, de un viaje a Nueva York de Alberto González Amador dos meses antes de que se decretase el estado de alarma en España, y de la actuación de varios intermediarios.
Se trata de otro detalle llamativo en estas negociaciones: que una empresa catalana para vender material a otra de Pontevedra tuviese que recurrir a Alberto González como comisionista y además se metiese por el medio una compañía radicada en Florida llamada IHD Inteconn.
El relato que hizo la pareja de Díaz Ayuso a Hacienda sobre el trabajo que llevó a cabo para cobrar esos dos millones de euros a cambio de lograr clientes para FCS es el siguiente: “Consistió en una intermediación para conectar a FCS con IHD Inteconn”, una firma radicada en Florida (Estados Unidos) “para llegar a Mape, potencial cliente final para FCS. Las actuaciones de promoción son conversaciones (videoconferencias, reuniones) mantenidas con las partes para proponer un negocio entre una empresa, FCS, que dispone de un mercancía que se estima será demandada en el muy corto plazo y MAPE, empresa consumidora de dicha mercancía. Tras múltiples conversaciones previas, finalmente el responsable de Maxwell [la pareja de Ayuso] mantiene una reunión presencial con Inteconn en New York los días 23 y 24 de enero de 2020, cerrando finalmente el acuerdo el 25 de enero de 2020”.
En el documento que supuestamente se firmó en enero de 2020, casi dos meses antes de que se decretase el estado de alarma FCS garantizaba a la pareja de Ayuso un porcentaje del 4,5% de todas las ventas que gestionase. Lo que se tradujo en casi dos millones de euros por dos operaciones en las que FCS, el proveedor catalán vendió a la firma gallega material por 42 millones durante 2020, el peor año de la pandemia.
El pagador, FCS Select Product, fue finalmente el proveedor que más material vendió al Gobierno de España (con una facturación superior a 250 millones de euros) y el comprador, Mape Asesores, también contrató con distintas administraciones públicas. En la página web de esta última sociedad figuran como clientes además del Gobierno de Madrid, el de Galicia, empresas públicas como la Casa de la Moneda, multinacionales como Inditex o Renault y también el grupo Quirón Salud, para el que lleva varios lustros trabajando la pareja de la presidenta madrileña.
El giro profesional de González Amador
El contrato de la empresa de González Amador con FCS supuso un giro profesional en la vida de la pareja de Díaz Ayuso. Hasta que estalló la crisis del coronavirus, Alberto González venía realizando servicios de consultoría y auditoría de sistemas de Gestión en certificaciones ISO, fundamentalmente, como consultor para el grupo Quirón. Hasta ese momento, esta empresa, propiedad de la multinacional alemana Fresenius (dueño de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid), era el “principal cliente” de la empresa del novio de Ayuso, según la denuncia de la Fiscalía.
Un portavoz de Quirón explicó, a preguntas de elDiario.es, que “Alberto González Amador lleva trabajando en consultoría y servicios de prevención laboral más de 25 años con distintas mutuas y clientes”. “Se incorporó como consultor externo en FRATER Prevención en 2003”. Y cuando en 2015 esta mutua fue adquirida por QuirónPrevención, “que no QuironSalud, otra empresa distinta a la gestora hospitalaria”, González Amador asumió “este y otros servicios”.
Esta situación se ha mantenido “hasta la actualidad”, según este portavoz, que subraya que “todas las facturas aceptadas y pagadas siempre van soportadas por servicios prestados y contratos en vigor”. La misma fuente, que niega que Quirón tuviera constancia de la facturación irregular de Alberto González Amador denunciada por la Fiscalía, ha rechazado hacer más comentarios.
El escrito de la Agencia Tributaria que llevó a la Fiscalía a presentar denuncia en el juzgado concluye que tras muchos años facturando a Quirón a través de su firma Maxwell Cremona, la pareja de Ayuso traspasó ese negocio a una segunda firma sin estructura ni trabajadores llamada Masterman and Whitaker. El movimiento llamó la atención de Hacienda que lo consideró otra maniobra de ingeniería financiera de la pareja de la presidenta madrileña puesto que se trataba de una sociedad instrumental incapaz de realizar los trabajos para la empresa de hospitales.
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