Ha sido una escapada digna de Houdini. Muchos pensaban que era imposible que José Luis Escrivá pudiera alcanzar un acuerdo sobre las pensiones que fuera suscrito al mismo tiempo por la Comisión Europea y Unidas Podemos. Parecía que el ministro de Inclusión y Seguridad Social sólo podía elegir una forma de fracasar. Bien decepcionaba a Bruselas y ponía en peligro la relación con las instituciones de la UE y la llegada de los fondos europeos o en el caso contrario enfurecía al socio y era el Gobierno de coalición el que amenazaba con irse a pique.
Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Acostumbrados a encajar noticias negativas en las últimas semanas, en Moncloa han podido dedicar unos momentos este fin de semana a suspirar aliviados.
La noticia cuenta con un obvio damnificado, el Partido Popular. Bruselas no deja de dar disgustos al partido de Alberto Núñez Feijóo. Desde el inicio de la pandemia, ha apostado en varias ocasiones por pensar que las instituciones europeas o gobiernos como el alemán terminarían haciendo con Pedro Sánchez más tarde o más temprano lo mismo que hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero: dejar que decidiera cómo quería suicidarse.
Fondos europeos, impuestos a empresas, mercado de la energía, reforma laboral... En todos estos temas, el PP acudió a Bruselas para que la Comisión o el Parlamento Europeo anunciaran que España iba camino de la perdición por culpa de la política económica del Gobierno de Sánchez. Nunca tantos esfuerzos obtuvieron resultados tan escasos.
El visto bueno de Bruselas no significa que el futuro de las pensiones esté asegurado contra toda contingencia en las próximas décadas. Es imposible que lo esté. Las pensiones de ahora se pagan con los impuestos de ahora, que es algo que muchos jubilados desconocen mientras creen que sólo les están devolviendo el dinero que ellos aportaron a lo largo de décadas de trabajo.
Es conveniente recordar que el acuerdo ha sido posible gracias a que incluye una evaluación por la AIReF cada tres años con el que confirmar la sostenibilidad del sistema. Y si la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal puede llevar a cabo esa revisión, es obvio que la Comisión también podrá hacerla.
La clave del acuerdo con la UE es que el Gobierno cree haber encontrado una fórmula para aumentar los ingresos de la Seguridad Social y compensar en cierto modo el impacto causado por el envejecimiento de la población. Se hará a través de incrementar las aportaciones de los sueldos más altos, que ahora no contribuyen a partir de los 4.500 euros brutos mensuales. Para esas personas, se aumentará la pensión máxima, pero no al mismo nivel de la subida de cotizaciones.
Los contribuyentes con menos ingresos también tendrán que aportar más, pero no tanto como los más ricos. Sin esos ingresos extra, la única alternativa sería recortar las pensiones a medio y largo plazo, y no hay ningún partido político que se atreva a plantear algo así por la cuenta que se trae en las urnas.
En una entrevista en La Sexta, Miguel Sebastián, ministro de Industria con Zapatero, dijo que la única reforma de las pensiones que se ha hecho en la última década es la que hizo el expresidente socialista. Si entendemos únicamente reforma como recorte del gasto público, es cierto. Se subió la edad de jubilación de 65 a 67 años y el periodo de cómputo para calcular la pensión pasó de 15 a 25 años, en ambos casos de forma progresiva. Todo ello se hizo bajo una fortísima presión de la Comisión Europea y de Alemania durante la crisis de la deuda soberana que hizo que España dejara de estar en condiciones de defender su soberanía.
Si una situación crítica no te permite garantizar la financiación de tu deuda en los mercados internacionales, no eres libre para decidir tu política económica. En un caso extremo, es lo que le sucedió a Grecia y no conviene olvidarlo.
El clima político en Europa ha cambiado en esta década. Lo que está ocurriendo en Francia está siendo observado con atención en Bruselas. El segundo intento de Emmanuel Macron de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años se enfrenta al rechazo de las encuestas y a movilizaciones en las que han llegado a participar cerca de dos millones de personas.
Cuando se pregunta a los políticos sobre las pensiones, suelen referirse al Pacto de Toledo, a veces como si fuera una estructura que merece la pena mantener. En realidad, el pacto no fue más que un acuerdo del pleno del Congreso en 1995 que estableció unas líneas generales y una voluntad de debatir conjuntamente los desafíos que afrontaba el pago de jubilaciones. Como se vio en los gobiernos de Zapatero y Rajoy, al igual que en el actual, nunca ha servido para sacar las pensiones del debate partidista, que era una de las intenciones del documento.
En su momento, el PP criticó con dureza que el Gobierno de Zapatero congelara las pensiones. Lo mismo que hicieron los socialistas cuando Rajoy las subió un 0,25% en 2013.
Por la misma razón, no se espera que el PP apoye ahora el acuerdo anunciado el viernes que tendrá que ser votado en el Congreso. El partido ha tenido auténticos problemas para expresar su posición sobre el aumento de las pensiones en un 8,5% y que no perdieran poder adquisitivo a causa de la inflación. Lo criticó, pero cuidándose de no decir que ellos no las habrían aumentado tanto. Son muchos votos los que están en juego.
El rechazo de la CEOE al plan por aumentar las cotizaciones sociales se daba por descontado. Los empresarios no se presentan a las elecciones, con lo que no tienen que preocuparse por las consecuencias políticas de las medidas. La sostenibilidad de las pensiones no entra en sus prioridades.
Desde los años ochenta, se ha repetido en la política, el mundo académico y los medios de comunicación la idea de que el sistema de pensiones es insostenible o camina de forma imparable a ese punto. Otra forma de describir el asunto es anunciar una guerra generacional irresoluble.
La realidad a día de hoy es que España dedica a las jubilaciones el 12,5% de su PIB, que está un poco por debajo de la media de la UE. El FMI considera que ese volumen de gasto “no es especialmente preocupante”.
¿Para qué sirve esa cantidad gigantesca de dinero que ascendió a 10.669 millones en pensiones de jubilación y viudedad en febrero de este año? Por ejemplo, para que el porcentaje de personas mayores de 65 años en situación de pobreza en España sea del 6,8%, según datos de la OCDE. En Alemania, es del 9,4%. En Reino Unido, el 13,4%. En Estados Unidos, el 21,5%.
Los números de estos dos últimos países sí que son insostenibles.
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