El PSOE acelera el deshielo con Junts para salvar la subida de las pensiones o las ayudas al transporte

Carles Puigdemont dio el pasado viernes por “suspendidas” las negociaciones políticas con el PSOE y llamó a convocar una reunión en Suiza “extraordinaria y de urgencia” con el mecanismo de “verificación y mediación” para restablecer la cooperación con el Gobierno. Y los socialistas tienen prisa porque eso ocurra cuanto antes. Aunque la semana pasada consiguieron retrasar un poco más el entuerto de la cuestión de confianza que registró Junts en diciembre, el tiempo apremia para recuperar el apoyo de los siete votos independentistas porque de ellos depende, entre otras cosas, que este miércoles se convalide o no en el Congreso la subida de las pensiones, las ayudas al transporte o ingentes cantidades de dinero para ayuntamientos de todo el país.

Aunque el PSOE no ha querido responder públicamente a la comparecencia del expresident de la Generalitat, en privado todas las fuentes socialistas consultadas apuntan que la reunión debía celebrarse de manera inminente y que la salida planteada les parece razonable. Para eso, apuntan, se designó en su día la figura de un verificador internacional, en el que ahora confían para encontrar un desbloqueo al enésimo desencuentro que evite que la legislatura descarrile definitivamente. Y la prueba de fuego que tiene en esta ocasión no es menor.

Cuestionado por la prensa sobre la letra pequeña de su desaire, el líder de Junts apuntó en su comparecencia en Bruselas que su partido mantendría negociaciones ya abiertas como la de la delegación de competencias en materia migratoria a la Generalitat, la de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas o la del desembolso de las inversiones pendientes de ejecutar en Catalunya respecto a antiguas partidas presupuestarias. De lo demás, se desentendió explícitamente. “Que no venga el Gobierno a buscarnos para sacar adelante no sé qué decreto, porque no es nuestra responsabilidad”, apuntó Puigdemont. Y en esa casuística se engloba justamente el desafío de esta semana.

Como enero es mes inhábil desde el punto de vista parlamentario, el Gobierno aprovechó para meter en el orden del día del Pleno Extraordinario de este próximo miércoles el denominado 'decreto ómnibus', es decir, un texto que incluye un sinfín de medidas de toda índole aprobadas por el Consejo de Ministros. Y ese texto es el que se debate y se vota esta semana en el Congreso para ser convalidado o, en caso contrario, para que decaigan todas esas medidas incluidas y que ya están en vigor. Y no solo son numerosas sino especialmente relevantes por su contenido.

El decreto contiene, por ejemplo, la revalorización anual de las pensiones que los jubilados verán reflejada a finales del mes de enero y que en esta ocasión el Ejecutivo fijó en el 2,8% con carácter general. En el detalle, las pensiones mínimas suben un 6%, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital un 9% y las de viudedad con cargas familiares un 9,1%.

Si es tumbado el decreto, la revalorización decaería de cara a los meses siguientes y el Gobierno estaría obligado a aprobar más adelante un nuevo texto que incluyese esa subida de manera retroactiva. Algo que, en cualquier caso, supondría un durísimo revés político para la Moncloa por afectar de lleno a una de las banderas de sus políticas sociales.

El texto que se someterá a votación incluye además buena parte del denominado “escudo social” desplegado por el Gobierno a raíz de la pandemia, primero, y de las consecuencias de la guerra en Ucrania, después. Entre esas medidas se contempla el bono social eléctrico a consumidores vulnerables, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional, la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores con pocos recursos y las medidas de protección a los afectados por la erupción del volcán de La Palma.

Pero el núcleo de las políticas desplegadas por el Gobierno tiene que ver con las ayudas al transporte. El texto que se debatirá y votará incluye la gratuidad hasta el 30 de junio de 2025 de los abonos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas de autobús estatal. Y se incluyen por primera vez los sistemas públicos de alquiler de bicicletas.

En el amplísimo redactado del decreto se incluye, por otra parte, unas entregas a cuentas históricas a las entidades locales de casi 30.000 millones de euros. En concreto, 26.893 millones de euros, un 13% más que en 2024 para alcanzar una cifra récord. De esta forma, el Gobierno de España pone a disposición de las entidades locales el mayor volumen de recursos de la historia desde el ministerio de Hacienda, y que María Jesús Montero encuadró en el apoyo a ayuntamientos con dificultades financieras o que “deban dar respuesta a problemas sobrevenidos, como el generado con el Suministro Inmediato de Información del IVA”.

Tanto el PSOE como la mayoría de grupos parlamentarios socios del Ejecutivo coinciden en que el paquete de medidas que se vota esta semana en el Congreso es del suficiente calado como para que ninguno de los partidos que prestan su apoyo al Gobierno desde la investidura se descuelgue del respaldo al decreto. Pero desde la bancada socialista, teniendo en cuenta los antecedentes y los últimos avisos de Puigdemont, se tientan la ropa antes de dar por hecha su convalidación.

Con la mirada puesta en el horizonte de poder llegar a negociar los Presupuestos Generales del Estado, el PSOE afronta la inminente reunión en Suiza con Carles Puigdemont con el objetivo de reactivar de forma urgente la colaboración parlamentaria para que el Congreso no vuelva a convertirse en un terreno hostil para el Ejecutivo, repleto de derrotas parlamentarias difíciles de encajar. Para esa cita el Gobierno prepara un acelerón de algunas de las medidas comprometidas en su día y aún pendientes de concretarse, con la delegación de competencias migratorias o el uso del catalán en el Parlamento Europeo como punta de lanza.