Las comunidades autónomas tendrán que tener capacidad para doblar las UCI para empezar la desescalada

Capacidad para doblar el número de camas de UCI y para tratar en zonas separadas a los pacientes o sospechosos de coronavirus en la Atención Primaria, si es posible, con ambulatorios únicamente dedicados a la COVID-19. Estos son dos de los principales requisitos que tendrán que cumplir las comunidades autónomas para iniciar la fase de desescalada, según recoge un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad adelantado por El País y al que ha tenido acceso eldiario.es.

El documento, titulado Recomendaciones Sanitarias para la Estrategia de Transición, es bastante claro en cuanto a la capacidad sanitaria que deben tener las comunidades autónomas para enfrentar posibles nuevos brotes epidémicos y se centra en dos aspectos fundamentales: la atención hospitalaria y la de Atención Primaria.

En cuanto a los hospitales, el informe especifica que se deben mantener los circuitos dobles o la separación entre áreas COVID-19 y no COVID-19. El documento plantea como requisito la capacidad de los sistemas sanitarios autonómicos de duplicar el número de camas UCI respecto a las que tenía antes de la epidemia. Además, contar con el número de respiradores adecuados para atender esta multiplicación de camas de cuidados intensivos y medicación necesaria para los pacientes que la requieran.

Respecto a la Atención Primaria, el Gobierno pone como requisito que estos centros traten en zonas separadas a los pacientes o sospechosos de coronavirus respecto al resto de la población. Y recomienda, si es posible, ambulatorios únicamente dedicados a la COVID-19

El documento, sin embargo, no especifica criterios epidemiológicos. Es decir, no establece con qué nivel de transmisión un territorio está ya preparado para empezar a levantar las restricciones impuestas bajo el estado de alarma. Establece que la delimitación de las áreas geográficas con capacidades de preparación adecuadas y con situaciones epidemiológicas y de riesgo homogéneas “se acordará con las comunidades autónomas”.

El primer criterio epidemiológico que se tendrá en cuenta, según Sanidad, es la reducción considerable de la transmisión del virus. Las cifras concretas “se están discutiendo”, ha reconocido Fernando Simón, pero los expertos proponen algunas “orientativas”: una tasa de incidencia de entre uno y dos casos nuevos por cada 100.000 habitantes y que la 'tasa R0', que mide el número de veces que contagia cada enfermo, sea inferior a 1 de forma sostenida. Sin embargo, el documento remitido a las comunidades autónomas no menciona ninguna cifra ni guarismo específico, sino que indica que los detalles de estos criterios se acordarán entre el Gobierno central y los autonómicos.

Otro de los requisitos que especifica el documento es el de la capacidad de detección y control de los nuevos casos. El objetivo es controlar los contagios a tiempo y, para eso, es imprescindible la Atención Primaria, lastrada por años de recortes. En la práctica, cada caso sospechoso debe ser identificado, diagnosticado y aislado. Aquí se mencionan sin especificar las infraestructuras necesarias para el aislamiento de sintomáticos, las famosas 'arcas de Noé' en hoteles o instalaciones públicas.

Además, la herramienta clave será el rastreo de todos los contactos de un nuevo positivo. Esto implica que los sanitarios tendrán que reconstruir dónde y con quién ha estado y encontrar a estas personas para seguir el recorrido del coronavirus. Para esto, el documento habla claramente del refuerzo de la Atención Primaria, que además deberá tener capacidad para atender el flujo de pacientes con patologías que no sean la COVID-19.

En una rueda de prensa posterior a la reunión por videoconferencia del presidente del Gobierno con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas, la vicepresidenta y ministra para la Transición ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que en esta nueva fase es clave para “la capacidad del sistema nacional de salud”. Para la construcción de la “nueva normalidad”, la fase que el Ejecutivo está diseñando para que los ciudadanos aprendan a convivir con el virus hasta que no se venza con la aparición de una vacuna, las autoridades destacan la importancia de la prevención, la prudencia y la proporcionalidad.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que el Gobierno está trabajando en los cuatro marcadores que figuran definidos en el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que servirán para evaluar “qué partes de territorios” pueden iniciar el plan de desescalada, que Sánchez presentará el martes. En esta estrategia las comunidades tendrán un papel esencial, según ha informado Illa.