La sentencia de las mascarillas establece que “un error” del equipo de Almeida propició las desorbitadas comisiones

La primera sentencia por la compraventa de material sanitario en pandemia plasma en 104 páginas la historia de un mal negocio a costa del erario público madrileño. La estafa que denunciaba la Fiscalía, la oposición política y el ayuntamiento de la capital fue en realidad una operación comercial que Luis Medina y Alberto Luceño pudieron culminar porque la administración local “incurrió en un error”, pensar que los empresarios no iban a cobrar comisión y que si lo hacían estaría muy lejos de los seis millones de euros que se embolsaron de los 11 que pagó el consistorio por las mascarillas, los guantes y los test de la COVID-19.

El testimonio más relevante con el que contaban las acusaciones para demostrar el engaño necesario para condenar por estafa era el de la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Responsable de las compras de material sanitario en pandemia, Collado aseguró en el juicio que tanto Medina como Luceño le dijeron “en varias ocasiones” que no cobrarían comisiones.  

El tribunal considera que su afirmación no se ha podido probar. Antes del juicio, cuando el ayuntamiento parecía más empeñado en demostrar que no hubo trato de favor con los comisionistas que en apuntalar los indicios de estafa, las declaraciones de Elena Collado no eran tan contundentes. Como recuerda la sentencia, la responsable de compras se había limitado a contar al fiscal Anticorrupción, en la primera y secreta fase del caso, y al juez instructor después, que la ausencia de comisiones fue una deducción suya a partir del comentario de Medina y Luceño de que querían “ayudar” en medio de una situación tan dramática.

Frente a ello, un audio reproducido durante el juicio muestra a Medina explicando a Collado que las mascarillas costaban dos dólares, pero que se estaban vendiendo a entre seis y ocho dólares cada unidad. Si el ayuntamiento pagó finalmente 6,6 dólares por unidad, los jueces, a quienes no convencen las difusas explicaciones de Collado, se vienen a preguntar a dónde creyó la representante del consistorio que iban a parar los 4,6 dólares de diferencia. 

El tribunal alega que la representante del ayuntamiento no se detuvo a pensarlo. “Se deduce que no dio a este detalle la relevancia que se pretende, puesto que para ella las prioridades eran, como ha expuesto reiteradamente, el precio final, las características del producto y posibilidad de suministro rápido”, recoge el fallo. 

Madrid terminó pagando el precio más alto por una mascarilla de todas las ciudades españolas con más de 300.000 habitantes, según estableció el Tribunal de Cuentas. Compró un millón de unidades. Los jueces concluyen: “Consideramos que la señora Collado incurrió en un error, al representarse que los acusados no cobrarían comisión, o que no lo harían por un importe tan elevado”.

“Así ocurre en el mercado: nadie regala nada”

La sentencia de la Sección Séptima alude en más de una ocasión a las normas del mercado y a cómo influyen en lo que es delito y lo que es solo una estrategia comercial. Respecto a que Medina y Luceño obviaran aludir a sus comisiones, los jueces establecen: “Una absoluta sinceridad no es esperable en cualquier ofertante, sin que su conducta deba necesariamente considerarse contraria a la norma”.

Hay otra referencia al sistema capitalista en el fallo. Aparece para rebatir el argumento del ayuntamiento de que la donación de 283.000 mascarillas por los comisionistas convenció a Collado de que su objetivo no era enriquecerse. El tribunal resuelve que Luceño y Medina descontaron esas mascarillas de lo que iban a embolsarse y que aun así les seguía mereciendo mucho la pena culminar la operación. “Así ocurre en el mercado, donde es sabido que nadie regala nada por nada”, añaden los magistrados. 

¿Hubiera comprado el ayuntamiento las mascarillas, los guantes y los test de saber que Medina y Luceño se embolsarían seis de los 11 millones desembolsados? Collado tuvo oportunidad de responder a esa pregunta en el juicio. “Afirma [recoge la sentencia] que se hubieran replanteado la operación de saber que las comisiones eran tan altas, pero en este punto su testimonio no es tajante, puesto que también afirma que el precio no se discutía y que la negociación era un ‘o lo tomas o lo dejas'”. 

Durante la investigación, el Ayuntamiento de Madrid se disculpó con que la decisión última de la compra de mascarillas se adoptó en el consejo de administración de la Sociedad Funeraria de Madrid, el órgano de la empresa pública que podía disponer del dinero para el material sanitario y donde están representados todos los partidos. La sentencia dice al respecto que “el particular relativo a las comisiones no aparece ni en el debate del Consejo de Administración, ni en el texto en el que se documentó la operación”, y que sus miembros se limitaron a seguir las “recomendación e impresiones” que le facilitó la responsable de compras del ayuntamiento.

Aupada por Feijóo

Elena Collado fue secretaria de Estado de Función Pública en el Gobierno de Mariano Rajoy. Cuando llegó la pandemia era la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, cargo que conserva a día de hoy. Durante la investigación del caso y después de que emergiera su papel en la compra del material fue elegida por Alberto Núñez Feijóo como responsable del PP nacional en materia de Eficiencia Pública. 

Cuando ocurrieron los hechos, por encima de Collado en el consistorio estaba la coordinadora de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, a la que reportaba las compras y que también sigue en su puesto. Tras analizar la sentencia, José Luis Martínez-Almeida apostó este miércoles por “no engañar a los madrileños” y advertirles de que recuperar los 6,1 millones de euros de las comisiones de Medino y Luceño no es “un camino sencillo” . 

El consistorio ocupó el estrado de las acusaciones durante el juicio, en calidad de perjudicado. Lo hizo con dos representantes, uno propio del ayuntamiento y otro de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios. La acusación popular, que integraban PSOE y Más Madrid, siempre ha sido muy crítica con la “pasividad” que mostró el Gobierno municipal durante la instrucción del caso.

El ayuntamiento fue el primero en conocer que la Fiscalía Anticorrupción había puesto el foco en Medina y Luceño al ser advertido por el Banco de España de los anómalos ingresos que habían tenido en sus cuentas. Durante 17 meses, la Fiscalía especializada desplegó una investigación secreta en la que se requirió documentación al Ayuntamiento y se citó a declarar a Elena Collado.

elDiario.es desveló las pesquisas el 31 de marzo de 2022 y, a continuación, la Fiscalía presentó una querella. No fue hasta después de eso que el consistorio se personó como acusación particular. La actitud del ayuntamiento en el caso de Medina y Luceño contrasta con el papel activo que tuvo denunciando en los juzgados otra presunta estafa que sufrió con material sanitario y que todavía está siendo investigada.

No hubo trato de favor al hijo del duque

Las informaciones que siguieron a la exclusiva de elDiario.es habían sacado a relucir la figura de Carlos Martínez-Almeida, un abogado del Estado en excedencia, como su primo el alcalde, que habría participado en el acceso de los comisionistas hasta Elena Collado, la responsable de Compras. La instrucción del juez Adolfo Carretero, descartó una acusación por delitos que tuvieran que ver con un posible trato de favor. En cualquier caso, el abogado del ayuntamiento optó por un papel secundario, sin apenas participar en los interrogatorios y evitando impulsar las pesquisas con la solicitud de diligencias. 

Los hechos probados que recoge la sentencia establecen que Luis Medina se puso en contacto con la directora de una elitista universidad madrileña donde estudió y que esta le conectó con el primo del alcalde. Este, a su vez, requirió una dirección de correo electrónico a la mano derecha entonces de Martínez-Almeida, amiga suya, y le facilitó la misma a Medina para que se pusiera en contacto con Elena Collado. Se trataba de una dirección habilitada para cualquier oferta que pudiera llegar de material sanitario en ese momento. 

“No sabemos cuál pudo ser la intención de los acusados y si la intervención en el proceso del señor Medina hubiera podido buscar alguna forma de trato privilegiado. Lo único que resulta es que el señor Medina, con su intervención, obtuvo una dirección de correo electrónico que desde el día 17 de marzo [de 2020] era la empleada con carácter general para realizar ofertas de compraventa material sanitario”, concluyen los jueces.

Otro de los argumentos que descarta el tribunal para absolver a los comisionistas es que “los contratos se cumplieron razonablemente” pese a las dudas que planteaban la calidad de las mascarillas –no se ha podido realizar una pericial fiable del producto por el transcurso del tiempo–, la longitud de los guantes –el ayuntamiento se los quedó después de un descuento– y la fiabilidad de los test –se usaron dos de los tres lotes y voluntariamente se renunció a emplear un tercero–.

Respecto a las elevadas comisiones, el fallo admite que seguramente contribuyeron a elevar el precio final del material vendido por la empresa malasia Leno, pero añade que su responsable, San Chin Choon, tuvo que saber de esta circunstancia, que la aceptó y que eso es parte del “negocio privado” que estableció con Luis Medina y Alberto Luceño.