Tres inspectores del Banco de España y una academia clandestina: muchas preguntas sin responder
Los hechos
Inspectores del Banco de España han montado una academia en la sombra para formar a opositores que aspiran a entrar con un puesto fijo en la entidad. La mayoría de los pagos a tres profesionales del supervisor bancario, incluido Alberto Casillas Cuevas, que es jefe de Resolución en la entidad, se hacen en mano y en metálico, siguiendo las instrucciones que los propios formadores dan a sus alumnos (este vídeo de elDiario.es es la prueba de ello).
El centro de formación clandestino, que no tiene nombre ni se anuncia en ninguna parte, lleva más de un lustro operando –primero con clases presenciales en un local del centro de Madrid y desde que estalló la pandemia de forma telemática– y durante este tiempo ha formado y cobrado siempre con los mismos métodos a decenas de alumnos, según los testimonios recabados por esta redacción, que además ha sido testigo directo de los pagos a los tres profesores.
De entre las decenas de aspirantes a entrar como inspectores al Banco de España, ni uno solo ha dicho haber visto recibos o documentos que acrediten sus pagos. Alumnos contactados por esta redacción aseguran haber abonado 10.000 euros por cursos de 18 meses siempre con la misma fórmula: pagos en billetes y en mano a los profesores. En una de las últimas entregas en metálico, la que se llevó a cabo en una jamonería de la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid, varios de los alumnos entregaron al inspector Juan Casillas 960 euros cada uno (lo que sale de multiplicar 160 euros por cada una de las dos asignaturas que imparte —Matemáticas y Estadística— en los meses de julio, septiembre y octubre). La cantidad máxima fijada por Hacienda el pasado verano para los pagos en efectivo es de 1.000 euros, según figura en la legislación para combatir el fraude fiscal.
Una tercera inspectora del Banco de España, Patricia Navarro-Rubio, nieta de quien fue gobernador de la entidad entre 1965 y 1970 tras ejercer de ministro de Hacienda de la dictadura, ha ideado en la asignatura de Sistemas Financieros un sistema de clases pregrabadas que envía a sus alumnos a cambio de 160 euros al mes por cabeza. Para reproducir los vídeos, que solo pueden visionarse durante cinco días, hay que acceder con contraseña y un nombre de usuario que aparece sobreimpresionado en la pantalla para controlar que no circulen entre otros aspirantes que no han pasado por caja. Este sistema hace imposible también saber cuántos alumnos tiene ni los ingresos que recibe por esta segunda actividad.
Los tres empleados tienen concedidos permisos para compatibilizar su trabajo en el supervisor bancario con estas labores de docencia, pero según la documentación facilitada por el Banco de España las solicitudes realizadas no cuadran con los trabajos que vienen desempeñando. El jefe de la unidad de Resolución, Alberto Casillas, solicitó un permiso para dar clases en el Centro de Estudios Profesionales, una entidad que nada tiene que ver con las clases particulares que imparte por su cuenta junto al resto de profesores.
A su hermano Juan Casillas se le concedió la compatibilidad para “realizar una actividad privada por cuenta propia, consistente en la preparación de oposiciones” en septiembre de julio de 2018, cuando llevaba ya varios años impartiendo clases a decenas de alumnos que llegaron a reportarle ingresos de más de 8.000 euros mensuales.
Lo mismo sucede con Patricia Navarro-Rubio: recibió autorización para dar clases por cuenta propia en septiembre de 2020, a pesar de que ella llevaba ejerciendo esta actividad al menos desde 2016.
El Banco de España no ejerce ningún control sobre las clases ni los pagos que reciben sus tres profesionales por preparar a opositores que quieren acceder a la entidad. Tampoco supervisa si las peticiones de compatibilidad sobre las que ha informado favorablemente para que sus tres inspectores puedan ejercer esta segunda actividad se adecúan a los trabajos de docencia que realizan. Fuentes del organismo sostienen que eso le compete a la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda, donde alegan que cualquier denuncia debería partir del Banco de España.
Veinticuatro horas después de las revelaciones de elDiario.es, que ha aportado testimonios y pruebas de la existencia de esa academia en la sombra que cobra mayoritariamente en metálico y que lleva operando más de un lustro, ningún organismo o institución ha abierto expediente o investigación sobre estas prácticas.
Los tres inspectores del Banco de España han rechazado ofrecer ninguna explicación a elDiario.es.
Lo que siguen son las preguntas que ni ellos ni el Banco de España como institución ni la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda han querido responder y que siguen en el aire.
Las preguntas
¿Por qué tres inspectores del Banco de España dan instrucciones a sus alumnos de esta academia en la sombra para que esos pagos, que según ha podido comprobar esta redacción a veces rondan los mil euros por trimestre y alumno, sean en metálico y en persona?
¿Por qué según los testimonios de los alumnos varios de los profesores pidieron durante el confinamiento esperar a que se levantasen las restricciones a aquellos alumnos que plantearon hacer transferencias por el importe de las clases?
¿Conocía el Banco de España la existencia de este centro de formación montado por sus tres trabajadores para preparar los exámenes de acceso a la entidad?
¿Declararon los tres inspectores del Banco de España a Hacienda la totalidad del dinero recibido?
¿Va a exigir el Banco de España a sus tres profesionales que aporten sus declaraciones de impuestos –ya que no están obligados a repercutir el IVA ni a realizar facturas– para cotejar si declaran todos sus ingresos en metálico por las clases que imparten y de las que ningún alumno tiene recibo?
¿Son estos tres profesionales, tras las informaciones reveladas por este periódico, las personas más indicadas en este momento para representar al Banco de España en la inspección de las entidades bancarias?
¿Algún Gobierno va a regular las clases particulares que altos cargos de la Administración imparten a opositores que optan a plazas en los mismo organismos donde trabajan los formadores?
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