El Poder Judicial insiste a los jueces en que no utilicen el SAP para privar a mujeres de las custodias de sus hijos
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue teniendo constancia de que hay jueces y juezas que utilizan en sentencias el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) aplicado a mujeres a las que acaban por privar de la custodia de sus hijos o hijas. Por ello, el órgano de gobierno de los jueces reitera la recomendación de 2013 y pide a los magistrados que dejen de utilizarlo.
Lo ha hecho el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del consejo en la guía de actuación judicial frente a la violencia de género, que acaba de actualizar. A lo ya dicho hace tres años, el CGPJ añade una sentencia del Tribunal Supremo que muestra “profundas dudas científicas sobre la existencia de ese síndrome y sus causas, consecuencias y soluciones”.
Este supuesto síndrome, que no ha sido reconocido por organizaciones científicas como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud, fue ideado por el médico Richard Gardner en los años 80. Según su teoría, un progenitor (la mayoría de las veces la madre) aliena a sus hijos contra el otro en el contexto de la disputa por su custodia.
Maltratadores con custodia
Garnder fue acusado de no probar científicamente el síndrome y de basarse en su experiencia –se encontraba en un litigio por la custodia de sus hijos–para formularlo. Por eso, el CGPJ califica el SAP de “teoría pseudo-científica” y muestra su preocupación por que sea usado “para culpar a las mujeres de los miedos o angustias razonables de los niños hacia su padre violento”.
Y es que muchas de las sentencias que aluden al SAP concluyen que la madre manipula a sus hijos o hijas en contra del padre porque han verbalizado un rechazo hacia él, muchas veces condenado por violencia de género. Esta supuesta manipulación es la razón, según los jueces y juezas que lo aplican, por la que hacen un cambio de custodia en favor del padre.
Fue el caso de Patricia y su hermano Jesús, que fueron durante años obligados a ver a su progenitor, condenado anteriormente por violencia machista. Una jueza concluyó que el rechazo que mostraban a las visitas procedía de “una influencia obstaculizadora materna”, llegando a prohibir a su madre y a todo su entorno tender contacto con los menores durante varios meses.
Años después, Patricia ya es mayor de edad y ha escrito un libro que se llama “Ya no tengo miedo”. En él relata el calvario al que le sometió la justicia obligándole a ver a alguien con el que no querían estar. Por eso, el Poder Judicial añade que “no puede fundamentarse un cambio de custodia en favor de un progenitor investigado por violencia de género en el llamado SAP”.
Convertir un problema relacional en enfermedad
Privar de la custodia a las madres y del contacto con los menores es el supuesto tratamiento que Gardner concibió como solución. “Defendemos la independencia judicial, pero hay que visibilizar que este síndrome –o cualquiera de sus denominaciones alternativas– es una construcción jurídica, no científica, que no debe usarse en sede judicial”, afirma Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio.
En nuestro país hay psicólogos y juristas que defienden el supuesto síndrome, incluso el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España emitió en 2008 un comunicado en el que lo validaba. La publicación fue contestado por varios profesionales críticos con el SAP. Así, la psicóloga clínica Sonia Vaccaro asegura que hay padres que pueden “malmeter”, pero “no es una enfermedad”.
La clave, afirma, radica en que “Gardner transforma un problema relacional en una enfermedad” que concluye en “el secuestro judicial del menor”. El CGPJ hace hincapié en sus recomendaciones en que el rechazo de un menor hacia su progenitor puede explicarse sin recurrir al SAP. Vaccaro asegura que esa actitud puede deberse a “antecedentes de violencia o de abusos sexuales”.
Son casos de este tipo –en los que la mujer denuncia al padre por presuntos abusos hacia el menor– los que ha acreditado el CGPJ. De hecho, muchas madres han comenzado a asociarse en colectivos como Infancia Libre, que cuenta con decenas de casos de mujeres a las que se les ha aplicado el SAP después de denunciar supuestos abusos. Estas madres denuncian “un déficit” de investigación de estos casos.
El SAP a través de los equipos psicosociales
De hecho, en su informe La justicia española ante el abuso sexual infantil Save the Children califica de “preocupante” que los juzgados den crédito al SAP “sin practicar una investigación exhaustiva, lo que podría conllevar la desprotección” de los menores. La ONG alerta de que esto “pueda estar obstaculizando la investigación de presuntos abusos sexuales sospechados e incluso verbalizados por niños y niñas”.
La mayoría de las ocasiones, tal y como específica la jueza Paloma Marin en su estudio El supuesto SAP y su proyección en las resoluciones judiciales, la mayoría de las veces este concepto “se introduce en las sentencias” a través de informes periciales. Los que elaboran los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. “Sin embargo, estos informes deben ser auxiliares y deben ser contrastados con otros”, apunta Carmona.
En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial añade en la actualización de las recomendaciones este 2016 como “esencial” formar “a los profesionales de los gabinetes psicosociales” en violencia de género. Marin, además, añade que el SAP “es un instrumento creado al servicio de la estigmatización de las mujeres”.
Así, la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) rechaza su uso y asegura que es “un grave intento de medicalizar lo que es una lucha de poder por la custodia de un hijo”. La organización lo define como “castillo en el aire” de Gardner y resalta el “sesgo de género” en su aplicación, ya que las sentencias con las que cuenta el Consejo General del Poder Judicial sobre el tema son referidas a mujeres.
