Este enero se cumple el octavo aniversario de la Ley de Dependencia. Un texto que debería haber puesto el último pilar del Estado del Bienestar: la diversidad funcional. Pero la combinación de la crisis económica, las exigencias sobre el déficit y los recortes la podaron hasta no dejarle casi ni brotar. Nada más llegar al Gobierno, el Partido Popular legisló a la baja los derechos de los dependientes. Ya lo habia avisado Mariano Rajoy aún siendo candidato: “No es viable”, vaticinó sobre la dependencia. Mantuvo su promesa.
La financiación
Quién paga y cuánto pone cada uno. Ese es el mayor problema de la Ley de Dependencia desde su gestación. Ni el Estado ni las autonomías se creyeron la teoría de que financiarían el sistema a partes iguales. Muestra de ello fue la dificultad para alcanzar los acuerdos necesarios entre los diferentes niveles de la administración para aprobar su desarrollo normativo. Así, no fue hasta varios meses después de su entrada en vigor, cuando se pudo empezar a aplicar la ley. La realidad, según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, es que las comunidades autónomas están asumiendo alrededor del 60% del coste de las prestaciones, mientras que las personas atendidas y el Estado pagan alrededor del 20% cada uno.
La crisis agudizó el problema de la financiación. Primero fueron los recortes: de los 1.498 millones de euros que recogían los Presupuestos Generales del Estado en 2011, en 2015 se han previsto 1.177, un 27% menos. Luego llegaron los cambios en la ley, que acabaron con su esencia de derecho subjetivo. En paralelo, la mayor parte de las autonomías, en situación de déficit, han ido perfilando nuevas estrategias para encubrir que el grifo de las ayudas se ha ido cerrando.
El copago
La ley previó el copago por parte de las personas que se beneficiaban de las ayudas, pero en menor medida a la actual. Con el Real Decreto 20/2012 que aprobó el Gobierno de Rajoy a los pocos meses de asumir el poder, los dependientes con rentas superiores al IPREM (532 euros al mes) asumen parte del coste de la prestación que reciben. También contabiliza la primera vivienda, por ejemplo. En la práctica, esto se traduce en que muchas familias teman pedir una plaza en un centro de día, por ejemplo, por miedo a no poder pagar lo que le corresponda. De esta forma, se consolidan las ayudas económicas al cuidador familiar.
Sobre las personas con dependencia recae también el aumento y ampliación del copago sanitario. Hay que tener en cuenta que en su mayoría son personas mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad, que antes estaban exentos del pago de medicamentos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) acaba de iniciar una campaña de recogida de firmas para impulsar una iniciativa legislativa popular de reforma de la Ley, “para establecer unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección”.
La lista de espera
El llamado limbo de la dependencia es otro de los males que arrastra la Ley. En la actualidad, 167.869 personas esperan a recibir la ayuda. Representan el 19% del total de personas con el derecho reconocido, un porcentaje que se ha mantenido a lo largo de todo el 2014.
Hasta el mes de agosto de 2012, la ayuda que correspondía a todas esas personas en lista de espera se iba acumulando, de forma que, si no fallecían antes, recibían los atrasos en cuanto se les hacía efectiva la ayuda. El Real Decreto 20/2012, del 13 de julio de 2012, eliminó la llamada retroactividad durante los dos primeros años. Es una forma de permitir a las autonomías tener a las personas esperando durante ese tiempo sin tener que asumir ningún coste.
Freno al calendario de implantación
A partir del próximo mes de julio, más de 300.000 personas entrarán en el sistema. Son los llamados dependientes moderados. Son los más autónomos, si bien necesitan ayuda para realizar las tareas de su día a día. En teoría, deberían haber empezado a beneficiarse de las ayudas en 2013, pero se retrasó su entrada en el sistema. Una vez más, la razón se halla en el Real Decreto 20/2012 del 13 de julio.
Si la tendencia no cambia, es de esperar que la lista de espera aumente aún más, porque a estos hay que sumar las nuevas solicitudes que se presenten. Eso sí, antes deberán pasar todos los trámites de evaluación de su situación y determinación de la ayuda, hasta que esta se haga efectiva.
Menos ayudas
La eliminación de la retroactividad ha provocado que muchas personas, tras años de espera, hayan muerto sin haber recibido una ayuda. Esta realidad, unida a que esas plazas y ayudas no se reponen, está provocando que descienda, mes tras mes, el número de personas que se benefician de la ley, según vienen denunciando los afectados y profesionales del sector. Así, de enero a noviembre de 2014 (son las últimas cifras oficiales que se disponen), 25.276 personas han salido del sistema. La cifra se dispara si tomamos como referencia el mes de agosto de 2012, que fue cuando entró en vigor el Real Decreto que modificó el espíritu de la ley. Desde entonces, se dan 51.223 ayudas menos.
Esta realidad choca con la estimación que se hizo en el llamado Libro Blanco de la Dependencia. El estudio, que en 2004 sentó las bases de la futura ley, preveía que en 2015 un total de 1.373.248 personas se beneficiarían de la ley. A día de hoy, la ley atiende a un 53% del total de personas que se estimó en su origen.
La excepción se hizo norma
La Ley de Dependencia nació con la ambición de crear una red pública de servicios de calidad para atender a las personas con dependencia, pero en la realidad, las ayudas económicas para la cuidadora familiar son la norma. Las reciben el 52% de los hogares con personas dependientes. Influye la voluntad de los afectados, que prefieren, por tradición, seguir con el cuidado en el hogar a cambio de una paga. Pero también tiene mucho que ver el hecho de que a las comunidades autónomas les sale más barato pagar una ayuda de 500 euros mensuales que una plaza en una residencia, de unos 2.000 euros, por ejemplo.
Pese al ahorro respecto a los planes iniciales de la ley, los recortes también se han aplicado a las familiares cuidadoras (más del 90% son mujeres). Por una parte, en julio de 2012, el Gobierno rebajó la cuantía de las ayudas económicas en un 15% de media, aunque dio carta blanca a las autonomías para reducirlas más. Por otra parte, el Gobierno dejó de pagar la cotización de la seguridad social de las cuidadoras. Desde agosto de 2012 corre a cargo de las familias, lo que ha provocado que estos cuidados de nuevo queden al margen de la economía estatal, ya que muchas mujeres no pueden asumir ese coste.
Esta realidad ha dejado miles de plazas de residencias vacías. Son aquellos centros que se construyeron con el fin de establecer conciertos económicos con las autonomías que nunca llegaron. La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) las ha cifrado en más de 50.000.
Trabas encubiertas
Al margen de los recortes y cambios legislativos, las familias de personas con dependencia llevan años denunciando las trabas encubiertas que se están aplicando para dificultar que nuevas personas se beneficien de las ayudas.
No fue suficiente con eliminar los dos niveles que se incluían en cada grado de dependencia. Así, la evaluación se simplificó a tres grados: grandes dependientes, severos y moderados. De esta forma se promovió que las personas quedaran en grados más bajos al que les correspondería, al eliminar los matices ya de por sí complejos.
A esto, se sumaron revisiones de oficio a personas dependientes cuyo estado se sabía con certeza que no iba a mejorar. Algunas familias vieron como el grado de dependencia variaba de un mes a otro e incluso como la cobertura de su prestación se reducía sin previo aviso.
La prevención invisible
Aunque ha acabado siendo la coletilla, la “promoción de la autonomía personal” se colocó en el primer lugar del título de la ley. El objetivo era prevenir antes que curar, no dejar que el estado de las personas degenerara hasta el punto que necesitaran ayuda constante, además, más cara.
La realidad es que este tipo de ayudas son prácticamente testimoniales. En toda España, solo se dan 21.677, un 2,3% del total. En Andalucía, Aragón y Cantabria ni siquiera se contemplan y en la autonomía que más da, Castilla y León, apenas representa un 10% del total.
Posibilidad de negocio
Mientras se produce el desmantelamiento de la ley de dependencia, las aseguradoras están publicitando nuevos servicios destinados a atender posibles necesidades futuras de dependencia. Aunque su implantación en el mercado es discreta, en los últimos meses han registrado un aumento significativo. En septiembre, últimos datos que ha publicado la patronal de las aseguradoras, Unespa, 34.630 personas tenían contratado un seguro de dependencia, un 59% más que al fin de 2013.
Ayudas a golpe de quejas
A vista de que sus derechos se esfumaban, las personas con dependencia y sus familiares han ido ganando protagonismo gracias a la fuerza que han adquirido las plataformas de la dependencia. La presión que ejercen en las calles, su repercusión mediática y la acción de sus abogados en los juzgados ha permitido que miles de familias reciban las ayudas o no pierdan sus derechos. A finales de 2011, las distintas plataformas y asociaciones que existían en varias autonomías y provincias se constituyeron como coordinadora estatal. Hace unos días, esta coordinadora emitió un comunicado denunciando como los recortes y reformas “han demolido y dinamitado progresivamente el sistema hasta llegar a la actual situación de colapso”.