El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la ley que impulsa la especialización de los operadores jurídicos en violencia machista. Con solo dos abstenciones y el resto de grupos a favor, la cámara ha dado luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia que implica reformar algunos apartados de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de “avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan en este ámbito por ser un elemento clave para una adecuada respuesta judicial”, tal y como se acordó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El pasado mes de junio, el Congreso aprobó la toma en consideración de la iniciativa, la primera que vio la cámara baja en aplicación del pacto, al que la misma dio luz verde en septiembre de 2017. La proposición de ley, presentada por el PSOE, fue la que utilizaron los socialistas para intentar su maniobra legal para poder aprobar sus presupuestos y que, finalmente, fue tumbada por PP y Ciudadanos. El trámite de la iniciativa prosiguió tal y como había sido concebida: para reforzar la especialización de los operadores jurídicos que tratan con violencia de género.
Así, la norma establece este fortalecimiento en tres vías: en la fase de oposición a la carrera judicial, durante el año de formación que siguen los magistrados en la Escuela Judicial y en el Plan de Formación Continuada que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece a los jueces y fiscales sobre diversas materias.
En el debate y toma de posiciones, todos los partidos han asegurado que se trata de un primer paso necesario pero insuficiente. Por su parte, Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea ha lamentado que la reforma no incluya también formación en violencia sexual y otras formas de violencia machista sobre las mujeres y se ciña exclusivamente a la violencia que se da en la pareja o expareja. Así, han apoyado la medida pero mediante “un voto crítico”: “Es evidente que estos juzgados no pueden centrarse otra vez solo en la violencia que se da en la pareja o expareja. ¿O es que las mujeres violadas no tienen derecho a todos esos derechos que sí les concedemos a las víctimas de la violencia machista en el ámbito de la pareja o expareja?”, ha preguntado la diputada Ángela Rodríguez Pam.
Por su parte, Ciudadanos ha hecho referencia a la tardanza con la que el pleno ha visto la primera medida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La diputada Patricia Reyes ha recordado a las dos mujeres asesinadas esta semana –y un caso más en investigación– que elevan a 43 el número de víctimas mortales en lo que va de año. “El sistema les falló. Las mujeres que reciben maltrato y denuncian no pueden seguir quedando sin protección. En muchas ocasiones, demasiadas, se encuentran con que, aún haciéndolo, no reciben protección alguna”.
Reyes ha celebrado que se hayan incluido las enmiendas presentadas por su grupo, entre ellas que existan dependencias diferenciadas en los juzgados para que denunciado y víctima no se tengan que cruzar, y ha anunciado que sí votará a favor de las enmiendas presentadas por Unidos Podemos, relativas a la ampliación de la formación a otros tipos de violencia.
Los socialistas, que registraron esta iniciativa como primera medida tras llegar al Gobierno, han hecho hincapié en que se trata de “una medida que no es suficiente, pero sí necesaria”, en palabras de la diputada Carmen Rocío Cuello. La Administración de Justicia se constituye en una de las piezas básicas para combatir esta lacra y es por eso que pedimos un esfuerzo a nuestras juezas y jueces para mejorar y dar respuesta certera a este problema“, ha explicado para concluir apelando al consenso.
Esta misma semana, todos los partidos afeaban al Partido Popular su intento de saltarse el acuerdo alcanzado para aplicar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El Congreso tramita otra iniciativa, un decreto aprobado en agosto por el Gobierno convertido después en proposición de ley, que incluye algunas medidas del pacto. Los grupos han consensuado que sea a través de enmiendas como mejoren el texto e incorporen más contenido al mismo. Sin embargo, el PP llevó a pleno esta semana su propia propuesta para aplicar el pacto, que finalmente fue rechazada.
En el debate sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, los populares han mostrado su apoyo, no sin antes recriminar a los socialistas su intento de incluir en la misma una enmienda sobre los presupuestos. “El PSOE la convirtió en una tramitación compleja y torpe al intentar tratar de introducir una reforma ajena al contenido. Se superó el escollo de su irregular tramitación y terminó como debería haber comenzado, con consenso”, ha dicho el diputado Francisco Molinero.
La norma aprobada por el pleno contiene formación continua a través de cursos específicos “de naturaleza multidisciplinar sobre la discriminación y la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones” y se dará “de manera transversal en el resto de cursos” que guarden relación con la materia.
Además se introducen pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer. Actualmente las y los magistrados destinados a estos órganos pasan por una formación obligatoria en violencia de género al entrar, pero la reforma diseña un sistema de especialización “preferente” como ya existe para otras materias como mercantil o contencioso-administrativo. La ley amplía, además, el temario que deben estudiar los aspirantes para las oposiciones y durante el año en que los jueces se forman en la Escuela Judicial, también se verán reforzados los contenidos.