La escuela concertada se revuelve contra la ley educativa que prepara el Gobierno. Los centros privados sostenidos con fondos públicos se han agrupado en la plataforma Más plurales, más libres, más iguales para realizar una campaña contra la norma, y han denunciado esta mañana en rueda de prensa que la LOMLOE “es una muy mala ley en todo, sin excepción”, según ha sostenido Jesús Muñoz de Priego, abogado y portavoz de la plataforma. “Lo peor es el ataque a la libertad de los ciudadanos, a la libertad de elección, a la libertad de enseñanza”, ha sostenido De Priego.
La plataforma, formada por las organizaciones Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO –patronales de escuelas privadas con concierto, familias católicas y sindicatos del sector– y otros colectivos más pequeños, ha cargado contra el Ministerio de Educación por el fondo, la forma y hasta los tiempos. “Es evidente que una pandemia mundial no es el mejor momento para promulgar una norma entre estados de alarma en una situación crítica sanitaria y por ende económica. Esto hace que se hurte el debate parlamentario, pero también adrede e interesadamente el debate social”, ha explicado De Priego. La plataforma apuesta por un Pacto de Estado en Educación y “una ley de consenso” frente a esta propuesta “partidista”.
Según la plataforma, “la lista de agravios es interminable”. Los peores, ha explicado el abogado, son el ataque a la libertad de elección educativa de las familias, que se haya eliminado la “demanda social” como elemento a la hora de planificar la oferta de plazas, la creación de una asignatura de Valores que “adoctrina”, que se rebaje el peso de Religión como materia, que ataque a la educación diferenciada “abocándola a la desaparición” o que se hayan inventado “un derecho a la educación pública”.
Los afectados de esta retahíla de medidas que incluye la LOMLOE, según Muñoz de Priego, son 260.000 profesionales entre profesores y personal no docente, “cerca de cuatro millones de familias”, “más de tres millones de alumnos que eligen cursar Religión y 9.300 centros de la red concertada, que ”ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos“. A más a más, ha ahondado el portavoz, es toda la sociedad la afectada. ”Esperamos que la gente vaya más allá de lo que es inmediato, que es su plaza“, ha asegurado. A tenor de lo expresado por el abogado, todo la red escuelas con conciertos, centros privados pagados con fondos públicos, está en riesgo.
Para luchar contra ese destino, la plataforma realizará una campaña contra la ley con varias acciones, como la recogida de firmas contra la ley, campañsa en redes sociales, movilizaciones en los centros los miércoles al acabar las clases y los martes ante el Congreso, todas ellas con las medidas de seguridad correspondientes por la pandemia. También se desplegarán lazos naranjas en defensa de la libertad de enseñanza. De denunciar la ley ante los tribunales no ha dicho nada, pese a que el abogado ha asegurado que atenta contra la constitución y la libertad de las familias.
Una vuelta a la LOE
Muñoz de Priego ha calificado la LOMLOE como “una vuelta a la LOE, 14 años después, una ley fracasada”. A la escuela privada subvencionada le preocupa que la LOMLOE proponga eliminar la “demanda social” como elemento definitorio de la oferta de plazas educativas, elemento que introdujo la LOMCE de José Ignacio Wert y nunca antes había existido. Esta fórmula viene a querer decir que si muchas familias piden ser matriculadas en un centro concertado y menos en la pública, la administración deberá construir más escuela concertada y menos pública, bajo el axioma de que eso quiere la sociedad. Y viceversa, claro.
El portavoz ha lamentado a este respecto que algunos gobiernos autonómicos del PSOE, también en coalición con Unidas Podemos, dirigen la solicitud de plazas para forzar a las familias a elegir escuela pública y manipular de esa manera la demanda social. No ha comentado nada, sin embargo, de la situación contraria: esos barrios, por ejemplo en ese laboratorio de las políticas educativas del PP que es Madrid, donde no hay escuela pública, como los de nueva construcción alrededor de la capital, y esos donde sí la hay, pero es prácticamente un gueto con tasas de inmigrantes del 90%, como es Tetuán. “Nos encaminamos a una planificación unilateral de la administración sin tener en cuenta los derechos de los padres. Pretenden hacernos creer que el derecho a la educación solo se garantiza con plazas públicas”, ha afirmado.
Respecto a las materias, Muñoz de Priego ha cargado duramente contra la creación de una asignatura de Valores, “una especie de Educación para la Ciudadanía revivida”. La plataforma no tiene tanto problema con la asignatura en sí como con de donde viene. “Si hablamos valores éticos consensuados del marco de la Constitución no habría problema. El problema es que la asignatura viene por le mismo grupo político que impuso EpC, que se convirtió en adoctrinamiento. Si esos valores estuvieran previamente determinados y los padres los eligen, eso es libertad. Pero si están impuestos sin consenso, hablamos de adoctrinamiento y va contra la libertad de enseñanza”, ha asegurado.
Las quejas académicas continúan con la asignatura de Religión, “postergada aún más, lo que la descarta de manera práctica del sistema educativo”. No ha comentado tampoco Muñoz de Priego la propuesta que realizaron los obispos al ministerio de Educación hace un par de semanas, por la que proponen la creación de una asignatura de Valores que incluya las enseñanzas religiosas de todas las confesiones.