“La justicia duda de los menores que narran abusos sexuales porque les concibe como seres inferiores”

Estrela Gómez Viñas lleva varios años evaluando la respuesta judicial ante los abusos sexuales a menores en el ámbito familiar. Esta mediadora social lo hace desde la coordinación de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), que desde 2010 intenta visibilizar la violencia sexual contra niños y niñas, un tabú del que pocas veces se habla pero que existe.

El colectivo ha recibido, sobre todo, casos de madres que denuncian a los padres por abusos contra sus propios hijos y aseguran haberse encontrado con una justicia que les ha dado la espalda. Una realidad que ha sido denunciada por organizaciones como Save the Children y Amnistía Internacional y que ahora ha llegado a la Comisión Europea a través de una queja presentada por Agamme y otros dos colectivos que dará lugar a una investigación.

La Comisión encuentra indicios de que “podría existir una falta de diligencia en la instrucción de los casos de abuso sexual” en España y da crédito a varias de las prácticas relatadas en la queja ¿Qué supone esta respuesta?

Que la Comisión reconozca que puede haber una transposición errónea de dos directivas europeas –la de lucha contra los abusos sexuales a menores y la referida a protección de las víctimas– en la legislación española es un paso muy importante. Esperamos que por fin el Estado español dé el paso de reconocer que hay un problema, dé de lado determinadas prácticas que dificultan la investigación de abusos y podamos conseguir una justicia adaptada a la infancia. Pero hay que ser cautos y esperar para ver en qué se materializa.

¿En qué se basa para afirmar que la justicia no se adapta a los menores?

En que en la base de los procedimientos hay algo que está fallando. Se estima que en torno al 20% de los niños y niñas sufren abusos sexuales y, de ellos, el 80% en el ámbito familiar. Sin embargo, a pesar de unos datos tan brutales, las víctimas que dan a conocer su situación, que son una ínfima parte, y llegan a los tribunales, se encuentran con un muro. Se tarda mucho tiempo en tomarles declaración, no hay profesionales expertos, los niños se sienten atacados y asustados, se encuentran con los presuntos agresores mientras esperan...

Además de estas prácticas, otro de los puntos clave denunciados es que hay una falta de credibilidad del testimonio del menor...

Sí. Hay una especie de presunción de falsedad cuando un niño o una niña relatan este tipo de abusos. Es algo muy pernicioso porque si el profesional o el juez que le toman declaración están pensando eso, el menor lo va a notar y la entrevista ya no se va a desarrollar con plenas garantías. Ellos sienten que el que le escucha está desconfiando de su relato. La justicia duda de ellos porque les concibe como seres inferiores, sin capacidad para narrar, para recordar o para decir la verdad, tal y como hace la sociedad.

¿Esto supone que el menor no está en el centro del procedimiento?

No, para nada. En vez de supeditarse el procedimiento a la víctima, como sería lo lógico en una justicia efectiva, es ella la que debe supeditarse al número de profesionales, a los medios, al trabajo que tengan... Por ejemplo, se toma testimonio cuando al procedimiento le resulta más factible, no cuando el menor está preparado. Esto unido al punto de vista desde el que vemos a los niños, rodeados de prejuicios sobre la narración infantil, hacen que no se les conciba sujetos de derecho.

¿Qué consecuencias tiene esto para el acceso a la justicia?

Hay varias. En primer lugar, la víctima va a sufrir más y tendrá mas posibilidades de sufrir revictimización, es decir, volver a sufrir por el modo en que se le hace atravesar el proceso judicial. Otro efecto es que se producirá una prueba defectuosa y que no se puedan recoger datos suficientes. Si el entrevistador no le deja hablar con calma porque tiene 30 minutos, hace preguntas poco delicadas o le demuestra que no está confiando en el relato provocará que el menor se cierre en sí mismo y el testimonio será de mucha menos calidad, que es la prueba fundamental.

La consecuencia final es que no se accede a la justicia. Hay menores que por ello no consiguen demostrar que han sido abusados sexualmente. Esto, en caso de que el acusado sea el padre, tiene unas implicaciones brutales porque habrá niños a los que se les obligue a establecer comunicaciones o regímenes de visitas con la persona que ha ejercido este tipo de violencia contra él. 

La Comisión Europea también va a investigar la aplicación en tribunales españoles del Síndrome de Alienación Parental (SAP) contra las madres...la aplicación en tribunales españoles del Síndrome de Alienación Parental (SAP)

Sí. Suele aplicarse a madres que denuncian abusos sexuales de los padres hacia sus hijos y a las que se les acusa de haber influenciado al menor. De hecho, otra de las claves de por qué se suele desconfiar del relato infantil es por la persona que denuncia. Hay padres y otros familiares que lo hacen, pero la mayor parte de las veces un niño va a contar lo que le pasa a su madre. Ahí nos encontramos con todos los prejuicios respecto a las intenciones de las mujeres, de pensar que quiere conseguir algo con ello.

De hecho, uno de los sinónimos del SAP es síndrome de la madre maliciosa. Es una teoría que no está reconocida y detrás de ella hay una ideología, pero hay juzgados y equipos psicosociales que la aplican. Y como consecuencia, aplican la llamada terapia de la amenaza, que es la “solución” ideada por el creador del SAP.

¿En qué consiste?

Es el tratamiento diseñado para ese supuesto síndrome de una madre perversa cuyo único objetivo es dañar a la figura paterna y que consiste en una batería de medidas basadas en la coacción dirigidas a madres e hijos: amenaza de aislamiento temporal, tratamiento psicológico o cambios de custodia en favor de los padres que han sido denunciados.

¿Cuáles son los efectos?

El primero es que los niños y niñas estarán desprotegidas porque se ven obligadas a tener que cumplir un régimen de visitas en contra de su voluntad con alguien del que han expresado que les produce temor. Pero a mayores tiene otro efecto disuasorio. Es una pedagogía perversa que trata de recordar constantemente a la sociedad qué puede suceder si tomas determinadas decisiones. Hay un orden establecido que gira en torno al padre, al patriarca. Si no se cumple socialmente, como hacen las madres que denuncian, se le recuerda esta obligatoriedad.

¿Este tipo de prácticas que denuncian en la queja se dan de forma sistemática o son casos aislados?

Generalizar es decir mucho porque también hay grandes profesionales que se implican y trabajan bien en este sentido. Pero lo que está claro es que es algo que existe, son prácticas que se dan en muchos casos y, sobre todo, si el abuso ha sido cometido por el padre. No hay tanto problema cuando se acusa a otros miembros de la familia, como abuelos o tíos. Save the Children ya ha avisado de que las trabas judiciales se dan especialmente en estos casos.

¿Cómo ha sido la respuesta del estado español a las denuncias que lleváis haciendo varios años muchos colectivos?

De manera sistemática no se atienden este tipo de quejas. Además, España no es un país en el que haya mecanismos efectivos de participación y cuando ha recibido varapalos, los ha ignorado. Es el caso de Ángela González, cuya hija fue asesinada por su padre violento en un régimen de visitas después de que ella manifestara en decenas de ocasiones que no quería verle. La ONU ha pedido a España que indemnice y repare el dolor de Ángela porque da por probado que hubo una negligencia, pero España lo ignora. Es escandaloso.