Los pactos municipales de PP y Vox ya están teniendo sus primeras consecuencias. En una de cada tres ciudades de más de 40.000 habitantes en las que el PP gobierna en coalición o con apoyo del partido de Santiago Abascal, el nuevo equipo de Gobierno ha eliminado la concejalía de Igualdad. En la lista hay dos capitales autonómicas, Valladolid y Toledo, y las ciudades de Burgos, Huelva, Talavera de la Reina, Orihuela, Molina de Segura y Ponferrada.
De las 23 ciudades de más de 40.000 habitantes en las que el PP gobierna con el apoyo de Vox, ocho han eliminado la concejalía de Igualdad o Mujer. Catorce ciudades la mantienen, pero lo hacen mezclando sus competencias con otras, en algunos casos tan dispares como Fiestas o Turismo, o con áreas como Mayores o Familia. En dos casos en los que el departamento se mantiene, la concejalía pasa a manos de Vox. Es el caso de Calviá, en Mallorca, y de Molina de Segura, en Murcia. En San Vicente del Raspeig aún se desconoce lo que sucederá con el departamento de Igualdad. elDiario.es ha tratado de ponerse en contacto con el ayuntamiento de la localidad sin éxito.
Son las concejalías de Igualdad las que se encargan, por ejemplo, de gestionar los recursos y la atención a mujeres que sufren violencia machista: casas de acogida, centros de urgencia, asistencia legal y psicológica... “Es preocupante porque precisamente los ayuntamientos, las concejalías de Igualdad, son la mano más cercana de las instituciones para las víctimas. Gestionan muchos recursos de atención que requieren de una dedicación imprescindible para salvar vidas. Si lo más cercano falla y se desentiende de la violencia machista, la sensación de inseguridad o los discursos negacionistas pueden ser fatales para las mujeres y sus hijos e hijas, y pueden llevar a las víctimas a no ver salida a su situación. Cuando hablamos de llegar a tiempo, las leyes son el marco, pero las concejalías de Igualdad son las que las aplican y garantizan que la prevención, detección y atención a las víctimas sean una prioridad”, reflexionan desde el Ministerio de Igualdad.
“Los ayuntamientos son la puerta de entrada a los recursos más cercanos a las mujeres que sufran violencia. Necesitan una atención especializada y una supervisión especializada”, subraya también Silvia Buabent, que fue directora del Instituto de las Mujeres durante el primer mandato de Pedro Sánchez y que acaba de ser nombrada concejala de Hacienda, Patrimonio e Igualdad en el municipio madrileño de San Fernando de Henares. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género aumentó, además, los recursos para que comunidades y ayuntamientos pusieran en marcha medidas concretas de prevención y atención.
Estas concejalías, prosigue Buabent, han puesto a disposición de la ciudadanía “recursos y herramientas para remover los obstáculos que impiden la igualdad y hacer que la participación política y económica de las mujeres sea real”. “Eliminarlas significa obviar la desigualdad estructural que sigue existiendo, entender que hombres y mujeres parten de la misma situación, un marco que creíamos superado. Es cargarte la especificidad y especialización de estas políticas”, analiza. El objetivo último de su eliminación, agrega Buabent, es demostrar que no son necesarios ni los enfoques ni los recursos especializados “y que el feminismo no ocupe espacios institucionales”.
Igualdad junto a Familia, Turismo o Artesanía
Los nuevos pactos y el consecuente reparto de delegaciones han hecho que en algunas de las 14 ciudades que mantienen la concejalía (Elche, Móstoles, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Guadalajara, Torrent, Valdemoro, Ciudad Real, Collado Villalba, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Calviá y Lucena), ésta pase de tener entidad propia a ser un área dentro de otra concejalía que recoge diversos temas. Por ejemplo, las ciudades de Móstoles y Arganda del Rey (Madrid), Torrent (Valencia) y Molina de Segura (Murcia) han pasado de contar con una Concejalía de Igualdad independiente a estar dentro de otras en las que el área se incluye junto a Familia, Consumo, Comercio, Turismo y Artesanía.
En Ciudad Real, el departamento se mantiene pero sufre un ligero cambio de nombre: de concejalía de Igualdad de Género pasa a ser concejalía de Igualdad a secas. En Calviá y en Molina de Segura, el departamento pasa a manos de Vox. En el municipio mallorquín hay preocupación sobre este cambio: “En la anterior legislatura, Vox votó en contra de diferentes normas de Igualdad que propusimos, como la protección de las mujeres que ejercen la prostitución o a las personas LGBT. Ahora reclaman concejalías en las que se tratan temas de los que son negacionistas para acabar con ellas. En el pleno de constitución de gobierno me dirigí al alcalde, del PP, y le dije que acababa de sentenciar la igualdad en Calviá. Ceden y muestran nulo interés en la protección de las mujeres y sus derechos con tal de gobernar, son cómplices de su desaparición”, sostiene Alfonso Rodríguez Badal, portavoz del PSOE, principal grupo de la oposición en el municipio.
La politóloga Silvia Claveria subraya que la supresión de estas concejalías puede hacer que las políticas de igualdad “pasen a ser algo subsidiario”. “Si no las eliminan pero quedan subsumidas dentro de grandes áreas con muchas competencias distintas o si no se dotan de presupuesto, también se les está quitando importancia”, añade la también profesora de la Universidad Carlos III, que recuerda que estos departamentos son los encargados de aplicar la perspectiva de género de manera transversal a la acción de Gobierno, de poner en marcha políticas de conciliación en el municipio o de la educación sexual en los institutos. Un ejemplo es el Plan Corresponsables: puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad, financia infraestructuras y planes de cuidados que deben ser diseñados y aplicados por comunidades y ayuntamientos.
En Collado Villalba, en la sierra de Madrid, gobierna el PP con apoyo de Vox. La Concejalía de Igualdad se mantiene pero la responsable de gestionarla es Noelia Díaz Vaca, una villalbina que preocupa a los partidos de izquierdas locales porque hasta la pasada legislatura pertenecía al grupo municipal Vox. Ahora, es la número 9 en la lista del Partido Popular del municipio. Según fuentes de Podemos Collado Villalba, “es una persona antifeminista que reniega del Ministerio de Igualdad, que carga constantemente contra Irene Montero y muestra desacuerdo con la ley de igualdad, la ley del solo sí es sí y la ley trans”. Además, aseguran que en sus intervenciones en los plenos locales ha expresado con asiduidad que “no reconoce la violencia de género”.
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