Podemos: habrá más ayudas en el Ingreso Mínimo de Solidaridad y exención de tasas educativas

La consejera de coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, ha anunciado su intención de modificar la base de cálculo del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) en 2018 de forma que se puedan incrementar las ayudas que perciben las familias en riesgo de pobreza y exclusión social. “Aún no sabemos cuánto”, matizaba, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales para explicar las políticas que seguirá su departamento en los próximos meses.

Además de aumentar la cuantía de las ayudas, Herranz ha dado a conocer que su departamento ya trabaja en la planificación de los Presupuestos para 2018 en los que se introducirá “una disposición adicional para mejorar el Ingreso Mínimo Solidaridad” incorporando, entre otras cosas, de cara al curso 2018-2019, exenciones de pago en los precios públicos de los servicios educativos como los comedores escolares o la estancia en residencias de estudiantes, por ejemplo, “a quienes cumplan los requisitos” y que las familias solo tengan que pasar por “una única ventanilla”.

Para la consejera, las dos modificaciones “más relevantes” están relacionadas con la duración de las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Por un lado, se elimina el “parón” en la percepción de las ayudas que tenían una duración de seis meses, fecha en la que se suspendían durante tres, hasta una nueva renovación. Eso ocurrirá “en la mayoría de los casos” y además, se elimina también el tope de 24 meses para recibirlas.

Para Herranz, estas iniciativas -que amplían lo que ya venía anunciando el Gobierno regional socialista- permiten “poner al ciudadano en el centro de la acción pública, con una política social moderna”.

La modificación del Ingreso Mínimo de Solidaridad servirá, además, para sentar las bases de la futura Renta Garantizada que la consejera ha vinculado a la puesta en marcha de la Ley de Garantías Ciudadanas cuyo borrador, tal y como adelantase en una entrevista a eldiarioclm.es, estará sobre la mesa en 2018 para iniciar la tramitación parlamentaria. “Hasta que hablemos de renta garantizada iremos integrando las medidas destinadas a todos los que cumplan los requisitos del IMS”.

La ley desarrollará las actuales tres “patas” del Plan de Garantías Ciudadanas vinculadas a alternativas habitacionales, garantías de suministros básicos en el hogar y la propia garantía de rentas.

La integración de las medidas y también de ayudas y prestaciones se verá complementada con un sistema de ventanilla única para agilizar los trámites a la ciudadanía que aún está por definir. “Es un elemento clave del Plan de Garantías Ciudadanas”, sostiene la consejera para reconocer que será un proceso “complejo” el de “generar una herramienta que pueda relacionar datos de las diferentes consejerías y aportar un portal único”.

La consejera cree que aunque el Ingreso Mínimo de Solidaridad ha experimentado “una evolución favorable” no garantiza una “cobertura suficiente” para una región que viene padeciendo 10 años “graves o muy graves” y que han supuesto un “duro golpe” a la ciudadanía hasta alcanzar cifras que hablan del 37% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. O lo que es lo mismo, uno de cada tres castellano-manchegos.

Los primeros pasos de la recién creada Consejería

En lo que queda de año, la consejería centrará su esfuerzo en “actualizar” el Plan de Garantías Ciudadanas y “matizar” aquellas cuestiones que tengan que ver con los presupuestos – en este año 2017 superan los 119 millones de euros- para llevar el nuevo documento a Consejo de Gobierno.

También en breve se anuncia la constitución de la Comisión de Seguimiento del plan como órgano “colegiado” para coordinar las acciones del plan y en la que estarán representados los departamentos de Bienestar Social, Economía, Educación, Fomento y el Instituto de la Mujer. Inmaculada Herranz no ha aclarado, a preguntas del Grupo Socialista, si los representantes den la citada comisión serán “técnicos o políticos”.

Herranz ha mostrado su intención de introducir, como presidenta de la Comisión, una “lógica de coordinación conjunta” y realizar un seguimiento de “cada prestación”, de su implantación y también evaluar cómo y cuánto se gasta sobre lo presupuestado para terminar elevando propuestas de mejora, en su caso, al Consejo de Gobierno.

Antes de todo eso, se realizará un “diagnóstico de situación” que incluya tanto los objetivos e indicadores de cada programa y un sistema de medición del impacto que las medidas puedan producir en la sociedad regional. Será a partir de ese momento cuando se pueda arrancar con la Ley de Garantías Ciudadanas.

Las ‘dudas’ del PP sobre las competencias de la nueva consejera

El PP ha centrado casi la totalidad de su intervención en los datos de ejecución presupuestaria de los distintos programas sociales repartidos entre las distintas consejerías o viceconsejerías para poner de manifiesto lo que “no se ha gastado”. Cortes Valentín ha solicitado “medidas preventivas y no seguir haciendo recortes a las familias que peor lo están pasando en la región”. Ha repasado departamento a departamento lo que no se ha gastado el pasado año.

“Estamos de acuerdo en que se haga una correcta ejecución presupuestaria pero para eso hay que proponer medidas y no solo la reducción de ayudas”, le respondía el diputado socialista Rafael Esteban quien recordó los “recortes” durante el Gobierno de Dolores de Cospedal.

En términos similares le respondía María Díaz, diputada de Podemos. “Señora Valentín se ha equivocado, el Debate sobre el Estado de la región no era hoy. Tendría que haberse leído el Plan de Garantías Ciudadanas porque basar su argumento en el acuerdo de investidura que, como usted ha dicho, está muerto…Ha confundido a la señora Herranz con otras consejeras”.

Ha afeado a los populares que su único planteamiento será “hacer ideología contable y no se trata solo de números y presupuestos, que también. Solo le oigo decir que por qué no se gasta más. Y a veces hay que hablar de política, poner un poco de imaginación. Piden gastar más pero no dicen cómo. Lo único que sugieren, ‘grosso modo’, es bajar impuestos para tener las mejores ayudas y prestaciones. Le invito a que lo explique”.

La propia consejera se refería a la petición de los ‘populares’ de “no seguir haciendo recortes a las familias” al recordar que “algunos de nosotros hemos entrado en política por lo que ustedes desmantelaron durante cuatro años”,

Lo cierto es que el PP también ha introducido algunas preguntas y sugerencias que han quedado sin respuesta. “Los centros de la mujer no deben estar dentro del Plan de Garantías. Deben seguir siendo gestionados por el Instituto de la Mujer”, señalaba la ‘popular’ Cortes Valentín para preguntarse qué va a pasar con el margen de maniobra económico del propio Instituto si de los 17 millones de presupuesto, 11 pasan a ser “controlados” por la Consejería de Podemos.

Valentín también ha preguntado, sin respuesta cómo se va a disponer de los seis millones de euros de GICAMAN para la rehabilitación de viviendas, cómo se gestionarán las oficinas de desahucios de las que, dijo, “han servido para colocar a gente a dedo cuando se podía haber utilizado a funcionarios” o cómo se “controlarán” las ayudas al alquiler, entre otras. También ha pedido a Herranz que especificase “sus competencias en relación a los comedores escolares”.