El cese de la interventora jefa andaluza reaviva el pulso de la Junta y sus auditores en pleno litigio de los contratos a dedo

El repentino cese de la interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, ha soliviantado al cuerpo de profesionales adscrito al órgano que fiscaliza las cuentas públicas y ha reavivado un conflicto laboral que les enfrenta desde hace meses.

Los auditores acusan a la Junta de haber aprobado una Ley para regular el cuerpo de inspectores sin dotarles de más personal, medios y recursos, lo cual –denuncian– imposibilita una labor de control interno efectiva dada “la enorme carga de trabajo y responsabilidades”. El pasado noviembre amagaron con ir a una huelga que la Consejería de Hacienda logró evitar proponiendo mejoras laborales y salariales que, dicen, “no se han cumplido”.

El choque, con el cese de la interventora jefa como último desencadenante, ha tensado la relación entre gestores e interventores de la Junta en plena investigación judicial contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia firmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2020 y 2024.

Un día antes de oficializarse su destitución, González convocó a unos 50 supervisores de su equipo a una reunión telemática, a través de la aplicación Teams, para explicar los motivos de su salida, aprobada en el primer Consejo de Gobierno tras las navidades, y para desmentir la versión oficial que había ofrecido la Consejería de Hacienda, responsable de su nombramiento en 2022 y de su cese la semana pasada.

El departamento de Carolina España aseguró a este periódico que la máxima responsable de fiscalizar al Ejecutivo andaluz se marchaba “por motivos personales”, porque arrastraba desde hace tiempo un “cansancio personal”, quería “estar con sus nietos”, e incluso se le había pedido que “aguantara un poco más” hasta encontrarle un sustituto.

González, en cambio, explicó a los interventores de su equipo que sus jefes la destituían por “pérdida de confianza”, según explican algunos de los que asistieron a esa reunión. Las mismas fuentes atribuyen el cese fulminante de su jefa a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez (su antecesora al frente de la intervención general de la Junta), a quien acusan de haber “incumplido el compromiso” de dotarles de recursos, medios y personal, además de firmar una mejora salarial extensible a todo el colectivo para equipararles al cuerpo de interventores de otras comunidades autónomas.

Este martes, preguntada por este asunto tras el Consejo de Gobierno, la consejera portavoz ha insistido en que el cese de la interventora general se debió a “motivos personales” y ha explicado que no informó la semana pasada porque “hubo muchos cambios de personal ese día”.

España también ha aprovechado para contar –“por curiosidad lo hemos analizado”– que en los cinco años en los que estuvo María Jesús Montero al frente de la Consejería de Hacienda hubo tres interventores generales. “Cuando alguien estima que quiere irse, ahí no podemos entrar”, zanjó. Este periódico se ha puesto en contacto con González, que no ha respondido a las cuestiones planteadas.

En el cese de la interventora general de la Junta se mezclan diversos problemas que han salpicado al Gobierno de Moreno en las últimas semanas. Por un lado, González es la autora directa del informe de actuación que elevó en 2022 a la consejera de Hacienda –una suerte de código rojo ante posibles indicios delictivos– denunciando un “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos en el SAS para sortear la Ley de Contratos del Sector Público.

En aquel documento, la interventora jefa mandató al Gobierno andaluz a modificar un sistema de contratación a dedo consistente en trocear una partida millonaria en múltiples contratos menores –no superiores a 15.000 o 30.000 euros– por una misma prestación o producto sanitario. La consejera de Hacienda recibió aquel informe de actuación, pero la Junta no cumplió con las recomendaciones el órgano fiscalizador que detectó incumplimientos de la ley y “salvedades de especial relevancia”.

Dos años después, los interventores provinciales del SAS emitieron informes de fiscalización definitivos, denunciando el mismo “abuso” continuado de “contratos menores en fraude de ley”, y poniendo en duda el sistema de adjudicación a dedo troceando contratos por un montante superior a los 1.225 millones de euros. En esos informes, los auditores también cuestionaban la continuidad –hasta 2024– de los contratos de emergencia que el SAS venía prorrogando desde la pandemia amparándose en un marco legal excepcional que ya estaba derogado.

Estos contratos son los que investiga un juzgado de Sevilla y la Fiscalía Anticorrupción y por los que están imputados la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

Falta de recursos para fiscalizar, la razón clave

El litigio judicial que emana de las auditorías internas del SAS y que salpica al Ejecutivo de Moreno es un “plus” en la “pérdida de confianza” que desemboca en el cese de la ya exinterventora general, pero auditores que se reunieron con González descartan que sea la “razón principal” de su destitución.

González se encontraba ahora en mitad de un fuego cruzado entre sus jefes, los responsables de Hacienda, y sus compañeros funcionarios y subalternos, que negociaban desde hace meses una reestructuración salarial del cuerpo de interventores. Entre los profesionales que trabajan en el órgano de fiscalización interna, los hay que tienen entre sus funciones la firma de expedientes, contratos o ayudas que diseña y aprueba un gestor del Gobierno autonómico. Una firma que aporta un “marchamo de legalidad” a esos contratos públicos, por ejemplo, los que autorizó el SAS, y que ahora son objeto de investigación judicial.

Varios interventores consultados por este periódico coinciden en que esta función de firmar expedientes de gasto del Gobierno les expone más que a los compañeros que no tienen esta tarea –por ejemplo, los que están en contabilidad. “Se la juegan más que otros que, a lo mejor, tienen que tramitar fondos europeos para Agricultura”, aseguran. La Consejería de Hacienda suscribía esta tesis, por eso ofreció un plus salarial –en torno a 5.000 euros más–, pero sólo para los interventores que firman expedientes.

El resto del colectivo se sintió discriminado, rechazó que funcionarios de la misma categoría superior en la Administración –nivel 28, 29 y 30– cobrasen distinto, y González se alineó con esta postura en el pulso con sus jefes. Así se lo planteó ella misma a los interventores que fueron convocados la semana pasada a una reunión telemática, según las fuentes consultadas.

Los informes de la Intervención General de la Junta que cuestionan los contratos sanitarios a dedo, tanto por el fraccionamiento masivo como por el “abuso” del contrato de emergencia amparándose en el marco legal de la pandemia cuando ya estaba derogado, han “tensionado” la relación entre la principal responsable del órgano de fiscalización y el Ejecutivo de Moreno.

La receptora de esos informes es la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta que, tras la polémica de los informes, ha restado importancia a las advertencias que vienen haciéndole desde hace dos años y ha defendido que las “irregularidades administrativas”, que no penales, “se están intentando corregir”.

Un informe de actuación con réplicas en las 8 provincias

Una investigación de elDiario.es Andalucía reveló el contenido de todos esos informes de Intervención que había recibido la consejera de Hacienda, y que dos años después de las recomendaciones y advertencias de irregularidades por parte del órgano de fiscalización interna seguían adjudicándose a dedo.

El 31 de mayo de 2022, tres días antes de la campaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Moreno modificó la ley que regula las funciones de la Intervención General de la Junta, eliminando uno de los supuestos para emitir un informe de actuación, una figura recogida en la Ley General de Hacienda para dar la voz de alarma cuando “se detectan deficiencias” en la gestión de los fondos públicos o “no se adoptan” las medidas propuestas para corregirlas.

El informe de actuación es, también, una advertencia severa que el máximo órgano de fiscalización interno de la Junta le hace llegar directamente a la cúpula de la Consejería de Hacienda cuando aprecia indicios delictivos en la contabilidad pública, o cuando el departamento que ha sido objeto de una auditoría durante meses se resiste a corregir las irregularidades denunciadas por sus propios interventores.

Con el nuevo reglamento, el Gobierno andaluz eliminó, en concreto, la obligación para la Intervención de elevar un informe de actuación a Hacienda “en aquellos casos en que se aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos”, un supuesto que sí aparecía en la normativa anterior, de 1999.

En noviembre de 2022, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, recibió un informe de actuación firmado por la interventora general cesada la semana pasada, donde alertaba ya del “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos en el el SAS de Huelva, una denuncia sobre el “vicio del procedimiento” de adjudicación a dedo que, dos años después, reaparecería en nuevos informes de los interventores del SAS en Huelva, reincidiendo en el “abuso” de “contratos menores en fraude de ley”.

La titular de Hacienda, jefa jerárquita del cuerpo de interventores de la Junta, ya agitó al colectivo al cuestionar en público las conclusiones de las últimas auditorías del SAS en Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén relativas al ejercicio 2021 –reveladas por este periódico–, que denunciaban el “abuso” de la contratación menor –1.225 millones de euros en las ocho provincias– a través del “fraccionamiento indebido e irregular” de contratos millonarios adjudicados a dedo a las mismas empresas y por la misma prestación, “con objeto de eludir” la ley, y los procedimientos en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva.

España explicó que el “fraccionamiento” de contratos denunciado por sus interventores era una práctica habitual en todas las administraciones, que llevaba implantada en la Junta desde la etapa socialista, y tildó las conclusiones de las auditorías de “irregularidades administrativas”, no delitos. “No debería, pero han existido siempre aquí, no sólo ahora”, dijo.

La consejera de Hacienda también restó gravedad al informe de actuación de la Intervención General que le puso en sobreaviso sobre los contratos menores en fraude de ley en el SAS de Huelva, hace ya tres años: “Un informe de actuación es un elemento normal en el control de fondos públicos, también los había antes”, dijo. España argumentó que no elevó las advertencias de la interventora general al Consejo de Gobierno porque ella no se lo pidió. “El criterio lo impone la Intervención, y yo no tengo ningún informe que me diga que tengo que elevarlo al Consejo de Gobierno, porque se están cumpliendo las recomendaciones” de los interventores, insistió.

En realidad, el último informe de los auditores del SAS en Huelva, que España recibió en mayo del año pasado, dejaba constancia de que a esas alturas aún “no se habían cumplido” las recomendaciones que dos años antes planteó la Intervención General en su informe de actuación. “No tenemos constancia de que no se estén cumpliendo las recomendaciones. Se están cumpliendo, si no, la Intervención nos diría que lo elevásemos al Consejo de Gobierno, y eso no ha ocurrido nunca”, zanjó España.