El presidente andaluz confiesa errores

Una vez emprendido el camino de corregir errores en su gabinete, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, podría seguir en ello y acabar con los disparates del acoso y derribo a sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán, “que los hay”. Si estos asumieron sin rechistar las penas por el caso de los ERE pese al convencimiento de que eran injustas, cabe esperar que el PP andaluz también acate la nulidad de estas condenas por el Tribunal Constitucional sin vociferar las mismas falsedades que este desmonta.

Moreno, en otro ejercicio de contrición, podría hacer copiar a sus voceros en su gobierno y el PP mil veces con letra clara y sin torcer renglones lo siguiente: los expresidentes no robaron 679,25 millones de euros, repite, no robaron 679,25 millones de euros; repite, no han robado el dinero de los parados; repite, nuestro Gobierno sigue pagando gran parte de esas prejubilaciones a los parados beneficiados; repite, las leyes de presupuestos no son ilegales salvo que lo dicte el Constitucional; repite, nunca hubo una trama política en los ERE; repite no es el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España; anota, hubo fraude sí, en la concesión de las ayudas y nosotros vamos a conseguir que devuelvan el dinero (hasta ahora gran parte se recuperó en la anterior etapa socialista).

Por ahora Moreno se ha cuidado mucho en pronunciarse sobre la nulidad del Constitucional a Chaves y Griñán y ha sido duro al hablar de los ERE, sin ver el grano de la corrupción en su partido. Ese silencio no se corresponde con los hechos, que son los que cuentan

La humildad o carencia de soberbia que Moreno exhibe al reconocer en su reciente crisis de Gobierno que había mala gestión en Salud, Educación y Cultura puede quedar en una estrategia de mercadotecnia si no se resetean las políticas. De hecho, el presidente andaluz ha optado por cambiar de cartera a sus titulares en lugar de cesarlos. Si tanto se esmera en no dar una imagen de despiadado y duro, cabe esperar que pronto cortará de raíz las frases de desprecio e insultos a sus antecesores por miembros de su gabinete.

Mas temprano que tarde, Moreno deberá afrontar la rehabilitación institucional de dos expresidentes que gobernaron más de dos décadas en Andalucía, con errores, pero también con aciertos y la voluntad de hacerlo bien, como el mandatario del PP-A reconoce de su propia gestión. El Constitucional anula las condenas de los expresidentes, si bien deja en manos de la Audiencia de Sevilla la revisión de decisiones en 2001 que podrían constituir delitos de prevaricación. Aún está por ver y agarrarse a ello para no reconocerles un sitio institucional y el derecho a la recuperación del honor, desvirtuaría esa imagen de presidente conciliador del que ha hecho gala desde que llegó a San Telmo en 2019. Y entraría en contradicción con lo que su partido defiende, por ejemplo, sobre Francisco Camps.

Por ahora Moreno se ha cuidado mucho en pronunciarse sobre la nulidad del Constitucional a Chaves y Griñán y ha sido duro al hablar de los ERE, sin ver el grano de la corrupción en su partido. Ese silencio no se corresponde con los hechos, que son los que cuentan. Un ejemplo fue el veto a la posible entrada de Chaves y Griñán en el Consejo Consultivo nada más conocerse la primera de las sentencias del TC. El PP votó en contra de esta posibilidad en la reforma de la ley del Consejo Consultivo pactada con el PSOE.

La división y rivalidades en el PSOE jugaron en contra de una buena defensa de los cargos en la causa de los ERE, sobre todo en sus comienzos, y ahora se repite con otros nombres en la escena. El PSOE andaluz parece que no lo puede remediar

La reforma consiste en pensionar con 83.758,22 euros anuales a los expresidentes hasta los 75 años como miembros permanentes del órgano asesor del Gobierno andaluz. Una reforma pensada para una jubilación dorada de Moreno y también de Susana Díaz, ya que son los únicos que por edad podrían beneficiarse. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, negoció que también favoreciera a los expresidentes mayores durante cinco años, sugerida para los socialistas Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. Por su inhabilitación, Chaves y Griñán quedaban fuera. Con la sentencia del Constitucional, el PP de Moreno se apresuró a romper el acuerdo con los socialistas y votó en contra. Moreno se retrató aquí y dejó ver que no piensa colaborar en la restitución reputacional de Chaves y Griñán, a cuya destrucción tanto contribuyó su partido en el pasado. El PP fue una acusación popular muy activa contra ambos. El actual presidente de la Junta ha perdido una ocasión de corregir aquellos errores. 

En realidad, Chaves y Griñán, de 79 y 78 años, habrían descartado la entrada en el Consejo Consultivo. Lo que desean los expresidentes es pasar página y el reconocimiento de su propio partido, que les había arrinconado incluso antes de las imputaciones y condenas. El PSOE andaluz de Juan Espadas puso en marcha una operación para reivindicar el nombre y legado de los expresidentes, si bien el acierto de la medida se convirtió en torpeza cuando se dejó llevar por el encono hacia su adversaria interna, la expresidenta Susana Díaz, a la que culpa de las voces críticas a su gestión. Lo que parecía una operación desinteresada por los expresidentes, se mudó en interesadísima a ojos de muchos. Dio a Moreno la coartada perfecta para seguir vetándoles. La división y rivalidades en el PSOE jugaron en contra de una buena defensa de los cargos en la causa de los ERE, sobre todo en sus comienzos, y ahora se repite con otros nombres en la escena. El PSOE andaluz parece que no lo puede remediar.