Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Primera querella en Andalucía contra los crímenes franquistas: “Necesito ser reparada. No fui una delincuente”

Isabel Alonso se ha convertido en la primera persona en denunciar en un juzgado andaluz los crímenes franquistas

Álvaro López

Granada —
28 de enero de 2025 00:18 h

1

Más de 115 querellas después, la mayoría archivadas, Andalucía se suma a denunciar ante los juzgados los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y que hoy en día siguen impunes. Isabel Alonso es la mujer que ha entrado en la historia por ser la primera persona que impulsa una denuncia de esta naturaleza en tierras andaluzas con el apoyo de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA). Ella fue víctima en primera persona de la represión franquista mientras estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. Por movilizarse contra la dictadura, fue detenida y multada en varias ocasiones, hasta ser encarcelada a finales de 1975.

“Necesito ser reparada personalmente. Necesito que se reconozca que ni yo ni ninguno de mis compañeros éramos delincuentes”. Nacida en Salamanca en 1953, Isabel Alonso creció en el seno de una familia conservadora y formó parte de aquella primera generación de españoles que no habían conocido la Guerra Civil y que, por lo tanto, estaban preparados para luchar contra la dictadura de Francisco Franco. Convencida de sus ideales por la libertad y el respeto a los derechos humanos, Isabel militó desde muy pronto en partidos y asociaciones de izquierdas, prohibidas durante la dictadura.

En 1970 se matriculó en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia y desde ahí emprendió un camino que acabaría académicamente en la Universidad de Granada, pero con un recorrido de resistencia antifranquista que le llevó a enrolarse en el PCE y a que, cincuenta años después, su militancia le haya convertido en la primera persona que impulsa una querella por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura en Andalucía.

Su letrado, Raúl Maíllo, admite la dificultad que tiene la denuncia de llegar a una conclusión positiva, pero se muestra “optimista” porque cada vez hay más “cuerpo legislativo” que ampara a las víctimas del franquismo. Especialmente desde que la Fiscalía ha creado una sección dedicada a velar por la Memoria Democrática, las opciones de que esta querella prospere aumentan.

Porque lo que Isabel Alonso ha denunciado ante los Juzgados de Granada no es sólo un ejercicio de memoria, sino de reparación. “En su momento, me detuvieron por delitos que hoy son derechos constitucionales como llamar al timbre de un amigo para hacer una manifestación”. Recuerda cómo, durante sus años de militancia en pleno franquismo, las detenciones de las que fue victima suponían un dolor “significativo” a nivel familiar. “No se podía hablar en casa y se producían rupturas”. Algo que alcancaría su punto álgido cuando fue detenida en octubre de 1975 acusada de ser militante antifranquista.

Encarcelada contra su dignidad

Pasó ocho días encarcelada, sufriendo agresiones que mermaron su integridad psicológica, moral y sexual. “Estaba embarazada y eso me salvó de las torturas físicas, pero no olvidaré cómo me hicieron un examen ginecológico que fue humillante: en la celda no había higiene de ningún tipo y cuando me exploraron me hicieron sentir denigrada”, cuenta. No en vano, esa era la intención de la represión franquista, hacer que los que militaban contra ella se sintieran inferiores socialmente. “No se respetó nunca nuestra dignidad”.

Tal fue el nivel del maltrato que sufrió en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, que entonces estaba situada en la Plaza de los Lobos, muy próxima a la facultad en la que ella se había graduado unos meses antes, que incluso una monja le sugirió que entregase a su hijo “a una de las muchas buenas familias católicas que no pueden tener uno”. Isabel está convencida que aquella práctica era “habitual” y que “a muchas mujeres encarceladas le hicieron la misma propuesta”. Ella jamás entregó a su hijo y él, que ya tiene 47 años, se jacta de broma de haber defendido a su madre antes incluso de haber nacido porque no sufrió golpes por estar embarazada.

Además de presentar la querella, se ha celebrado un acto simbólico en la misma facultad en la que Isabel estudiaba, que hoy es de Traducción e Interpretación. A la cita han acudido compañeros de su época universitaria e historiadores que han puesto encima de la mesa la necesidad de llevar a cabo estas iniciativas. Pedro Sánchez Rodrigo ha sido uno de ellos. Él ha flanqueado, junto con Cristina Álvarez de Morales, decana de la facultad, y el letrado Raúl Mailló, a Isabel Alonso. El historiador ha recordado la importancia de esta denuncia porque, medio siglo después de la muerte de Franco, “la reparación de las víctimas avanza muy lenta”.

Una lucha para el futuro

“Seguimos enfrentándonos a la desidia y el desinterés en nuestra actividad”, explica Sánchez Rodrigo como historiador comprometido en la memoria democrática. “Para empezar a olvidar, una nación debe haber recordado. Nosotros ni podemos ni debemos olvidar porque el proceso no está cerrado y el crecimiento del populismo neofascista nos advierte de fenómenos que creíamos olvidados”.

Para Sánchez Rodrigo la querella presentada por Isabel va más allá de la reparación individual porque cuestiona de forma directa la legitimidad de las instituciones y leyes del franquismo. “La dictadura no sólo suprimió derechos, intentó acostumbrarnos al miedo, a la indiferencia y a aceptar lo intolerable”. El historiador entiende que esta iniciativa es una herramienta para combatir la amenaza del neofascismo y garantizar que los crímenes del franquismo no queden en el olvido. “El futuro no está escrito, y recordar es nuestra mejor vacuna contra la impunidad”.

No en vano, la denuncia de Isabel Alonso no sólo busca el reconocimiento individual de los crímenes que sufrió, sino también el de todas aquellas personas que, como ella, se enfrentaron a la brutalidad del franquismo. Según Raúl Maíllo, su abogado, el objetivo principal es exigir “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Esto implica no sólo el reconocimiento de los tratos inhumanos, las torturas y la persecución política que Isabel padeció, sino también la necesidad de que el Estado español cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En palabras del letrado, los crímenes de lesa humanidad, por su propia naturaleza, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.

Maíllo también señala que, a pesar de los muros ideológicos y políticos que todavía persisten, el cuerpo jurídico actual ofrece razones para el optimismo. La Ley de Memoria Democrática, junto con los tratados internacionales suscritos por España, proporcionan herramientas legales para investigar los crímenes del franquismo y perseguir a sus responsables: “Lo fundamental no es sólo que Isabel pueda ver admitida su querella, sino que esta causa se convierta en un precedente para garantizar la reparación colectiva y, sobre todo, que configure un Estado que persiga la impunidad”. Esta iniciativa no sólo busca justicia para el pasado, sino que pretende ser un pilar para construir un futuro en el que hechos como estos no se repitan jamás.

Durante el acto, Isabel también ha recordado el papel que las mujeres jugaron en las luchas de la transición, muchas veces invisibilizadas. Desde las cárceles, no sólo sufrían por los delitos políticos de las que les acusaban, sino también por las leyes represivas que criminalizaban su vida privada: “Había mujeres encarceladas por adulterio, por aborto o por abandono del hogar. Nos movilizamos por amnistías que no estaban en los planes de los de arriba, y fue nuestra lucha en las calles la que impuso cambios que hoy damos por hechos”.

Para Isabel, la querella es una forma de honrar a quienes lucharon por una España mejor: “Hicimos más de lo que estaba en los planes de los poderosos. Impusimos libertad, democracia y derechos, y quiero que eso se reconozca. No éramos delincuentes, luchábamos por un país justo”. Así, con su querella, la voz de Isabel se alza no sólo como testimonio de alguien que se enfrentó a la dictadura pese a la represión, sino como una advertencia de que la lucha por la memoria democrática es también una lucha por el futuro.

Etiquetas
stats