La jueza de Cádiz que investiga un supuesto delito de malversación y prevaricación en el fraccionamiento masivo de contratos millonarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas ha desestimado el recurso de reforma de los letrados de la Junta en el que pedían personarse en la causa sin aclarar en calidad de qué: como acusación o como investigado responsable de los hechos que se investigan.
La magistrada Rosa María García Jover, siguiendo las alegaciones de la Fiscalía de Cádiz contra el recurso del Gobierno andaluz, ha dictado este martes una providencia en la que deniega la personación de los letrados del SAS en la causa de los contratos troceados. La causa pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, “eludiendo” la ley de contratación, según recoge un informe desfavorable de la Intervención de la Junta, que forma parte de la investigación.
Es la segunda vez que la Junta intenta sin éxito formar parte de la causa para tener acceso a la investigación desde dentro, pero sin aclarar su “posición procesal”, es decir, sin clarificar si es parte perjudicada en la supuesta malversación de fondos públicos o si es parte responsable.
En su recurso de reforma, presentado el pasado 18 de febrero, letrados del SAS insistieron en que la Junta fuera “admitida en dicho procedimiento mediante una personación ad cautelam”, es decir, “sin concretar exactamente su posición procesal, dado que al no poder acceder al contenido de las actuaciones, es imposible concretarla, con el consiguiente perjuicio e indefensión que ello genera, toda vez que sólo es posible acceder a las mismas cuando la personación es admitida”.
El Ministerio Público impugnó ese recurso el pasado 26 de febrero, dirigiendo un escrito a la jueza instructora con sus argumentos contrarios a la personación de la Junta, que ahora hace suyos la magistrada: “el procedimiento está en fase inicial”. La jueza deniega en su providencia la personación del Gobierno andaluz, argumentando que, de momento, la investigación por malversación de los contratos sanitarios troceados “no se dirige contra persona determinada”, subraya, “desconociendo si el SAS de la Junta de Andalucía pueda resultar responsable civil en cuyo caso se le llamaría a declarar o en su caso perjudicada en cuyo caso se admitiría su personación como acusación particular.
La fiscal de Cádiz, Patricia Navarro, ya adelantó en su escrito a la jueza que “ninguna documentación ajena al propio SAS obra en el procedimiento, por lo que no se produce ningún tipo de indefensión dilatando la personación del mismo hasta tanto se determinen los investigados” y la Junta pueda aclarar la posición procesal que le corresponda.
La investigación de los contratos troceados del SAS en Cádiz parte de una denuncia de Podemos, cuya líder en Andalucía, Raquel Martínez, ha anunciado esta mañana la providencia de la jueza contraria a la personación de la Junta en el proceso. Podemos también había presentado alegaciones contra el recurso del Gobierno andaluz en la misma línea del Ministerio Fiscal: “La personación exige la adopción de un papel procesal concreto y determinado (acusación particular, popular, investigado, responsable o actor civil, etc.) y una vinculación con el presunto delito investigado acorde a la posición procesal que se pretende ocupar”, sostiene su escrito.
Martínez ha destacado hoy que el presidente Moreno, públicamente, “intenta restar importancia y magnitud a este caso”, mientras su equipo jurídico ha intentado dos veces personarse en la causa judicial. “Pedimos a Moreno y a su Gobierno que dejen de hacer negocios con la sanidad pública”, ha dicho la líder de Podemos Andalucía, acusando a la Junta de “saltarse la Ley de Contratos del Sector Público para beneficiar a intereses privados”. “Basta ya de fraccionar contratos, de saltarse la ley y de regar con dinero público a los que quieren hacer negocio con nuestra salud”, ha denunciado esta mañana desde Málaga.
La jueza García Jover, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento masivo de contratos del SAS en Cádiz en 2021, ha citado a declarar en calidad de testigos a dos interventores y dos altos cargos del Gobierno de Juan Manuel Moreno. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó elDiario.es, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz quiere interrogar a los responsables de los informes desfavorables de la Intervención de la Junta que denunciaron el troceamiento “indebido y masivo” de contratos millonarios del SAS, haciéndolos pasar por cientos de contratos menores encadenados –todos destinados a pagar la misma prestación o servicio– para así “eludir” la legislación.
Los auditores pusieron bajo sospecha el gasto total del SAS en contratos menores –en cantidades inferiores a 15.000 o 30.000 euros– que llegó a sumar 234,5 millones de euros al final del ejercicio 2021. El próximo 2 de abril deberán prestar declaración ante la jueza Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, interventores provinciales del SAS en Cádiz; y el día 3 de abril lo harán dos jefas de servicio del mismo departamento, Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.