Un juzgado investiga posible malversación del Gobierno andaluz en el fraccionamiento de contratos sanitarios

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha abierto diligencias por “posible existencia de un delito de malversación” en la adjudicación de contratos menores por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz por valor de 235,4 millones, según ha informado en rueda de prensa la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez.

Este partido denunció los hechos el pasado 1 de octubre, un día después de que elDiario.es Andalucía informara en exclusiva de que la Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, había destapado miles de contratos menores “en fraude de ley” en las Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz. Los auditores del SAS elevaron a la dirección gerente cuatro informes “desfavorables” sobre fiscalización en la contratación de obras, bienes y servicios entre enero y diciembre de 2021 por valor de 458 millones en las citadas cuatro provincias. Unas semanas más tarde trascendieron las cifras en las otras cuatro provincias, igualmente con los interventores cuestionando el abuso de la contratación menor, hasta alcanzar un total de 1.225 millones de euros.

Cabe recordar que el contrato menor es una figura excepcional para situaciones de urgencia, que permite sortear los controles de fiscalización habitual, y adjudicar a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, siempre que el gasto no exceda de los umbrales fijados en la Ley de Contratos del Sector Público: hasta 15.000 euros para suministros; hasta 30.000 euros para prestaciones sanitarias y hasta 40.000 euros para obras.

En Cádiz se contabilizaban 135.767 facturas al año que suman 235,4 millones en contratos menores, la misma cifra de la que este lunes ha informado Podemos, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial del que informó este medio. La suma de 235,4 millones en contratos menores (135.767 facturas) supuso el 23,2% de los 1.014,8 millones gastados en esa provincia en 2021.

La denuncia de Podemos se interpuso en el juzgado de guardia de Sevilla, que derivó el asunto a las cuatro provincias afectadas, una de las cuales (Cádiz) ha abierto diligencias, pidiendo librar un oficio a la Intervención de la Junta a fin de que informe “sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo”. También solicita la jueza que se dé traslado al fiscal de delitos económicos para que interese las diligencias a practicar“.

Este periódico informó también de que el organismo auditor de la Junta elevó a la Consejería de Hacienda un informe de actuación en noviembre de 2022 sobre el fraccionamiento irregular de contratos millonarios en el SAS incumplir sus recomendaciones para que redujera el “fraccionamiento indebido”.

En la denuncia judicial se informó de los hechos que publicó pormenorizadamente este periódico, recogiendo que el órgano fiscalizador acusaba al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores –aunque en todos ellos el objeto de la prestación es “el mismo o similar”– con el fin de “disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva” y, en definitiva, “infringir la ley”.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros por un importe total de 1.791,2 millones de euros. Más de una cuarta parte de ellos –el 26,94% (458,3 millones)– fueron contratos menores, aunque en Huelva esta fórmula de adjudicación a dedo alcanzó el 46,49% del total.

“El PP y sus contactos”

La dirigente de Podemos en Andalucía ha considerado “muy grave” que el SAS “venga saltándose la ley” en este sentido y ha celebrado que el juzgado de Cádiz haya alertado de este “fraccionamiento masivo” de contratos, que supone “un despilfarro” en las arcas públicas “para beneficio de unos pocos” donde “el PP y sus contactos hacen de intermediarios” con “las empresas”. Podemos pretende ejercer la acusación popular, si bien en las otras tres provincias se denuncia ha corrido una suerte desigual: de Huelva aún no han obtenido respuesta mientras que juzgados de Córdoba y Jaén han instado a la formación a presentar sendas querellas criminales, que Podemos ha descartado al entender que no es la fórmula adecuada para este proceso.

Los cuatro informes de los auditores están plagados de ejemplos gráficos en el fraccionamiento irregular, siendo las grandes farmacéuticas las principales beneficiadas en volumen de gasto a través de contratos millonarios troceados cientos de veces para la adquisición de un mismo medicamento. En algunos casos, se contabiliza la firma de dos contratos menores al día –durante los 365 días del año– con la misma empresa y por el mismo concepto, multiplicando exponencialmente la factura inicial.

En el caso de Cádiz, que es la provincia donde se han abierto diligencias, la multinacional Pfizer adquirió a dedo “102 contratos menores de 15.191,96 euros” cada uno por un mismo fármaco –Enbrel 50mg– que en total sumaron 1,54 millones de euros.

Además, el SAS en Cádiz firmó 33 contratos menores con la empresa Laribar Industrial, S.L. para distintas reformas y mantenimiento del Hospital Punta de Europa de Algeciras, que en conjunto sumaron 205.820,45 euros; otros 34 contratos menores con la empresa Mantenimiento y Montajes Industrial, S.L. para distintas reparaciones y mantenimiento en el Hospital de la Línea que, factura a factura, suman a 287.701,27 euros.

El abuso de la contratación menor que denunciaron los interventores ha sido una constante en los servicios sanitarios desde hace décadas, no sólo en Andalucía. Las mismas auditorías en el SAS correspondientes a 2021 mencionan contratos menores concatenados, con las mismas empresas y por las mismas prestaciones, que se remontan a los años de gobiernos socialistas, siendo el más tardío del año 2012.