Detenido el presunto organizador de la fiesta de Torremolinos que prohibía el acceso a “maricones”
La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos a una persona vinculada a una fiesta que prohibía la entrada a “maricones” por un presunto delito de odio. Según ha informado la Policía, se trata del organizador del evento, inicialmente previsto para el 18 de enero, y cancelado tras el revuelo originado por una publicidad en la red social Instagram en la que se vetaba expresamente la presencia de homosexuales en el local. Se trata de un hombre de 38 años, que también se refería a los miembros del colectivo LGTBI como “enfermos” en varias publicaciones en Internet, según ha informado la Policía en una nota.
Los agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional en Torremolinos iniciaron de oficio la investigación, al entender que podía tratarse de un “ataque discriminatorio” contra el colectivo, trasladando después sus pesquisas a la Fiscalía Provincial. El pasado 14 de enero, el sospechoso fue detenido por su presunta responsabilidad en un delito de promoción/incitación pública al odio, siendo puesto a continuación en libertad con cargos tras tomársele declaración.
Hasta ahora se desconocía la identidad de los organizadores, amparados bajo el anonimato de una cuenta en Instagram llamada Casa Fatima Ino, desde donde anunciaba la fiesta como “Moroccan Luxury Club” (“club de lujo marroquí”). Nadie descolgaba el teléfono el pasado viernes, si bien el supuesto organizador se ratificó en la prohibición en conversación con Málaga Hoy: “Hay que tener sitios limpios”.
Tras la difusión del cartel, el pasado jueves, la alcaldesa Margarita del Cid (PP) publicó un post de respuesta en esa misma red social, anunciando su intención de prohibir el evento. “Los únicos que sobran son ellos”, escribió, refiriéndose a los organizadores, que a su vez le replicaron con mensajes privados insultantes “muy desagradables”, según un portavoz municipal. Esto motivó que la alcaldesa presentase denuncia el pasado viernes ante la Policía, tanto en representación del ayuntamiento, por un presunto delito de odio por razón de la orientación sexual, como por injurias a título particular, según informó el consistorio.
A la investigación policial se suma unas diligencias de investigación abiertas de oficio por la Fiscalía el pasado lunes. El Ministerio Público también ha recibido denuncias contra los organizadores de Facua y medio centenar de entidades LGTBIQ+. En esta última se apunta a la posible comisión de dos delitos: incitación al odio (510.1 del Código Penal) y lesión de la dignidad por motivos discriminatorios (510.2), cuya pena (que en conjunto pueden alcanzar los seis años de prisión) debería aplicarse en su mitad superior por haberse difundido el cartel a través de redes sociales, según esa denuncia.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó los hechos, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció la apertura de un expediente sancionador de la Ley 8/2017, que podría suponer una multa de hasta 60.000 euros.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
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