La Fiscalía investiga el anuncio que prohibía la entrada a “maricones” a una fiesta de Torremolinos

La Fiscalía Provincial de Málaga ha incoado diligencias para investigar posibles delitos en la publicidad difundida en Instagram por los promotores de una fiesta en Torremolinos en la que estos anunciaban que estaba prohibida la entrada a “maricones”. Fuentes del Ministerio Público explican que las diligencias se han abierto de oficio, aunque la Fiscalía ha recibido también la denuncia de medio centenar de asociaciones LGTBIQ, que se suma a al menos otra que Facua anunció el viernes, y a una denuncia interpuesta por el ayuntamiento de Torremolinos ante la Policía Nacional y por la alcaldesa, a título particular, por delito de odio e injurias contra ella. Si aprecia indicios de delito en sus diligencias (preprocesales), el fiscal remitirá el caso a un juzgado de instrucción.

La investigación de Fiscalía, aún en fase inicial, debe determinar ahora si existen indicios de delito en la publicidad en redes de un evento, previsto para el próximo 18 de enero (aunque carecía de autorización municipal) bajo el nombre “Moroccan Luxury Club” (club de lujo marroquí). El anuncio se insertó en la cuenta de Instagram de Casa Fatima Ino, que ahora es ya privada, y prohibía “peleas, drogas, gorras, chanclas, maricones”.

Hasta ahora se desconoce la identidad de las personas detrás de esa cuenta, desde la que se remitieron mensajes intimidatorios e insultantes contra la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, según ha denunciado ella misma. El promotor se ratificó en su intención de prohibir la entrada a homosexuales y anunció que si no podía hacerlo en Torremolinos la haría en Málaga. “Hay que tener sitios limpios”, espetó en declaraciones a Málaga Hoy.

Denuncia de las asociaciones: señalamiento como “perniciosas” e “indignas”

La denuncia de las asociaciones, a la que este medio ha tenido acceso, ha sido suscrita por 47 organizaciones y presentada ante la Fiscalía especializada en delitos de odio. En el escrito se señala que estas normas difundidas por la empresa a través de redes sociales, “suponen una indudable y proscrita discriminación por razón de la orientación sexual, real o percibida de las personas, que afecta, no solo a hombres homosexuales, sino que puede afectar a todas las personas que sean percibidas como tales”, y recuerda que el derecho de admisión no es absoluto ni puede basarse en una norma discriminatoria.

En el escrito se afirma que la publicidad atenta contra la dignidad de las personas LGTBIQ+ no solo por el mero hecho de prohibir la entrada a “maricones”, sino también al poner en plano de igualdad la homosexualidad con las peleas y las drogas. La distribución de esas normas a través de redes sociales aumenta la proyección pública del cartel y de su contenido discriminatorio, según la denuncia, firmada por la letrada y activista Charo Alises.

La denuncia subraya la “alarma social” provocada por el anuncio que ha afectado “gravemente a las personas LGTBIQ, pues supone un señalamiento de sus vidas como indignas y perniciosas”.

Según el escrito de las asociaciones, la conducta de los promotores de la fiesta puede ser constitutiva de un delito de incitación al odio recogido por el artículo 510.1 del Código Penal (castigado con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses) y de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios del 510.2 (prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses). Además, se pide que se aplique la horquilla de penas en su mitad superior, por haberse llevado a cabo por “a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información”, haciéndolos accesibles a un elevado número de personas (510.3 del Código Penal).  

“Al menos hemos conseguido que aquí no lo hagan”

El evento estaba convocado para el 18 de enero en una sala hasta ahora sin uso en la Calle Cruz llamada hasta ahora Teatro Feliz. Bajo un techado de apenas 50 metros cuadrados hay un subterráneo que llevaba preparándose varias semanas para alojar el evento, según explicó a este medio una trabajadora de una oficina cercana. Curiosamente, la salida de emergencia confluye con la salida trasera de la sede local de la Agencia Tributaria.

La difusión del cartel causó el pasado viernes una mezcla de repulsa y extrañeza en Torremolinos, donde la potente comunidad LGTBI no daba crédito. “¿Pero qué dicen? Algunas cabezas están muy mal…”, se cuestionaban tres chicos cerca de la Plaza de la Nogalera. Había incluso quien no se lo terminaba de creer. “Eso aquí no puede ser”. “Al menos hemos conseguido que aquí no lo hagan porque nos hemos echado todos encima”, explicaba una mujer junto al local en el que se iba a celebrar la fiesta.

Torremolinos es un municipio especialmente significativo para la comunidad LGTBI, que tiene aquí uno de sus principales destinos turísticos, una potente fiesta del Orgullo y unas profundas raíces históricas, con hitos de la lucha por la libertad sexual como el Pasaje Begoña, al que el franquismo puso fin con una brutal redada en 1971.

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos (PP), dio la voz de alarma el jueves por la noche, también en Instagram: “El odio y la homofobia no tienen cabida aquí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prohibir este evento y cualquier actividad de un club que fomente esta lamentable actitud. Los únicos que sobran son ellos”.

A partir de ahí, se originó una bola con reacciones, incluyendo la condena de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; asociaciones de consumidores como Facua o Asescon y decenas de asociaciones LGTBI de toda España. También la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía al amparo de la Ley 8/2017, que garantiza los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.

Esta ley recoge como infracción grave “utilizar o emitir, de forma reiterada, expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o a través de las redes sociales”.