La jueza del caso de la Santina 'queer' de Gijón primó la libertad de expresión en un ataque fascista a una sede de Podemos
La magistrada-jueza Ana López Pandiella, que investiga si la simulación de una procesión con una imagen de la Virgen de Covadonga 'queer' durante la manifestación del pasado 8M en Gijón es un delito de discriminación, enmarcó dentro de la libertad de expresión el procedimiento seguido en 2018 por los ataques a la sede de Podemos Gijón/Xixón con carteles y pasquines a favor del dictador Francisco Franco y del Valle de los Caídos.
Precisamente a la libertad de expresión alude la Agrupación Moza d'Asturies (AMA), organizadora de la simulación, para justificar la performance que sus integrantes hicieron de la Virgen de Covadonga a la que denominaron como“Queervadonga”.
Igualdad, antifascismo y derechos de personas LGTBIQ+
Lejos de retractarse, AMA ha anunciado que seguirá movilizándose en la calle con la figura de la Santina que las representa todas las veces que consideren necesario.
Sus portavoces, Raquel Díaz y Alba Cideres, suscribieron un comunicado donde se reafirmaban en la necesidad de seguir reivindicando los derechos de las mujeres y especialmente en un día como el 8M.
Para el colectivo juvenil, no solo no cometieron delito alguno, sino que se ratifican en que se trataba de un “gesto bonito que la Santina de 'Queervadonga' se apareciese por algo tan justo como es la igualdad entre hombres y mujeres, el antifascismo y los derechos de las personas LGTBIQ+”.
Denuncia por “escarnio y odio”
La Fundación Española Abogados Cristianos denunció a las integrantes de AMA por procesionar con una imagen de la Virgen de Covadonga 'queer' durante la manifestación del 8M en Gijón por un delito de “escarnio y odio”.
La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón y su titular, Ana López Pandiella, ha ordenado incoar diligencias de investigación para dirimir si hay o no responsabilidad penal en los hechos denunciados.
Su denuncia no ha sido la única, ya que la cofradía religiosa La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Asturias, que la ha admitido a trámite, por un delito de odio.
El oficio a la Policía
A juicio de la magistrada-jueza, los hechos denunciados por Abogados Cristianos presentan características que “hacen presumir la posible existencia de un delito de discriminación”, como consta en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias.
Admite la personación de Abogados Cristianos en el procedimiento para ejercer la acusación particular y solicita que se oficie a la Comisaría de Policía para que se practiquen gestiones encaminadas a identificar completamente a las denunciadas y a averiguar si “dichas personas denunciadas presentan características o circunstancias indicativas de la existencia de un móvil de odio”, expone.
Causas de calado político
A lo largo de su trayectoria profesional, la magistrada-jueza ha instruido varios procedimientos de gran calado político.
En abril de 2009 dejó el juzgado número 5 de Avilés que llevaba las causas de violencia de género para hacerse cargo del juzgado en Gijón que asumía esos procedimientos y desde su llegada a la villa de Jovellanos algunas de sus resoluciones judiciales han sido muy controvertidas y criticadas en numerosas ocasiones desde la izquierda asturiana.
El archivo de la denuncia de Podemos Xixón
Durante la etapa en la que ejercía como titular del juzgado de instrucción número 2 dictó el sobreseimiento y archivo de la denuncia interpuesta por Podemos Xixón cuando su sede apareció empapelada, el 18 de julio de 2018, con pasquines que aludían al dictador Francisco Franco.
La formación morada entendía que ese acto suponía “una agresión fascista” y, en aquella fecha, el entonces secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez del Fueyo, consideraba que el sobreseimiento y archivo de las diligencias “dan alas a la extrema derecha en nuestra ciudad”.
En aquella ocasión, la magistrada-jueza circunscribió la aparición de carteles en la sede de Podemos Xixón dentro de “la libertad de expresión que nuestra norma fundamental ampara y garantiza a todo ciudadano”.
Las críticas de la formación morada
Las valoraciones de la formación morada no se hicieron esperar. Censuró abiertamente que se utilizara el término de libertad de expresión para amparar a personas que, según explicó, “únicamente destilan odio hacia el progreso y una mirada retrógrada no contribuye a construir sociedad, ni ciudad”.
Fue un precedente que se vinculó al hecho de que poco después de que sobreseyera y archivara la denuncia de la formación morada, el 2 de agosto de 2018, la sede volviera a aparecer llena de carteles con alusiones al Valle de los Caídos y donde se acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser “un profanador de tumbas”.
El precedente de otro ataque
Los ataques no fueron un hecho aislado, como recogía elDiario.es en su edición del 3 de abril de 2021. Ese día la sede de Podemos Gijón apareció cubierta de carteles con insultos y amenazas como “corruptos”, “violentos”, “asesinos” o “pederastas”.
Otro ataque que llevó a la portavoz municipal de Podemos Xixón, Alejandra Tejón, a denunciar los hechos en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y a ponerlos en conocimiento de la opinión pública a través de la red social en aquella fecha denominada Twitter -actualmente X- y cuyos comentarios reproducimos a continuación.
La magistrada-jueza también ha participado en la instrucción de otras causas que han tenido una gran repercusión mediática en Asturias.
La instrucción del 'Caso Marea'
Así, por ejemplo, fue la instructora del denominado “caso Marea”, también conocido como “caso Renedo”, la mayor trama de corrupción registrada en la administración del Principado durante la etapa de gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces.
La investigación policial y judicial derivó en la condena del entonces consejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre; de su número 2, la directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras y jefa de compras de la Consejería, María Jesús Otero Rebollada; de la funcionaria Marta Renedo -que dio nombre también a la causa- y de los empresarios Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, de Almacenes Pumarín, y Víctor Manuel Muñiz Menéndez, de Igrafo.
La polémica por la competencia y la inhibición
El juzgado de Gijón inició la instrucción del procedimiento, pero no pudo concluirlo al ordenar la Audiencia Provincial de Asturias, en abril de 2011, a la magistrada-jueza que se inhibiera a favor de un juzgado de Oviedo.
Ana López Pandiella defendió que la competencia debía continuar en su juzgado, pero los magistrados de la Sección Octava fallaron a favor de los de la capital asturiana, tras estimar los cinco recursos presentados por los abogados y la Fiscalía.
Entre las razones que más peso tuvieron para fallar a favor de que la competencia en la instrucción fuera de la capital asturiana estaban las siguientes: al ser el territorio donde se produjo el delito de malversación de caudales públicos que era el que conllevaba la pena de cárcel mayor -ocho años-; además de ser el lugar donde tiene su sede la administración defraudada, el Principado, y donde se cometieron la mayor parte de los delitos.
Asimismo, destacaba que en Oviedo era la ciudad donde desempeñaban su trabajo tres de los principales acusados: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Marta Renedo.
La querella contra un edil del PP
Un mes después, en mayo de 2011, Ana López Pandiella dictaba otro auto que resultaba polémico para los socialistas gijoneses por el que sobreseía la querella por injurias y calumnias presentada contra el entonces edil gijonés del PP Manuel Pecharromán por el concejal y secretario general del PSOE, José Manuel Sariego, y su esposa.
Los términos en los que se expresaba el auto provocaron la inmediata réplica de la entonces alcaldesa de Gijón, la socialista Paz Fernández Felgueroso, abogada de profesión.
La réplica de Fernández Felgueroso
Para Fernández Felgueroso, la magistrada-jueza había vertido en su auto una afirmación “improcedente, infundada e injusta” al exponer que se habían realizado contratos en el Ayuntamiento de Gijón que “han beneficiado a miembros del Consistorio, familiares y amigos”, y planteaba que una resolución judicial no era el “lugar adecuado para hacer juicios morales o lanzar insinuaciones contra quien no tiene la oportunidad de defenderse o explicarse”.
El auto reflejaba que no resultaba injurioso sospechar, como hizo y publicitó Pecharromán, que hubiese una relación de beneficio para concejales del PSOE en las contrataciones municipales a la empresa Almacenes Pumarín, investigada en el “caso Renedo”.
También sostenía que era “de muy dudosa moralidad pública” la reiterada adjudicación de contratos a una firma en la que trabajaban familiares de concejales, ya que la esposa de Sariego era comercial de Almacenes Pumarín.
La desvinculación del Consistorio
“El auto de la juez Pandiella, pretendiéndolo o no, irrumpe como una bomba de relojería en la campaña electoral”, aseveraba Fernández Felgueroso.
“Nos sorprende que se insinúe, aunque sea de modo indirecto, que la ”operación Marea“ pueda afectar a la actividad administrativa del Ayuntamiento de Gijón, a sus concejales o empleados”, indicaba la entonces alcaldesa según se recoge en la hemeroteca periodística.
Además, recordaba que no había persona alguna vinculada al Ayuntamiento de Gijón que hubiera sido imputada o llamada a declarar en ese caso y que desde el juzgado mientras instruyó la causa tampoco se solicitó información al Consistorio.
El papa Francisco separó del estado clerical al 'Padre Chus' tras las primeras acusaciones de abusos de menores. La Audiencia Provincial condenó al exsacerdote a diez años de cárcel por proponer sexo a tres menores a cambio de dinero y droga en su domicilio de Gijón
El caso del 'Padre Chus'
En noviembre de 2021, siendo titular del juzgado de Primera Instancia Instrucción número 4 de Gijón, también dictó un auto por el que ratificó la prisión provisional del exsacerdote Jesús María Menéndez Suárez, conocido como el “Padre Chus”, tras su detención en su piso de Donato Argüelles.
Su juzgado abrió diligencias por delitos de corrupción de menores y contra la salud pública. En julio de 2024, la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, condenó al “Padre Chus”, de 72 años, a una pena de diez años de cárcel por proponer sexo a tres menores a cambio de dinero y droga en su domicilio de Gijón.
El Papa Francisco le había expulsado del estado clerical en 2015 por su presunta implicación en varios casos de abuso de menores, cargos de los que el excura siempre se ha declarado inocente en unas declaraciones a las que los tribunales de justicia no han dado credibilidad alguna.
Una de las últimas causas que han llegado al juzgado ha sido caso de la muerte de Luis María J.C., cuyo cadáver fue hallado hace diez años por unos montañeros en una cuneta, en pleno parque natural de Somiedo. Dos hermanos de la víctima están siendo investigados por los delitos de homicidio por omisión, prestaciones a la Seguridad Social en un supuesto agravado por haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de su pensión a lo largo de una década, falsedad documental y estafa
El misterio desvelado del cadáver hallado en Somiedo
Una de las últimas causas que han llegado al juzgado que instruye la magistrada-jueza Ana López Pandiella es el caso de la muerte de Luis María J.C., conocido como Luisín, cuyo cadáver fue hallado el 11 de enero de 2015 por unos montañeros en una cuneta junto al mirador de los Rebecos, en pleno parque natural del concejo asturiano de Somiedo.
El cuerpo presentaba grandes deformidades y se desconocía cualquier detalle de quién era y cómo había llegado su cuerpo sin vida a esa zona, sin que nadie lo hubiera reclamado.
Ahora, una década después del hallazgo del cadáver, se ha desvelado el misterio: las pruebas de huellas dactilares obtenidas en su día han ofrecido una “identificación positiva” de su filiación.
La fuga y la declaración
Los dos hermanos de Luisín, Enrique y Enriqueta, fueron detenidos en el País Vasco, adonde habrían huido al conocer que eran buscados por no haberse presentado ante los reiterados requerimientos remitidos a su domicilio para que comparecieran junto a Luisín para que los servicios sociales valoraran su estado y estar ilocalizables.
Eldiario.es Asturias publicaba, en su edición del pasado 12 de febrero, cómo ambos hermanos pasaban a disposición judicial y comparecían en el juzgado de instrucción número 4 de Gijón.
Actualmente el juzgado de la magistrada-jueza Ana López Pandiella les investiga por un delito de homicidio por omisión, otro delito de prestaciones a la Seguridad Social en un supuesto agravado por haber cobrado indebidamente alrededor de 300.000 euros de la pensión de su hermano a lo largo de estos diez años, y les imputa sendos delitos de falsedad documental y estafa.
0