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El Gobierno aprueba el reparto por ley de menores migrantes tras el acuerdo con Junts

Imagen de archivo del exterior del centro de acogida para menores migrantes de Valverde, en El Hierro. EFE/Gelmert Finol

Gabriela Sánchez

18 de marzo de 2025 08:22 h

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permite la creación del sistema obligatorio de reparto de menores migrantes en situaciones de emergencia como la que viven actualmente Canarias y Ceuta, tras el acuerdo alcanzado con Junts que garantiza su tramitación parlamentaria, según ha confirmado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Después de meses de negociaciones con distintas formaciones y un intento fallido de tramitación parlamentaria, ha salido adelante el mecanismo que, en la práctica, modificará la ley para sacar adelante un sistema de reparto que abre la puerta a que las comunidades que acojan a un número de menores que multiplique por tres su capacidad de acogida.

Según ha explicado Torres, las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial, tendrán la posibilidad de modificar dichos criterios y los requisitos del acuerdo si así lo dectaminan de forma unánime. “En tanto en cuanto se tiene acuerdo, si una comunidad autonoma, sea cual sea, multiplica por tres su capacidad ordinaria de acogida, esa región se podrá declarar ”en contingencia migratoria“. Esa comunidad trasladará su situación para que se activen los mecanismos marcados por este Real Decreto Ley”, ha explicado el ministro.

Para establecer el número de menores que tendrá que recibir cada autonomía, el real decreto marca como criterios la población, la tasa de paro, el esfuerzo en la acogida (establecido por la dimensión de las plazas creadas en los últimos años y la atención a menores etranjeros no acompañados), etc. En este sentido, el Gobierno da a las comunidades plazo hasta final de mes para que estas les trasladen los datos relativos a cada uno de dichos criterios, especialmente el número de menores extranjeros no acompañados alojan en la actualidad, así como las plazas estructurales que cada sistema de acogida tiene abiertas para este fin. Es en estos datos donde reside la clave que marcará la cuota de menores que tendrá que recibir ejecutivo regional, sin embargo, pues el Ejecutivo dice desconocer el dato actual. Hasta ahora, ha trabajado en base a una serie de proyecciones que sí evidencian una aproximación de cómo se aplicará el primer reparto de aproximadamente 4.400 menores desde Canarias y Ceuta, a la que ha accedido elDiario.es.

Dicha proyección apunta que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478), debido a ese esfuerzo previo realizado en la acogida. Mientras que otras como Catalunya (27), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos chavales tendrán que recibir.

El pacto también incluye una “compensación económica” para las comunidades que han tenido plazas por encima de la media de las que correspondían.

A inicios de febrero, el Ministerio de Infancia y el presidente canario pactaron una serie de criterios provisionales que en principio iban a tenerse en cuenta para calcular la cuota de menores migrantes que le correspondería acoger a cada comunidad autónoma, que serán similares a los acordados en 2022 por todas las comunidades autónomas, como la distribución de habitantes por territorio o el esfuerzo en la acogida realizado previamente por cada autonomía, por lo que ya entonces se preveía que las comunidades que más hubiesen acogido a un gran número de chavales en función de su población, les correspondería un menor número de traslados.Habrá

PP y Junts tumbaron la reforma en verano

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, había repetido en las últimas semanas su intención de acordar por ley “una redistribución de los menores que sea solidaria en el conjunto de las comunidades” para que lo que ocurrió en el verano del 2024 “no vuelva a suceder''. En julio de 2024, PP y Junts tumbaron en el Congreso la propuesta para reformar la Ley de Extranjería, que buscaba establecer un reparto obligatorio de los menores rescatados en Canarias por el resto de autonomías y mejorar su acogida.

En la actualidad, Canarias tutela a más de 5.500 niños y adolescentes en más de 80 dispositivos repartidos por todo el Archipiélago. Los responsables del Ejecutivo regional ya han reconocido que en muchos de ellos no se pueden garantizar los derechos fundamentales de los jóvenes.

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