Así será el reparto de 4.400 menores desde Canarias y Ceuta pactado por el Gobierno con Junts

Después de meses de negociaciones con distintas formaciones y un intento fallido de tramitación parlamentaria, el Gobierno ha aprobado la reforma de la Ley de Extranjería que crea un sistema de reparto obligatorio de menores desde cualquier comunidad que se declare en emergencia humanataria. El mecanismo, regulado en un real decreto, se aplicará por primera vez en 2025 para trasladar a aproximadamente 4.400 niños y adolescentes desde Canarias y Ceuta al resto de España.

Qué comunidades pueden pedirlo. No solo afecta a las comunidades que, por ubicación geográfica fronteriza con terceros países no comunitarios, suelen recibir más inmigración. Cualquier gobierno autonómico puede solicitar un traslado de menores a otros territorios de España si el número de chavales acogidos supera por tres su “capacidad ordinaria”. Esta situación es la que actualmente viven Canarias y Ceuta, por lo que el Gobierno planea cumplir con el traslado de aproximadamente 4.400 niños y adolescentes a lo largo de este año.

Criterios de reparto. El real decreto establece una serie de criterios que, tradicionalmente, ya se han aplicado en anteriores acuerdos voluntarios de distribución de menores, lo que varía es el peso que tendrá cada uno de ellos. Estos criterios son: la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el número de plazas de acogida creadas de forma estructural por las comunidades autónomas para alojar a adolescentes tutelados (10), la atención a los menores migrantes (6%), el hecho de que se trate de una ciudad fronteriza o una isla (2%) y la dispersión de la población (2%).

¿Cuántos menores acoge actualmente cada comunidad? El Gobierno no cuenta con esta cifra actualizada y, de hecho, el propio Real Decreto da de plazo hasta el 31 de marzo para que las comunidades autónomas aporten el número de menores acogidos y el “número de plazas estructurales” con las que cuenta el sistema. Solo entonces, en base a esos datos, que tendrán que estar certificados -dado que el Ejecutivo considera que las autonomías hinchan dichas cifras utilizando, por ejemplo, menores que ya han abandonado los centros o incluyendo plazas de emergencia no ordinarias, se establecerá la cuota de menores que albergará cada territorio.

La cuotas se desconocen, pero hay proyecciones. La primera vez que el decreto se active será para el traslado de 4.400 menores, de los que 4.000 saldrán de Canarias y 400 desde Ceuta. El Ejecutivo lleva meses trabajando con varias tablas de proyecciones en sus negociaciones con Junts, documentos con los que el Gobierno ha calculado provisionalmente cómo quedaría el reparto en base a las últimas cifras de las que disponen, que deben ser actualizadas con la información enviada por las autonomías. La última tabla de proyecciones, a la que ha accedido elDiario.es, evidencia en cifras el mayor peso que tendrá el “esfuerzo previo de acogida”. Dichos cálculos apuntan a que las regiones que más menores tendrán que recibir serán la Comunidad de Madrid (806), Andalucía (795) y Comunidad Valenciana (478). Mientras que otras como Catalunya (27), Baleares (59) y País Vasco (88), serán las que menos chavales alberguen debido a ese “esfuerzo previo” realizado en la acogida.

El Ejecutivo, sin embargo, no aporta la cifra de menores en la que se han basado para calcular las cuotas provisionales. Sin embargo, estos cupos provisionales reflejan las diferencias aproximadas que habrá entre las comunidades que más plazas estructurales hayan abierto para menores tutelados, y las que menos.

[Gráfico de Yuly Jara]

“Los datos son proyecciones de un estado de la situación. El Real Decreto Ley incluye un mandato para que las Comunidades Autónomas envíen ahora sus datos actualizados, para lo que tienen hasta el 31 de marzo”, explican fuentes gubernamentaes. “En cualquier caso, las proyecciones y el trabajo del real decreto responden, a unos criterios objetivos. Unos criterios que tienen que ver con reconocer la situación de cada territorio en términos económicos, poblacionales, de empleo... Y, también el esfuerzo ya realizado para adaptar su sistema de acogida”, detallan.

Financiación. La reforma garantiza la aprobación de un crédito extraordinario en 2025 con el que Hacienda financiará una parte de los costes derivados del traslado de menores, en este caso, desde Canarias y Ceuta. Las autonomías solo recibirán financiación para sufragar las plazas que deban crear por encima de un mínimo de espacio que el Gobierno asume que debe tener cada territorio, lo que denomina “capacidad ordinaria”. Es decir, el decreto creará un mecanismo para redefinir el sistema de acogida de menores, con la introducción de un mínimo de plazas de acogida de niños y adolescentes, como el que actualmente existe en otros ámbitos como, por ejemplo, el sanitario donde cada comunidad debe tener un número mínimo de camas de hospital.

Cómo se calcula la “acogida ordinaria” de cada comunidad. Si las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo de forma unánime para impulsar otra vía, el Gobierno calculará el número de plazas mínimas con de cada territorio con la siguiente fórmula: “La capacidad se obtendrá de dividir la población total de cada comunidad autónoma a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España a 31 de diciembre del año anterior entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español”. Para ello, el Ejecutivo se basará en la información actualizada presentada por las Comunidades Autónomas antes del 31 de marzo de 2025.

Esa cifra de plazas de “acogida ordinaria” será clave tanto para solicitar financiación del fondo extraordinario estatal como para, en caso de crisis humanitaria, justificar la saturación del sistema de acogida para pedir un nuevo traslado. Para que la ocupación presentada y el número de plazas estructurales se consideren válidos, los chavales acogidos deberán haber sido incluidos en el registro de menores de Interior y las plazas abiertas deberán haber sido certificadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.

¿Cómo se harán los traslados? Por el momento, en Canarias se empezará con los menores que lleguen al Archipiélago tras la activación del plan de reparto. Los niños y adolescentes que alcancen las islas serán trasladados a otras regiones en un plazo máximo de 15 días desde la inscripción del menor en el Registro de Menores no Acompañados. Lo harán, recalca el Ministerio de Política Territorial, ''cumpliendo todas las garantías''.

La situación de los menores en Canarias. En la actualidad, Canarias tutela a 5.800 niños y adolescentes que han llegado a las islas en pateras y cayucos. La red de acogida está formada por más de 80 centros, algunos de ellos abiertos por la vía de la emergencia y donde conviven hasta 300 jóvenes. Un informe de Amnistía Internacional publicado este martes advierte que el sistema de protección “ha fracasado”, después de que la entidad detectara en los recursos del Archipiélago casos de violencia de trabajadores a usuarios, castigos excesivos, errores en la identificación de los niños y fallos en la tramitación de su documentación.