El Tribunal de Cuentas ha vuelto a advertir al Ayuntamiento de Santander que Aqualia no puede cobrar los recibos del agua y alcantarillado a los vecinos porque es un ingreso tributario que no se puede gestionar externamente. Se trata de un aviso que la entidad fiscalizadora ya hizo al Consistorio hace diez años, en 2015, sin que desde entonces se haya corregido. Estos ingresos los sigue percibiendo directamente la empresa, que se encarga de la recaudación en periodo voluntario, “lo cual no se corresponde con la naturaleza de estos derechos de naturaleza tributaria”, especifica textualmente el informe, debiendo integrarse en la Tesorería municipal.
Así, el Tribunal vuelve a insistir en revisar los acuerdos en vigor con la empresa que presta el servicio de suministro de agua y alcantarillado para establecer un régimen de retribución que no implique ceder los ingresos por esas tasas. Una recomendación -recuerda- que ya figuraba recogida en el informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes sin órgano de control externo propio, como es el caso de Santander.
El Tribunal de Cuentas cuestiona también que la contabilidad y la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Santander no recogen el importe de los ingresos procedentes de las tasas por los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Estos datos no aparecen en las cuentas municipales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.
Privatización en 2006
El Servicio de Aguas de Santander se privatizó en marzo de 2006 mediante un contrato de gestión de los servicios públicos de suministro de agua y alcantarillado en el que se recoge, como prestación accesoria, el servicio de recaudación en periodo voluntario de la tasa de recogida de basuras. En este documento se autorizaba a la empresa contratista a realizar las tareas de ejecución y asistencia técnica necesarias, sin que impliquen ejercicio de autoridad.
Los ingresos de las tasas los percibe la empresa Aqualia y no se integran en la tesoría municipal, según consta en el informe, lo cual no se corresponde con la regulación de las ordenanzas fiscales correspondientes.
Problemas con las tarifas
La privatización de este servicio se produjo en puertas de unas elecciones y con una lluvia de millones que cayeron en las arcas municipales como consecuencia del fuerte canon inicial, 69,2 millones de euros, que Aqualia depositó para adjudicarse el control durante 25 años. Seis años después, en 2012, el equipo de gobierno de la ciudad, del Partido Popular, modificó sustancialmente el régimen tarifario por motivos medioambientales (reducir el consumo de agua) y para “ajustar el recibo del agua al consumo real y favorecer así a los que menos gastan”.
Transcurridos los años, se demostró que los ingresos de la concesionaria se dispararon gracias a esta decisión municipal mientras los consumos corrieron parejos debido a que fallaron los cálculos sobre incremento de población y por lo tanto de consumos que se hicieron antes de la crisis de 2008, compensando de este modo unos resultados económicos deficitarios en los primeros ejercicios.
No fue la única anomalía detectada con la Intervención municipal, que señaló en un informe hace unos años que Aqualia, en aquel momento, computara como gastos de la concesionaria cosas que a su entender no eran imputables. Dentro del concepto 'gastos de mantenimiento' se incluían algunos relativos a pago de personal y la incorporación del servicio al proyecto Smart City. Además, la Intervención consideró que el 5% que se estaba aplicando de recargo a los recibos impagados por los usuarios debería ser ingresado en las arcas municipales y no quedárselo Aqualia.